Barcelona modificará la norma de terrazas, que ve «chapucera»

Muchos barceloneses apuran estos días las que pueden ser sus últimas cañas a la fresca en su terraza de barrio favorita. Que esas mesas desaparezcan o no dependerá de la aplicación «por imperativo legal y con sentido común» que el nuevo equipo de gobierno haga de la norma este verano. De que sea más o menos permisivo. Y es que ayer la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, opinó que la ordenanza impulsada por el exalcalde Xavier Trias es una «chapuza» que precisará modificaciones, aunque descartó que estas puedan ser inminentes. Por contra, el sector del comercio cerró filas como nunca en su petición de la celebración de un pleno donde se suspendan de forma inmediata los dos artículos que obligan a reducir o eliminar hasta 2.200 de las 4.600 terrazas de la ciudad este mismo verano.

El Gremi de Restauració se alió, en un gesto inédito, con los representantes de la Fundació Barcelona Comerç, de Barcelona Oberta (ejes turísticos), de PIMEC y del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona para reclamar un pleno extraordinario que sirva para anular los artículos 10 y 11 de la ordenanza de terrazas (que estipulan las distancias que deben cumplir respecto a fachadas, pasos peatonales, calzadas...), con efecto urgente, encarando una posterior modificación de otros aspectos. Según el presidente de los restauradores, Pere Chias, la reducción sería un  enorme lastre justo en el momento «en que el consumo se recupera».

EN DISPUTA / El colectivo esgrime que la aplicación de la norma es discutible (ajena a la realidad de los distritos y vertebrada rígidamente desde el área de Urbanismo) y que sus consecuencias económicas son peores de lo que apunta cualquier previsión, ya que implicará el cierre de muchos negocios al perder hasta el 75% o incluso el 100% de sus mesas en la calle, como avanzó este diario hace dos semanas. Desde el comercio de barrio, Vicenç Gasca enfatizó que las terrazas «dan vida a los ejes comerciales y no se puede condenar a muchos bares a desaparecer». Y Miquel Àngel Fraile, secretario del Consell, defendió que con la temporada en marcha y planificada «ahora no toca» hacer limpieza, sino «tranquilizar al sector».

HERENCIA / La norma es un legado envenenado del mandato de Trias. En primavera, cuando en los despachos municipales se conoció el impacto que tendría la aplicación correspondiente a este año, CiU asumió que se podría ajustar el asunto de las distancias para evitar una escabechina, si así lo acordaba la mesa técnica creada con todas las partes. Pero con el triunfo de Ada Colau, el nuevo equipo de gobierno se encontró con una ordenanza vigente, que quería analizar con lupa,  y con el envío ya iniciado de comunicados a los miles de afectados por la reducción.

Según Sanz, se ven obligados a seguir un guion escrito. Su grupo no ha tenido reparos en aplicar una moratoria para los establecimientos turísticos ni tampoco para parar el plan especial de la Rambla pero con las terrazas la única salida que les queda es comenzar de cero. «Modificar la ordenanza es lo mismo que hacer una nueva», defendió ayer. Serían necesarios varios meses antes de la tramitación, de modo que este verano no podría pararse.

IMPARABLE / La concejala calificó la ordenanza aprobada por CiU y PP de «chapuza», pero dijo que el reglamento orgánico municipal (ROM) marca que el procedimiento «no se puede parar». Reveló que había pedido un informe jurídico nada más acceder al cargo para saber qué podía hacer, pero que la respuesta de la secretaría del ayuntamiento había sido tajante: para aplicar cambios hay que abrir de nuevo el proceso, hacer una aprobación inicial, dialogar con la oposición y el sector, resolver alegaciones otra vez y por último llevarlo otra vez al pleno para que se apruebe definitivamente.

Por contra, el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, aseguró haber consultado a tres gabinetes jurídicos la cuestión, con una misma respuesta: parar la aplicación es posible si en un plenario municipal se aprueba «la suspensión de determinados artículos y se les deja sin efecto». La maniobra no sería una modificación, resalta.

EN JAQUE / De esa pugna jurídica dependerá que este verano sobrevivan más o menos mesas y, por consiguiente, puestos de trabajo. Pero el debate es complejo, porque la normativa también persigue oxigenar zonas ahora saturadas de mesas, como reclamaban entidades vecinales. Solo que las zonas turísticas, con regulación especial pendiente, son precisamente las únicas ajenas aún al recorte. «Hemos llevado al conflicto a las terrazas que no eran conflictivas», dijo Pallarols.

Sanz sí anunció la convocatoria urgente de la comisión técnica de terrazas, a la que se incorporará la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), que por lógica primará la defensa del uso peatonal del espacio público en el debate. La teniente de alcalde evitó expresamente reconocer que su gobierno hará la vista gorda con las terrazas que no cumplan la normativa, pero sostuvo que aplicará «el sentido común y el equilibrio» en las próximas semanas.

MÁS DIÁLOGO / Algunos grupos de la oposición apostaron ayer por convocar el reclamado pleno extraordinario para tratar el asunto, como Ciutadans. Su portavoz, Paco Sierra, expuso que contactarán con los otros partidos con este objetivo. No obstante, en principio solo el PP estaría dispuesto a sumarse, a pesar de que sus votos en su día sirvieron para tirar adelante la norma. Su jefe de filas, Alberto Fernández, insistió en que Barcelona en Comú (BC) debía convocar la comisión técnica de terrazas e impulsar una moratoria.

El PSC, conciliador, aprovechó para cargar contra CiU. «Ahora sufrimos las consecuencias de dos años de ley de la selva y barra libre», describió el presidente del grupo, Jaume Collboni, que aconsejó al gobierno de Colau que dialogue con el sector y, en caso de no hacerlo, se reservó la posibilidad de sumarse a la petición de un pleno. Desde ERC recomendaron al gobierno que este verano sea laxo al aplicar la norma y que se ponga firme cara al otoño y las oportunas modificaciones.

INCORPORAR LA FAVB / En CiU, artífice de la controvertida regulación, mantuvieron que la ordenanza se aprobó con el consenso de todos y que las tres inspecciones realizadas de las terrazas fueron de acuerdo con el sector, que se responsabilizó de una de las revisiones por encargo del ayuntamiento. Y admiten que hubiera podido ajustarse antes de su implantación final.