Barcelona y Justícia negocian vincular el cierre de la Modelo con la compra municipal de la prisión de Trinitat por 8 millones

La reunión que el ‘conseller’ de Justícia, Carles Mundó, y la cuarta teniente de alcalde de Barcelona, Janet Sanz, han mantenido este viernes ha abierto una puerta a un acuerdo que permita acometer de una vez por todas el cierre de la cárcel Modelo. Mundó y Sanz han introducido una variante en el asunto cara a buscar beneficio para ambas administraciones: el inicio de la construcción del nuevo centro de preventivos en la Zona Franca estaría vinculado con la compra por parte del ayuntamiento del solar en el que ahora está el centro penitenciario abierto de Trinitat, que sería demolido. La adquisición se cerraría en cerca de 8 millones de euros. Si el acuerdo cuaja, el consistorio dedicará ese terreno a construir vivienda social, uno de los objetivos principales de Barcelona en Comú en este mandato.

Con los 8 millones que el ayuntamiento abonaría por el solar, Justícia empezaría a construir el centro de preventivos que permitiría caminar hacia el cierre de la Modelo, cuyo coste total se cifra en 81 millones. El 'conseller' de Justícia sostiene que el primer ladrillo de la nueva cárcel se vería en el 2017, tras el largo itinerario técnico y legal necesario antes de empezar la obra.

CONVENIO

El primer paso es la firma de un convenio entre ambas administraciones que llegaría después de la aprobación de la modificación de crédito municipal que en la práctica supone a Colau disponer de presupuesto para el 2016 con un añadido de 275 millones.

La negociación se enmarca en ese contexto, ya que desencallar la clausura de la Modelo es la condición que ERC impone a Barcelona en Comú a cambio de aprobar las cuentas.

EL CENTRO ABIERTO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO

El centro abierto que estaba en la Modelo y que hoy está parcialmente repartido entre Trinitat y Wad-Ras estaría en un solar anexo a la nueva cárcel de la Zona Franca, o en otro emplazamiento de la ciudad, pero en todo caso su construcción correspondería al ayuntamiento.

Las dos partes deben cerrar los flecos y confirmar el acuerdo. Mundó se ha mostrado optimista en declaraciones a este diario: “Nos lo hemos tomado muy en serio, tenemos ganas de encontrar una solución a esto”. La fórmula que se está negociando, ha añadido el 'conseller', supone “una solución para las dos administraciones en vivienda y servicios penitenciarios”.

Los pasos a seguir tras la firma del convenio son los que siguen: la cesión del solar municipal de la Zona Franca, de unos 20.000 metros cuadrados, para que la Generalitat construya la nueva cárcel (cesión sin contrapartida, como sucede en la construcción de las cárceles, según Justícia); redacción o modificación del proyecto arquitectónico; licitación de obras y concursos, e inicio de la obra, que no llegaría hasta el 2017.

Con este proyecto, el consistorio pagaría los 8 millones citados, pero obtendría el solar para vivienda social. De hecho, ERC incluso pedía menos a cambio de apoyar la modificación de crédito: apostaba por desencallar el cierre de la cárcel por la vía de elaborar el proyecto constructivo, lo que suponía un coste de 3,9 millones de euros, pero sin el gancho que supone para este equipo de gobierno avanzar en el objetivo de contar con 2.000 nuevas viviendas sociales cuando acabe el presente mandato, en el 2019.

EL VOTO DE LA CUP

La reunión entre Sanz y Mundó ha resultado lo suficientemente satisfactoria como para que el grupo de ERC en Barcelona vote a favor de la modificación de crédito, que el equipo de gobierno necesita como agua de mayo. Si nada se tuerce, esa votación se celebrará el próximo lunes 25 de abril en un pleno extraordinario convocado para tal efecto.

ERC ya pidió para la aprobación inicial de las cuentas 15 millones de euros para la llegada del metro a la Zona Franca. El PSC, a su vez, ha reclamado inversión para la reforma de la Ronda de Dalt, la de la Meridiana y la de la calle de Pere IV. El voto a favor de los socialistas también parece garantizado. Los socialistas se reservan para un segundo capítulo, el del pacto que prevé cerrar en breve con Barcelona en Comú para entrar en el gobierno municipal.

NEGOCIACIÓN POLÍTICA

BC y los socialistas abordarán la cuestión política cuando se haya solventado la presupuestaria. Los socialistas desean controlar áreas vinculadas con la promoción económica, el urbanismo y la cultura, y alguna otra parcela. La entrada del partido en el gobierno de Colau tiene su morbo, a la vista de que impera la teoría de que BC tiene opciones, e intenciones, de hacerse con el apoyo de los ciudadanos que años atrás lo prestaban al partido de los alcaldes Narcís Serra, Pasqual Maragall y Jordi Hereu. También es cierto que seguir en la oposición con cuatro concejales no parece una garantía de éxito futuro.

Colau logra, con el apoyo del PSC y ERC, sumar 20 votos de los 41 concejales del consistorio. Ya que todo apunta a que CiU, Ciutadans y el PP votarán en contra, a la alcaldesa le falta un voto positivo o una abstención. Se daba por hecho que sería de la CUP. Hasta que estalló el ‘caso Garganté’.

Entretanto, ERC se dispone a prestar apoyo externo al equipo de gobierno, con la previsible complejidad que supondrá que negocien casi tema por tema su respaldo, sin mezclarse en exceso con los socialistas.