Barcelona crea una unidad para detener los desahucios

Barcelona ha reforzado su estrategia municipal en el sector inmobiliario con la creación de un órgano específico para evitar los desalojos y combatir los déficits en el ámbito residencial que sufren sus ciudadanos. El ente, denominado Unidad contra la exclusión residencial (Ucer), tiene como prioridades evitar que los desahucios se hagan efectivos, asesorar a las familias afectadas y velar por la aplicación de la ley contra la emergencia habitacional, una de las prioridades del equipo de Ada Colau.

La teniente de alcalde de Derechos sociales, Laia Ortiz, ha presentado la unidad durante la celebración del Consejo de la vivienda social que ha acogido el Ayuntamiento de Barcelona, en el que instituciones, entidades y partidos comparten propuestas en materia inmobiliaria. Ortiz ha destacado que es un nuevo instrumento que permitirá a las autoridades actuar como  “interlocutores entre las familias” y el propietario del piso, coordinar el trabajo conjunto de los departamentos implicados (como servicios sociales y centros de urgencias) y cumplir con una tarea de “acompañamiento” a las víctimas en el caso de no poder evitar el desahucio.

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PERFILES VARIADOS

El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha destacado que la Ucer impondrá sanciones tanto a las entidades financieras que mantengan pisos vacíos como a todos los grandes propietarios que incumplan la obligación de ofrecer inmuebles de alquiler social. Para cumplir con tal fin, la unidad está integrada por 13 profesionales con perfiles variados, como abogados y personal relacionado con el sector de la construcción, en aras de cubrir todas las necesidades de intervención previstas.

Durante el consejo, se ha presentado el balance de actuaciones municipales en políticas de vivienda el 2015, con 158 viviendas adquiridas para ampliar la oferta pública inmobiliaria, la mayoría, en Ciutat Vella (112). El ayuntamiento ha invertido 17,3 millones para disponer de la titularidad de esos pisos, y ha destinado 10 millones para comprar inmuebles a un precio de unos 65.000 euros de media, “por debajo de los más de 100.000 que cuestan en el mercado y disponibles mucho antes” para poder atender a las emergencias sociales, ha destacado Montaner.

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