Barcelona en el 2018: 17 meses de larga cuenta atrás

En un año 2017 tan sobrecargado de jornadas dramáticas, tres noticias de trascendencia comparativamente menor durante este mes de diciembre quizás hayan señalado algunos indicios de por dónde discurrirá el 2018 en Barcelona. El pacto con el gremio de restauración de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para aprobar una ordenanza más laxa de lo previsto con las terrazas en la vía pública. El aumento en 25 céntimos de la tarjeta T-1 del transporte público integrado. La reposición, en la fachada de la plaza de Sant Jaume, del lazo amarillo en defensa de los políticos presos.

La recuperación del gesto de apoyo a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn, acordada por el Gobierno municipal con los grupos municipales de Esquerra y PDeCAT, es una muestra de las iniciativas que un Gobierno aún más en minoría tras la ruptura del pacto con el PSC seguramente deberá prodigar durante los 17 meses de cuenta atrás hasta las elecciones municipales de mayo del 2019, con una agenda marcada más por lo que suceda en el Parlament y la acera contraria de la plaza de Sant Jaume que de las propias dinámicas municipales. Y no será en absoluto fácil: si el divorcio pre-21D con los socialistas quería ser un guiño al electorado fronterizo entre los Comuns y el independentismo, los resultados de las autonómicas han dibujado un panorama inquietante: de los dos hábitats electoralmente propicios a Colau, en los centros históricos de cada distrito parte de su base electoral se ha deslizado hacia ERC y en los barrios de voto obrero tradicional un electorado que difícilmente estará cómodo con según qué concesiones se ha pasado en masa a Ciutadans. Un desafío que deberán encara la mayoría de alcaldes socialistas de área metropolitana.

Presupuestos por aprobar

La imposibilidad de mantener la congelación de las tarifas del transporte público se ha debido, es cierto, al escaso compromiso del Gobierno central. Pero también a las limitaciones de maniobra de un gobierno municipal en minoría para aprobar unos presupuestos: aquí la cuenta atrás para conseguir apoyos para los cuentas del 2018, o aprobarlas expeditivamente vía moción de confianza, ya no es de meses, sino de semanas.

La manga ancha con las terrazas parece un síntoma de un cambio de ciclo: las reticencias a las consecuencias del modelo de explotación intensiva del turismo que Colau supo representar se suman ahora a la inquietud por un posible frenazo de su afluencia, más por la imagen de conflictividad política del país que por los efectos del atentado de las Rambles. La evolución del mercado turístico internacional dirá si los miedos se confirman: pero, salvo catástrofe absoluta, difícilmente preocuparán más a los barceloneses que la continua, sostenida e implacable presión sobre los vecinos a quienes les van venciendo sus contratos de alquiler. La tormenta perfecta de la irrupción de inversores inmobiliarios internacionales, alojamientos turísticos irregulares, comercio orientado al turismo y ocupación de los ejes comerciales por grandes cadenas hace que una de las palabras acuñadas como neologismo del año, la gentrificación, se quede corta como concepto para referirse al proceso de expulsión vecinal.

Nuevo Sant Antoni

Este año dificílmente será el de un paso adelante en el tranvía de la Diagonal. Sí debe ser, indefectiblemente, el del desbloqueo de la plaza de las Glòries. El del goteo de medidas para disuadir el uso del vehículo privado. El de la primera multiconsulta en un mandato que se presentaba bajo la consigna de la participación. Y el de la puesta de largo del barrio de Sant Antoni tras la inauguración del mercado reformado y la peatonalización del entorno. Si este nuevo Sant Antoni sirve a los intereses de sus vecinos o supone un acicate para el galopante proceso de gentrificación será otra prueba de las limitaciones de los instrumentos clásicos de la intervención urbanística para surfear en las mareas del mercado.