Barcelona ve como una "tomadura de pelo" la tregua propuesta por Airbnb sobre los pisos turísticos

La plataforma más potente de alquiler de pisos y habitaciones por días para turistas, Airbnb, ha movido ficha en el pulso que mantiene con el Ayuntamiento de Barcelona proponiendo a las administraciones catalanas diversas medidas para “ayudar a resolver las preocupaciones sobre la concentración de alojamientos”. Entre ellas, limitar a “uno por anfitrión” los anuncios de viviendas turísticas de Ciutat Vella en su portal o facilitar el pago de la tasa turística. Pero sus sugerencias han sido recibidas como “una tomadura de pelo” y un “insulto” por el consistorio, que lamenta que la oferta no aluda a cortar el grifo a publicitar viviendas que no cuenten con licencia turística.

Ese es el único quid de la cuestión para el concejal de Turismo, Agustí Colom, que considera las propuestas “confusas” y advierte de que las sanciones en curso pueden engordarse por reincidencia (una de 30.000 ya fue impuesta y recurrida y un expediente abierto puede acabar con el máximo de 600.000 euros previsto). “No se puede publicitar un piso sin un número de inscripción” (ilegal), ha reiterado el edil, que considera que la normativa local es totalmente clara al respecto.

{"zeta-legacy-despiece-vertical":{"title":"La plataforma Airbnb ha informado que a principios de este a\u00f1o contaba con 11.000 anfitriones activos en Barcelona, que suman 20.000 anuncios (m\u00e1s de 4.000 en Ciutat Vella). M\u00e1s de la mitad (52%) son pisos completos, mientras siguen creciendo las\u00a0habitaciones por d\u00edas en hogares\u00a0particulares. Se calcula que de media cada anfitri\u00f3n (de una media de 38 a\u00f1os)\u00a0recauda 5.300 euros anuales, por unas\u00a064 noches de ocupaci\u00f3n. En paralelo, 364.000 barceloneses usaron Airbnb en el 2016 para viajar, con un aumento del 68%.\u00a0","text":null}}

Con igual contundencia ha reaccionado la concejala de Ciutat Vella, Gala Pin, via Twitter, al considerar las medidas anunciadas por Airbnb como “un insulto”. También ella las ha calificado de “tomadura de pelo” para la ciudad. Como avanzó EL PERIÓDICO el pasado día 13, solo 2.766 de los anuncios de pisos barceloneses publicitados en su web en diciembre eran legales, frente a 4.124 que no.

CARTA A LAS ADMINISTRACIONES

La iniciativa de la plataforma, presentada a bombo y platillo como “plan para contribuir y hacer de Barcelona una ciudad mejor” y notificada por carta a ayuntamiento y Generalitat, se basa en limitar (con un sistema automático) a uno por anfitrión los anuncios de pisos enteros o casas del distrito central. Para insertar más de uno habrá que ser profesional y publicar el contacto de la empresa, ha explicado su director general para España y Portugal, Arnaldo Muñoz. La pretensión es hacer más transparente la oferta, pero para el ayuntamiento es irrelevante porque “la ilegalidad no se mide” en número de pisos ilegales, sino que hay que erradicar cualquier reclamo sin licencia, mantiene Colom.

Airbnb también propone facilitar el pago de la tasa turística desde la plataforma (como en otras ciudades), identificar a quienes comparten su hogar y vehicular las quejas de vecinos por molestias en alguno de sus pisos turísticos. Balas de fogueo para Colom, que insiste en que otros operadores han retirado las viviendas sin licencia, mientras este mantiene un 60% de su cuota sin número de registro.

Muñoz ha defendido sus medidas para "hacer más sostenible" el turismo en la ciudad y ayudar a paliar la falta de vivienda convencional en Ciutat Vella. Pero el ayuntamiento enfatiza que el problema es a nivel de ciudad y no de distrito.

REACCIONES

El paso de la plataforma ha sido visto con buenos ojos por la patronal Apartur, que aplaude que se ponga en valor la gestión de las agencias profesionales y se paguen los correspondientes impuestos, y por Ciutadans, que lo ve un buen gesto merecedor de que se reconsidere la política de sanciones y se pase a la "cooperación". En cambio, ERC ha aprovechado para reinvidicar más mano dura contra la ilegalidad y CiU ha pedido a Colau que dialogue manteniendo el cumplimiento de la ley, ya que los tribunales de momento están decidiendo en favor de los recursos de los operadores.