REGULACIÓN MUNICIPAL

Colau maniobra para taponar una grieta legal por la que podrían colarse más pisos turísticos

Una turista se dispone a entrar en el piso turístico alquilado, el pasado abril.

Una turista se dispone a entrar en el piso turístico alquilado, el pasado abril. / FERRAN SENDRA

CRISTINA SAVALL / BARCELONA

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Solo el PP votó en contra del Plan Especial Urbanístico de pisos turísticos que el área de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona ha llevado este miércoles de manera urgente a la comisión municipal. CiU, Ciutadans, ERC y CUP han reservado su voto para el próximo plenario, que se celebrará el 1 de abril. Esta incertidumbre lleva al gobierno municipal a una encrucijada, ya que el 3 de mayo finaliza la moratoria que en el 2014 dictó el exalcalde convergente Xavier Trias. Y si no se aprueba antes el plan, Ada Colau teme un alud de peticiones de nuevas licencias que no contemplarán los cambios que se preparan para el controvertido plan especial urbanístico de alojamiento turístico (PEUAT), que se prevé aprobar definitivamente en julio tras el periodo de exposición.

Así, que si no hay consenso consenso, desde mayo hasta julio se generará un vacío legal y las licencias podrán pedirse en pisos con vecinos, justo lo que quiere evitar el ayuntamiento. El PEUAT, que no tendrá vigencia hasta julio, ya especifica que solo se podrán ubicar en lugares de uso comercial o de oficinas, que es uno de los puntos más criticados por los empresarios de alojamientos turísticos. Otras cuestiones polémicas son que el parque de estas viviendas no puede superar las 9.706 actuales y que si hay bajas, las nuevas licencias para cubrirlas deberán instalarse en zonas urbanas alejadas del centro. El plan que quiere aprobar ahora con urgencia el ayuntamiento tendrá una efectividad transitoria, ya que quedará anulado cuando se apruebe definitivamente el PEUAT.

"CHAPUZA JURÍDICA"

El gobierno busca congelar este número màximo de viviendas de uso turístico en su mandato para garantizar la coherencia de su programa de "defensa del bienestar, el descanso y la buena convivencia", enumera la teniente de alcalde Janet Sanz, de Barcelona en Comú, que reconoce que el ayuntamiento se ha quedado sin control, "sin herramientas jurídicas antes de que se apruebe el PEUAT".

Por ello, su propuesta es recurrir al plan especial urbanístico que presentó Trias, pero que en el 2015 no llegó a aprobarse definitivamente. La disconformidad ha ido a más por que el actual gobierno local ha introducido cambios, como el de no otorgar licencias en pisos con vecinos. Ello ha llevado a Jordi Martí, de CiU, y a Koldo Blanco, de Ciutadans, a calificar de "chapuza jurídica" la propuesta que tachan de "demasiado prohibicionista". La mayoría de grupos pidieron un informe jurídico más amplio para evitar posibles represalias en los tribunales. "Tenemos dudas razonables sobre la convenencia de los cambios introducidos al plan que elaboró Trias", argumenta Martí. 

Daniel Mòdol, portavoz del PSC, fue el único que mantuvo un tono conciliador con la propuesta de Barcelona en Comú. "Este equipo de gobierno no es responsable. El problema de los pisos turísticos deriva del mandato anterior".