Badalona lleva a FCC a la Fiscalía por un presunto fraude de 12,8 millones de euros

Badalona también anuncia irregularidades en la gestión de residuos por parte de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)BadalonaFomento de Construcciones y Contratas (FCC), como ya hizo el gobierno de Barcelona la semana pasada. Dolors Sabater, alcaldesa de Badalona, ha anunciado este lunes que la auditoría sobre el contrato de limpieza y recogida de basuras que realiza esta empresa ha detectado un presunto fraude de 12,8 millones de euros, por lo que llevarán el informe a la Fiscalía. Según el consistorio, la auditoría encargada por el ayuntamiento en noviembre ha descubierto "graves irregularidades en facturaciones no conformes a los pliegos de condiciones". 

También ha encontrado "imputaciones de costes sin haber prestado el servicio, infradimensionamiento del servicio de recogida de residuos, incremento del precio unitario de la oferta y doble facturación de costes". El informe concluye que FCC, adjudicataria del contrato desde el 2010, podría haber incumplido las obligaciones de prestación de determinados servicios y que además se habrían dado unos importantes sobrecostes para el ayuntamiento. Según el concejal de Espacios Públicos y Movilidad, Francesc Duran, "esto se hubiera podido evitar en el anterior mandato con una dotación de recursos humanos adecuada en el Área de Espacios Públicos y Movilidad para garantizar la aplicación de los mecanismos de control previstos en el contrato".

Barcelona investiga un posible fraude de FCC en el servicio de recogida de basuras

El volumen de trabajo hizo que el estudio se centrara en el contrato más grande, el de limpieza viaria y recogida de residuos, que también es uno de los servicios "más sensibles" de cara a la ciudadanía, según la alcaldesa. Ante las conclusiones de la auditoría, Sabater ha anunciado que acudirá a la fiscalía "para que emprenda las acciones pertinentes".

MAQUINARIA FICTICIA

La auditoría cifra en 4,5 millones de euros la facturación hecha por FCC al consistorio que no está conforme a los pliegos ni a la ley de contratos del sector público, de los que 3,46 millones son por aplicar una revisión de precios al alza en conceptos prohibidos por la ley, como mano de obra, gastos financieros, gastos generales o beneficio industrial.

El informe asegura que la contratista ha facturado 3,5 millones de servicios que no ha prestado, como inversiones no realizadas, sobredimensionamientos ficticios de maquinaria, servicios de limpieza de contenedores en invierno no solicitados y costes fijos de mantenimiento no prestados y seguros de vehículos no utilizados.