El sector de la baliza V16 conectada denuncia "inseguridad jurídica" y falta de claridad institucional

Los principales fabricantes de dispositivos de señalización de emergencia en España han unido sus voces para mostrar una "profunda preocupación" ante la deriva informativa y normativa que rodea a la baliza V16 conectada. 

El Grupo de Trabajo Sector V16 Conectada, integrado por las empresas Netun Solutions, Atressa, Distribuciones Escudero Fijo, Turisport, Erum Vial, Hella, Osram y Onexus Geo, ha emitido un manifiesto en el que analiza el complejo escenario que afrontan los conductores y la industria tras la entrada en vigor de la obligatoriedad del dispositivo el pasado 1 de enero.

Un parque móvil en situación de "ilegalidad inconsciente"

Según los datos manejados por el sector, más del 50% de los vehículos en España no cumple actualmente con la normativa vigente. El grupo subraya que millones de conductores desconocen qué dispositivo es el válido o cómo deben actuar en caso de avería, una situación que califican de "ilegalidad inconsciente" provocada por la ausencia de pedagogía institucional.

El sector vincula directamente esta desinformación con el repunte de atropellos en carretera. Advierten que el uso incorrecto de las comunicaciones asociadas a la solución y la coexistencia de dispositivos no conectados están comprometiendo la eficacia de una herramienta diseñada, precisamente, para evitar que el conductor tenga que abandonar el vehículo.

Exigencia de despolitización y rigor normativo

Uno de los puntos más críticos del manifiesto es la llamada a la despolitización de la seguridad vial. El Grupo de Trabajo recuerda que el marco regulatorio de la V16 conectada ha sido un proceso técnico y legal de largo recorrido, iniciado en 2014 y consolidado a través de los Reales Decretos 159/2021 y 1030/2022 bajo diferentes administraciones.

Para los fabricantes, convertir una medida de seguridad en un "elemento de confrontación política" es una irresponsabilidad que distorsiona la finalidad del dispositivo: salvar vidas.

El impacto en la industria española

Más allá de la seguridad vial, el comunicado pone el foco en el daño económico y estratégico. Las empresas del grupo recalcan que han realizado inversiones millonarias en innovación, producción y desarrollo tecnológico bajo un marco normativo que ahora perciben como inestable debido a interpretaciones contradictorias sobre las sanciones.

Para el sector, la claridad no es solo una cuestión de tráfico, sino de supervivencia industrial. Exigen un entorno previsible que proteja el empleo y la competitividad de una tecnología con sello español que está siendo mirada con interés por el resto de Europa.

Desde el Grupo de Trabajo demandan lo siguiente: 

1. Campañas de información: Ejecución de acciones de comunicación rigurosas y sostenidas que expliquen al ciudadano el fin de la obligatoriedad.
2. Compromiso institucional: Un respaldo firme a la normativa que se aleje de intereses partidistas.
3. Claridad en el régimen sancionador: Una postura oficial homogénea sobre las obligaciones reales de los conductores para eliminar la confusión actual.

El manifiesto concluye con una advertencia clara: la seguridad vial no admite improvisaciones. El Grupo de Trabajo insta a las autoridades a restaurar la confianza en la normativa para proteger tanto al consumidor como a una industria nacional que ha apostado por la vanguardia tecnológica en carretera.