No faltan cargadores, falta agilizar los trámites administrativos: los operadores se quejan en el Congreso y piden soluciones

Mientras el coche eléctrico sigue ganando mercado, en el Congreso de los Diputados se ha puesto sobre la mesa un problema clave para la consolidación de estos motores: la infraestructura de recarga no está creciendo al ritmo que necesita el usuario.

La advertencia llega de la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU), que agrupa a empresas como Tesla, Fastned o Zunder. Todas ellas ya han invertido de forma significativa en España, en concreto, unos 150 millones de euros; pero coinciden en un diagnóstico claro: el problema no es la tecnología, sino el sistema.

Hay cargadores, pero no llegan a tiempo

Uno de los datos más relevantes es que poner en marcha un punto de recarga puede tardar hasta 36 meses. No se debe a limitaciones tecnológicas, porque ya existen sistemas capaces de recargar un vehículo en menos de 20 minutos, sino a trámites administrativos lentos, dificultades para conectarse a la red eléctrica y falta de coordinación entre administraciones.

En la práctica, esto significa que hay ubicaciones donde los cargadores están previstos o incluso instalados, pero no operativos. Se suma que, pese a que la red de recarga ha crecido en los últimos años, no siempre lo ha hecho en los lugares indicados ni con la capilaridad que el usuario necesita. Y esto mantiene la incertidumbre que sienten los usuarios a la hora de cargar.

En este contexto, la AORU presentó el manifiesto Charging4Impact, que recoge varias medidas para acelerar el despliegue de infraestructura y algunas benefician directamente al usuario:

• Plazos obligatorios para nuevas conexiones: las distribuidoras eléctricas deberían responder en un máximo de 30 días, lo que permitiría acelerar la entrada en funcionamiento de nuevos puntos de recarga.
• Mayor transparencia sobre la red: se propone la publicación de mapas detallados sobre la capacidad real de la red eléctrica. Esto facilitaría una mejor planificación de rutas y un uso más eficiente de las aplicaciones de recarga.
• Simplificación de trámites municipales: se plantea agilizar licencias y establecer mecanismos automáticos en caso de falta de respuesta administrativa para favorecer el despliegue de puntos de recarga en entornos urbanos.
• Fin de las denegaciones sin justificación: las negativas a nuevos puntos de recarga deberían ir acompañadas de explicaciones claras y alternativas viables para reducir el número de proyectos bloqueados.

Reducir la dependencia del petróleo

El debate sobre las soluciones para la red de recarga no se basa solo en el impulso al coche eléctrico per se, si no que apunta también al contexto energético internacional. Mientras que España destina en torno a 40.000 millones de euros anuales a la importación de petróleo y gas, la electrificación del transporte se plantea también como una cuestión para reducir la dependencia energética, algo que pasa por el aprovechamiento de las energías renovables y que acaba con una mejora del poder adquisitivo de los ciudadanos a medio plazo.