Un juez tumba la retirada del carné por motivos de salud mental

La Justicia ha corregido la actuación de la Dirección General de Tráfico (DGT) en un caso que pone el foco en cómo se valoran las condiciones de salud mental en procedimientos administrativos. Un juzgado de Málaga ha declarado nula la retirada del carné a un conductor al considerar que se basó en un informe insuficiente y sin una evaluación directa.

La sentencia concluye que la Administración no motivó adecuadamente su decisión y vulneró las garantías del afectado. Tras el fallo, el conductor ha recuperado su permiso, aunque deberá someterse a controles médicos periódicos que tengan en cuenta su evolución clínica.

Sin revisión presencial

El origen del caso se remonta a 2021, cuando el afectado solicitó renovar su carné. Llevaba más de una década haciéndolo sin problemas y con seguimiento médico continuado, pero en esta ocasión la Jefatura de Tráfico no solo rechazó la renovación, sino que retiró el permiso.

La decisión se apoyó en un informe médico que lo calificaba como “no apto” por padecer supuestas afecciones irreversibles. Sin embargo, ese dictamen se realizó sin entrevista personal ni exploración, algo que la jueza considera clave en su resolución.

Durante el juicio, varios profesionales sanitarios que habían tratado al paciente durante años coincidieron en que su estado era estable y compatible con la conducción, lo que evidenció la falta de coherencia en la decisión administrativa.

Una decisión “injustificada”

La magistrada fue especialmente crítica con la actuación de la Administración, a la que calificó de “arbitraria” e “inmotivada”. En su fallo, subraya que no se explicó por qué se dio más peso a un informe breve frente a evaluaciones médicas prolongadas en el tiempo.

Además, insiste en que este tipo de decisiones deben analizarse de forma individualizada, teniendo en cuenta el historial completo del paciente y no aplicando criterios genéricos sin respaldo clínico suficiente.

Consecuencias personales y laborales

La retirada del carné tuvo un impacto directo en la vida del afectado. Al no poder desplazarse, perdió su empleo y vio alterada su rutina diaria, lo que afectó también a su autonomía.

Durante el proceso judicial se puso de manifiesto que esta situación agravó su estado de salud, llegando incluso a requerir ingresos hospitalarios. La sentencia abre ahora la puerta a que pueda reclamar una compensación económica por los daños sufridos durante estos años.

Debate sobre prejuicios

El caso ha reavivado el debate sobre el estigma en torno a la salud mental. Entidades del sector han valorado positivamente la resolución, al considerar que supone un paso importante frente a decisiones basadas en prejuicios.

Desde estas organizaciones reclaman mayor formación dentro de la Administración para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Además, el fallo incluye la condena en costas a la Administración, con un límite fijado en 300 euros, lo que refuerza el reproche judicial a su actuación.