Normativa
Un millón de motos en el limbo legal por el etiquetado ambiental
ANESDOR denuncia que la Ley de Movilidad Sostenible olvida a la moto y deja sin etiqueta adecuada a los vehículos Euro 5 y Euro 5+

El problema del etiquetado de las motos afecta a muchos conductores. / .
Más de un millón de motocicletas y ciclomotores en España están atrapados en un vacío legal. No es un problema mecánico ni una cuestión de homologación europea. El conflicto es, simplemente, una etiqueta.
Pero no una cualquiera: se trata del distintivo ambiental de la DGT, ese adhesivo que clasifica los vehículos según sus emisiones y que desde hace años condiciona el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en muchas ciudades españolas. La polémica está servida y ANESDOR, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, ha alzado la voz con firmeza.
El pasado 14 de noviembre de 2025, ANESDOR hacía pública su indignación tras la aprobación en el Congreso de la nueva Ley de Movilidad Sostenible. Esta normativa, que debería servir como hoja de ruta hacia una movilidad más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, se ha olvidado de un actor clave en las ciudades: la moto. Pero no solo de palabra, también de hecho. Y es que en el proceso legislativo se eliminó la obligación de revisar el sistema de etiquetado ambiental de la DGT, algo que ANESDOR y buena parte del sector venían reclamando desde hace tiempo.
La etiqueta Eco, inexistente
El origen del conflicto se remonta al propio sistema de etiquetas, en vigor desde hace años y diseñado inicialmente para coches y furgonetas. Desde entonces, se han producido avances en las normativas de emisiones para vehículos de dos ruedas —las conocidas como Euro 5 y Euro 5+—, pero la regulación estatal no ha sido actualizada para reconocer estas nuevas etapas. El resultado es tan absurdo como preocupante: motos con motores modernos, eficientes y con emisiones comparables a las de vehículos Eco, siguen recibiendo una etiqueta C, o peor aún, ninguna.
“Hoy por hoy la etiqueta ECO en motos está desierta”, afirma con rotundidad José María Riaño, secretario general de ANESDOR. Y añade: “Desde el sector de la moto y el vehículo ligero solicitamos de una vez por todas una solución para más de un millón de ciudadanos que se encuentran en vacío legal. No pedimos una rectificación de todo el sistema de etiquetado ambiental, pero sí un ajuste que incluya a todos los vehículos Euro 5 y Euro 5+ y dé seguridad jurídica a todas estas personas”.

Etiquetas de la DGT / Carlos Perez
El agravio va más allá del simple distintivo. Las consecuencias prácticas son claras: en muchas ciudades, las motos Euro 5 y Euro 5+ no pueden beneficiarse de los mismos derechos que otros vehículos con emisiones similares o incluso mayores. Quedan fuera de las políticas de incentivo, ven restringido su acceso a zonas urbanas en nombre del medio ambiente y sufren una discriminación sin base legal. “Este error en la asignación de etiquetas conlleva que tanto la regulación de las ZBE como las diferentes políticas de incentivos discriminen a la moto y al vehículo ligero”, subraya ANESDOR en su comunicado.
La moto, la gran "olvidada"
Resulta especialmente paradójico si se considera que la moto es, por definición, uno de los vehículos más sostenibles en entornos urbanos. Menor consumo, menos emisiones, ocupación reducida del espacio público y una capacidad innata para descongestionar el tráfico convierten a las motocicletas en aliadas naturales de una movilidad eficiente. A pesar de ello, siguen siendo ignoradas por las administraciones. “La moto continúa siendo la gran olvidada”, sentencia ANESDOR.
La asociación denuncia que la Ley de Movilidad Sostenible no dedica ni un solo capítulo a las particularidades de los vehículos de dos ruedas. Una omisión que, en palabras de Riaño, “pone de relieve la discriminación que estos vehículos y sus usuarios sufren por parte de las administraciones”. Y es que, si bien las ciudades buscan desesperadamente alternativas a la saturación del tráfico y la contaminación, parecen pasar por alto a un actor que podría ser parte importante de la solución.
La solución, "sencilla"
La solución, según ANESDOR, es relativamente sencilla y está al alcance del Gobierno. Se trata de actualizar el Real Decreto que regula las etiquetas ambientales, incorporando las fases Euro 5 y Euro 5+ para la categoría L, que incluye ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuadriciclos. De hecho, no se han producido nuevas fases Euro para turismos desde la entrada en vigor de la normativa, pero sí para motos, lo que deja aún más en evidencia el desfase del sistema actual.
A nivel técnico, los vehículos Euro 5 y Euro 5+ presentan niveles de emisiones que les permitirían, según la lógica del sistema actual, recibir la etiqueta ECO, especialmente si se comparan con los coches híbridos o microhíbridos que sí la portan. Sin embargo, la legislación no contempla esta posibilidad, y el resultado es una clara desigualdad de trato. Como si las motos fueran ciudadanas de segunda clase en el ecosistema de la movilidad sostenible.
Desde ANESDOR se insiste en que no se trata de un capricho ni de una petición corporativista. Se trata de equidad, de coherencia normativa y, sobre todo, de no dejar a más de un millón de ciudadanos en el limbo jurídico. “Pedimos una solución urgente, sencilla y necesaria”, repiten.

Imagen de la Expo MotoTech. / .
En paralelo, ANESDOR sigue trabajando para que la voz del sector sea escuchada. Representando a más del 95% del mercado de las dos ruedas en España, la asociación no solo actúa ante las administraciones nacionales, sino también ante organismos europeos. Porque lo que está en juego no es solo una etiqueta. Es el reconocimiento justo de un medio de transporte que ha demostrado ser eficiente, sostenible y útil en la vida diaria de miles de personas.
Mientras tanto, las motos Euro 5 y Euro 5+ siguen circulando por nuestras calles sin el distintivo que merecen, invisibles para los incentivos, ausentes en las políticas, ignoradas por la ley. Y sus propietarios, lejos de recibir un premio por apostar por una movilidad limpia y eficiente, se ven castigados por una normativa desactualizada. Una paradoja que, en tiempos de emergencia climática, resulta difícil de entender y aún más difícil de justificar.
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