31 oct 2020

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INFRAESTRUCTURA DEFICITARIA

El Gobierno cifra en 44 millones el coste de instalar puntos de recarga en gasolineras

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a la crear zonas para cargar vehículos eléctricos en las estaciones de servicio

El impacto de la norma afecta especialmente al 10% de la red y supone una inversión de unos 40.000 euros por cada punto de recarga

Xavier Pérez

Estación de recarga de un vehículo eléctrico.

Estación de recarga de un vehículo eléctrico. / Red Eléctrica de España

El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se aprobará en España pondrá en evidencia la falta de planificación, en la instalación de una red de recarga estable y eficiente, para la expansión del coche eléctrico. La propuesta del Gobierno va en la línea de 'forzar' y acompañar en esa transición sostenible, aunque la evidencia de los hechos lleva a pensar que circularemos a una velocidad distinta que el resto de Europa a la hora de implantar una infraestructura de recarga útil.

Según la memoria de análisis realizada por el ejecutivo sobre el impacto de esta normativa, desvelada por Europa Press, el Gobierno estima que cada estación de servicio que se vea obligada por ley a instalar un punto de recarga para vehículos eléctricos deberá gastarse una media de 40.000 euros por 'surtidor'. Esta inversión recaerá en 1.105 gasolineras, lo que representa el 10% de la red del país. La cifra total se sitúa en unos 44 millones de euros.

Según el informe esta obligatoriedad supondrá "un impacto mínimo para el sector", aunque la necesidad de hacerlo de forma inmediata y sin una clara intervención pública en esas inversiones, vuelve a situar a las empresas suministradoras como las que deberán asumir el coste.

La nueva ley obliga a establecer una potencia mínima por cada poste de 50kW en corriente continua (que permite la carga rápida). Algunos establecimientos optarán por instalar más de uno, o incluso podrán colocar puntos de mayor potencia. Serían los supercargadores de 100kW, aunque no está demostrada la eficiencia final de la inversión ya que el precio de colocación de cada uno estaría entre 100.000 y 200.000 euros según el análisis del Gobierno. En ese caso la inversion estimada se dispararía hasta los 111 millones de euros, que deberán sufragar los propietarios de las estaciones de servicio.

Falta algo más que leyes

Tanto fabricantes de vehículos como empresas energéticas llevan tiempo reclamando una mayor intervención pública del Gobierno (no solo en modo de ley). Además, los últimos test realizados con coches eléctricos a lo largo de la geografía española por prensa especializada (como la revista Autopista con la colaboración de los jurados del Car Of The Year) apunta a que las velocidades y tiempos de recarga actuales de los vehículos no se ajustna plenamente a la realidad 'de fábrica'.

El motivo, además, es que las altas temperaturas, el sobrecalentamiento de las baterías (que entran en modo protección) y el estado de los puntos de recarga, hacen que se deban tener en cuenta también esos detalles para lanzarse a la implantación total de la electrificación.

El argumento político del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estipua que el despliegue de los puntos de recarga supondría "el incremento de la actividad para los sectores de actividad dedicados a la planificación y diseño de las instalaciones". No obstante, otro de los riesgos derivados de la normativa es la concentración de las inversiones para la instalación de esos puntos de recarga.  

Zonas de alta densidad

La distribución geográfica de las instalaciones está relacionada con las zonas de mayor demanda, normalmente en grandes núcleos de población, zonas industriales y puntos neurálgicos de repostaje a lo largo de toda la red estatal de carreteras, un mapa que habría que diseñar conjuntamente teniendo en cuenta autonomía real de las baterías de los vehículos, condiciones de temperatura y estacionamientos auxiliares para esperar el turno de recarga.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya está en marcha, aunque por ahora lo único que es palpable y que, probablemente queda en la memoria del ciudadano, es que se prohibirá la venta de coches con motor de combustión (gasolina, diésel y también los híbridos) en 2040 (en 20 años) y que las estaciones de servicio deberán gastarse 40.000 euros por cada poste de recarga eléctrica que coloquen. Aunque, a buen seguro, el beneficio medioambiental llegará.