Las motos compartidas metropolitanas de Barcelona deberán pagar una tasa de 45 euros

Les contaba este diario la semana pasada que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) prepara un concurso público para poner en marcha el primer servicio supramunicipal de motos compartidas. La idea es que el inicio del proyecto coincida con el ocaso del sistema de Barcelona, que en julio termina contrato tras cuatro convulsos años. Si nada lo evita, después de verano, y de manera escalonada, habrá 15.000 motos en 10 municipios.

La Administración creará una nueva tasa que será aprobada en el pleno metropolitano de este martes. Cuantía por vehículo: 45 euros que cobrará el AMB. Luego está por ver, aunque no es muy deseable desde el punto de vista de la eficiencia del negocio, si los ayuntamientos implicados crean su propio impuesto.

Esa cantidad, 45 euros, es muy inferior a la que ha estado cobrando el Ayuntamiento de Barcelona desde 2020 (71,51 euros) por las licencias que salieron a concurso y que se otorgaron en mayo de 2020. Eran casi 6.958 permisos para operar únicamente en la capital y se presentaron 21 empresas, aunque terminaron siendo 12. A día de hoy, sin embargo, solo quedan 2.529 motos de 'sharing' en circulación y cuatro operadores, después de que hace tres semanas cayera la última compañía, Seat Mó.

Gente solvente

El hecho de que la cosa quedara tan atomizada es, sin duda, la primera lección aprendida por el AMB una vez analizado el caso de Barcelona. Por eso la idea es que el nuevo concurso público imponga unas condiciones que solo sean asumibles por un grupo reducido de operadores. Como por ejemplo, la obligación de gestionar un mínimo de 1.250 licencias cada uno, pero también una solvencia económica que no está al alcance de cualquiera.

La tasa barcelonesa, aprobada en febrero de 2019, se creó para regular tanto el servicio de bicicletas compartidas como el de 'motosharing', y se hacía en base a la "ocupación del dominio público". La del AMB en cambio, habla de la gestión de las credenciales, sin mención alguna a su rol en las calles. Tal y como establecen las bases regulatorias del sistema que en breve saldrá a concurso, el ámbito de operación de las licencias abarcará los núcleos de L'Hospitalet, Cornellà, Esplugues, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs y Santa Coloma de Gramenet. Así las cosas, puede suceder que cada uno de estos consistorios, a la vista de que la capital catalana tiene ese impuesto en sus ordenanzas fiscales, tenga la tentación de impulsar algo similar.

Cargar al usuario final

En teoría, cada municipio tendrá unas motocicletas asociadas, es decir, inscritas en la ciudad. O sea, que esos vehículos deberían pagar, en caso de existir, la hipotética tasa de esa localidad y no la de las nueve restantes. Pero eso ya implicaría sumar otra cantidad a los 45 euros que cobrará el AMB. El operador privado probablemente repercutirá ese coste al usuario final. Es decir, que si se quiere que el invento prospere, quizás sea más sensato, ni que sea de entrada, no incrementar la carga impositiva a los candidatos. Eso sí: lo que no está previsto, por ahora, es que Barcelona elimine su canon...

Los vehículos tendrán que ser eléctricos y podrán ser ciclomotores que no superen los 45 km/h o motocicletas con un motor de potencia superior a 4.000 vatios. Estas últimas podrán circular por las rondas, aunque no es esperable que abunden los trayectos largos, cosa que tampoco ha sucedido en el caso de Barcelona, donde raramente se han superado los cinco kilómetros de trayecto.

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