La industria química dispara su inversión en ‘lobby’ para debilitar los controles de la UE

Un informe publicado por Corporate Europe Observatory (CEO), una entidad que supervisa la acción de los lobbies europeos y sus efectos sobre el bienestar público, revela que desde 2020 la industria química ha incrementado en un 60% su inversión en acciones de lobby ante las instituciones comunitarias, al superar los 46 millones de euros anuales. El objetivo de ello es reforzar su influencia y presión sobre los políticos para "debilitar las normas que protegen a los ciudadanos de los productos químicos y pesticidas nocivos", según denuncia esta entidad sin ánimo de lucro.

CEO alerta de que esta inversión estaría resultando "rentable", ya que, en paralelo, la Comisión Europea ha puesto en marcha “la mayor ola de desregulación jamás vista en la UE para desmantelar o privar de eficacia importantes leyes vinculadas a la seguridad química”.

El documento de CEO, que desglosa la potencia económica que tienen los grupos de presión de la industria química, denuncia que entre “los principales y más lamentables logros" de este despliegue de lobby figura haber conseguido que la Comisión Europea renuncie a su compromiso formal de mejorar el deficiente Reglamento REACH, la principal norma europea sobre productos químicos.

Sin embargo, como apunta Carlos de Prada, responsable de la iniciativa Hogar sin Tóxicos, que colabora con European Environmental Bureau (EEB) en la difusión de estas problemáticas, "puede ser peor aún, ya que la industria, no contenta con haber frustrado la mejora del reglamento REACH, pretende ahora, en una maniobra sin precedentes, debilitar y dificultar la aplicación de una ley que, aunque manifiestamente mejorable tal y como está, ofrece al menos un mínimo grado de protección a los ciudadanos".

"Objetivo: sabotaje"

Esta maniobra de la industria ha quedado al descubierto tras la filtración de un documento que acaba de hacer público European Environmental Bureau (EEB), una amplia coalición de entidades conservacionistas europeas. El texto destapa cómo el Consejo de la Industria Química Europea (CEFIC), que es el principal portavoz de los intereses del sector y líder de su inversión de lobby, dicta a la Comisión Europea una serie de medidas que, de llevarse a efecto, “supondrían un considerable deterioro de las protecciones y obligaciones existentes y de la aplicación de aspectos clave del Reglamento REACH vigente, menoscabando la defensa de la salud humana frente a los riesgos tóxicos”, señala De Prada.

La industria química, a través de CEFIC, pretende una reducción de los requisitos legales sobre toxicidad y sustituir pruebas experimentales fiables por métodos más dudosos"

EBB

Según denuncia EEB basándose en dicho documento, CEFIC pretende que "la regulación de los productos químicos sea aún más compleja y costosa para las autoridades", a fin de retrasarla, lo que prolongaría la exposición de las personas y el medio ambiente a sustancias peligrosas. Ello constituiría “algo escandaloso si se tiene en cuenta que, con el actual Reglamento REACH, ya se tardan más de 20 años de media en identificar y prohibir una sustancia tóxica”.

Las medidas propuestas por la industria química a través de CEFIC pretenden una reducción de los requisitos legales sobre los datos de toxicidad y la sustitución de pruebas experimentales fiables necesarias para determinar si las sustancias químicas son dañinas, por métodos más dudosos. Ello podría facilitar la comercialización de sustancias sin tener datos adecuados acerca de sus efectos, afirma EEB.

Preocupa además que la industria pueda interferir más directamente en la labor de evaluación de riesgo de las sustancias tóxicas que desempeña la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) entorpeciendo su trabajo, disfrazándolo como una "colaboración" o "negociación" con esa agencia.

Reforzar el reglamento REACH

Ante esta situación, EEB, junto con otras organizaciones, ha solicitado a las instituciones europeas que, en lugar de debilitar el reglamento REACH y dificultar su aplicación, lo refuercen. Porque, como afirma Dolores Romano, responsable de políticas de productos químicos en EEB, "en un momento de creciente evidencia sobre los impactos de la contaminación química en la salud humana y el medio ambiente, retrasar la acción es un riesgo que Europa no puede permitirse. Europa necesita una mejor implementación y cumplimiento».

La comunidad científica, a través de miles de investigaciones y numerosos informes y declaraciones, ha advertido que la contaminación química es un factor que puede estar contribuyendo de forma notable, a veces en conjunción con otros factores, al incremento de incidencia de numerosos problemas de salud en las últimas décadas, con un coste sanitario anual de decenas de miles de millones de euros. Como apunta De Prada "no parece de recibo que para que unas cuantas grandes empresas obtengan beneficios, se generen unas pérdidas económicas inmensas, astronómicas, para toda la sociedad a consecuencia de los daños causados en la salud y el medio ambiente".

"Lamentablemente", -concluye de Prada- "los que tienen más recursos para influir en las autoridades, teniendo acceso privilegiado y desproporcionado a ellas, son quienes se benefician con la comercialización y el uso de las sustancias tóxicas. No quienes defienden la salud pública al margen de intereses espurios, como la comunidad científica o algunas entidades de la sociedad civil. Ello hace que, al final, pueda acabar pesando más la fuerza de algunos intereses económicos que la fuerza de la razón y el bien común".

Fuente: Información