Los éxitos ocultos de la cumbre de Belém: aprobado un plan para medir los avances globales en adaptación climática

La aprobación de los pactos finales de la cumbre de Belém (COP30) han enfadado a muchos. Sobre todo, por la ausencia de un mensaje claro sobre el futuro de los combustibles fósiles. La rabia por esta cuestión ha ocultado, o mejor dicho dejado en un segundo plano, que el encuentro de Brasil ha logrado cosechar un éxito que ha pasado casi de puntillas entre los grandes titulares que ha dejado este evento: por primera vez, el mundo dispone de un sistema común para medir cómo todos los estados se están preparando para resistir los impactos del caos climático y, sobre todo, proteger a su población, sus recursos y sus ecosistemas ante eventuales daños. Se trata de una medida que la comunidad científica y diplomática lleva años reclamando ya que, a diferencia de los planes de reducción de emisiones, en el sector de la adaptación apenas había herramientas para señalar todos aquellos ámbitos en los que había que intervenir y mucho menos entender cómo la humanidad se está preparando ante los extremos climáticos que ya están aquí y que, de seguir así, podrían ir a más en los próximos años.

El acuerdo aprobado incluye un total de 59 indicadores que abarcan desde el acceso a agua potable hasta la protección del patrimonio cultural, pasando por el desarrollo y la implementación de alertas tempranas de calor, la mejor en los sistemas de salud para hacer frente a los daños climáticos y estrategias para garantizar la seguridad alimentaria. Fuentes cercanas a las negociaciones de este paquete de medidas explican a EL PERIÓDICO que se trata de un trabajo que lleva varios años en marcha y que ahora, por fin, sale a la luz como una herramienta clave en la lucha climática. "Ahora tenemos mecanismos para valorar avances, algo que no existía", explica uno de los negociadores. "Y lo hacemos con una mirada histórica: pasamos de un objetivo genérico a una estructura concreta, comparable y adaptable a los contextos nacionales de cada país", añade.

Hasta ahora, la adaptación ha sido la hermana difusa de la mitigación. En 2016, el Acuerdo de París fijó un gran objetivo global para reducir emisiones pero, en el terreno de la resiliencia climática, lanzó un llamamiento difuso a "mejorar la capacidad adaptativa y reducir la vulnerabilidad" ante los extremos climáticos. En la cumbre de Glasgow se abrió la puerta a cambiar esto con el primer programa de trabajo sobre adaptación y en el encuentro de Dubái, bajo presidencia europea y un fuerte impulso de la delegación española presidida entonces por Teresa Ribera, esta idea se cristalizó en el llamado Marco Global de Resiliencia. Fue allí cuando se definieron por primera vez objetivos temáticos claros y se instó a las partes a elaborar en un máximo de dos años un paquete de indicadores para medir los avances en este aspecto. Y es ahí donde llega Belém.

Indicadores de agua, salud y patrimonio natural

Los indicadores se agrupan en varios bloques y, en su conjunto, funcionan como una radiografía de todas las capas que conforman la resiliencia climática. En el ámbito del agua, por ejemplo, los países han acordado monitorizar cuestiones como el estrés hídrico y la eficiencia del uso del agua. En alimentación se ha pactado evaluar el nivel de degradación del suelo o el rendimiento agrícola en áreas gestionadas. En sectores como la salud se ha decidido desplegar indicadores sobre mortalidad y morbilidad ligadas a impactos climáticos y resiliencia de las instalaciones sanitarias durante eventos extremos. Y por primera vez, el acuerdo incorpora un apartado específico para estudiar cómo el cambio climático está afectando el patrimonio cultural y para estudiar cómo proteger un sitio arqueológico ante las inclemencias del clima.

El pacto insta a los países a elaborar planes nacionales de adaptación y a reforzar la propuesta en esta materia en la cumbre de Etiopía

El acuerdo establece un mecanismo operativo para que cada país entienda si su política de adaptación funciona y en qué debería avanzar. Para 2027, se ha pactado empezar a desplegar un sistema global de alertas tempranas multirriesgo y para 2030, evaluaciones de riesgo actualizadas. Según recoge el pacto, antes de que acabe la década todos los países deberían contar con Planes Nacionales de Adaptación (NAPs) y con un mecanismo para evaluar su funcionamiento. Los impulsores de este trabajo también han pactado que durante los próximos dos años se desplegarán "proyectos piloto" para testear los indicadores en países con capacidades y contextos dispares. De esa experiencia saldrá un paquete refinado de indicadores que se presentará en la cumbre de Etiopía.

Se estima que el mundo debería movilizar hasta 400.000 millones de dólares anuales para 2035 para abordar sus necesidades de adaptación y resiliencia

El acuerdo establece que este trabajo deberá adaptarse al contexto y circunstancias de cada país. Sobre todo porque, tal y como reivindican los países del sur global, en muchas zonas del mundo no hay recursos suficientes para desplegar estas estrategias y están a expensas de los programas globales de financiación climática. En este sentido, el pacto recoge un llamamiento a los países desarrollados a aumentar los fondos destinados a esta causa y remite el debate a otro de los paquetes de acuerdos aprobados en Belém sobre la cuestión financiaria, sobre los que sigue habiendo una disputa abierta sobre cómo movilizar más dinero para la causa. En total, se estima que el mundo debería movilizar hasta 400.000 millones de dólares anuales para 2035 para abordar sus necesidades de adaptación y resiliencia.

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