Bruselas no retrasará la ley contra la 'deforestación importada', pero la flexibilizará

La Comisión Europea no pospondrá por un problema informático la implementación de la ley contra la deforestación importada un año más, como había anunciado, y la normativa se aplicará desde el 30 de diciembre de 2025, pero con algunas flexibilizaciones en las multas previstas y en la burocracia asociada al procedimiento para acreditar el origen de las mercancías, informaron a Efe fuentes europeas.

El colegio de comisarios del Ejecutivo comunitario aprobó este martes por procedimiento escrito los cambios en el reglamento que busca evitar que ciertas materias primas y productos derivados consumidos en la Unión Europea (UE) generen deforestación, pues entre 1990 y 2020 se destruyó globalmente una superficie de masa forestal mayor que la de la UE, y cerca del 10% es atribuible al consumo europeo.

La normativa, conocida en jerga comunitaria como reglamento EUDR, afecta al ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos derivados como cuero, chocolate o muebles y, originalmente, debería haber entrado en vigor el 30 de noviembre de 2024.

Presentada en 2021 y adoptada en 2023 como parte del Pacto Verde Europeo, la ley contra la deforestación importada prevé que las compañías que importen en la UE esas materias primas deban demostrar mediante un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de masas forestales allí donde se han obtenido los recursos.

El texto, que no gusta a la Administración estadounidense de Donald Trump, había recibido críticas desde sus inicios también de otros países como Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Indonesia, Malasia o Canadá.

Además, el pasado mes de junio, los ministros de Agricultura de diecinueve países de la UE (Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia, Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia) enviaron una carta a la Comisión pidiendo una simplificación.

Polémico pasado

Hace un año, el reglamento fue criticado duramente por la ultraderecha y por el Partido Popular Europeo, la familia política de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Pedían retrasarlo y suavizarlo, mientras que el Grupo Socialdemócrata y el de los Verdes exigían mantener el rumbo.

Tampoco le gustaba a la Confederación Europea de Industrias de la Madera, pero defendían la normativa grandes productores de chocolate, como Nestlé, Mars Wrigley o Ferrero.

En medio de esa controversia, y con la legislación medioambiental perdiendo atractivo en Bruselas frente a conceptos como la competitividad o la defensa, hace justo un año la Comisión retrasó doce meses su implementación para facilitar su adopción por los «socios globales», dijo entonces el Ejecutivo.

Esa primera prórroga debía durar hasta finales de diciembre de 2025 para las grandes compañías y hasta junio de 2026 para las pequeñas empresas.

Meses después, en mayo de 2025, la Comisión publicó la lista de países cuyas exportaciones a la Unión Europea de los productos contemplados por la ley puedan generar deforestación en origen, cuya elaboración había generado controversia entre Estados que temían verse señalados. Finalmente, Bruselas sólo incluyó en la categoría de «riesgo alto» a Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte y Birmania.

Tres nuevos cambios

La primera de las tres grandes modificaciones introducidas ahora se refiere a la implementación de la ley, que se aplicará desde el próximo 30 de diciembre, como estaba previsto.

La Comisión explicó en septiembre que había detectado un problema en los sistemas informáticos, incapaces de procesar el gran volumen de informes, y que necesitaría un año para resolverlo.

Sin embargo, la versión retocada de la normativa, que en principio será la definitiva, mantiene los plazos. Pero prevé que las multas no se apliquen hasta seis meses después de la entrada en funcionamiento del reglamento, agregaron las fuentes.

Además, se aliviará a las pequeñas y muy pequeñas explotaciones agrícolas y madereras, aligerando la carga burocrática, de forma que sólo tendrán que hacer una declaración de sus compras una vez al año y no en cada adquisición.

Los bosques, que desempeñan un importante papel contra el cambio climático capturando CO2, albergan además el 86% de la biodiversidad terrestre mundial y proporcionan 86 millones de empleos en el mundo, según la información que maneja el Consejo de la UE a partir de datos de la ONU y de la FAO.

En vísperas de la cumbre climática COP30 que las Naciones Unidas organizará en Belém (Brasil) en noviembre, una coalición de oenegés y de grupos de investigación publicó la pasada semana un informe en el que advierten que en 2024 se perdieron 8,1 millones de hectáreas de bosque en el mundo, una superficie de masa forestal equivalente a casi toda Andalucía.

Concluyen que el ritmo de la pérdida de bosques es mayor que en 2021, cuando los líderes del mundo se comprometieron a luchar por frenar ese proceso, lo que en la UE se tradujo en el citado reglamento contra la deforestación importada.