El Gobierno obligará a los fabricantes de toallitas a pagar los cuantiosos daños que provocan

Las toallitas de un solo uso se han convertido en una plaga con graves consecuencias medioambientales y de gasto público. La falta de conciencia de la población a la hora de usar este elemento, que acaba siendo arrojado masivamente al váter, provoca tales acumulaciones en el sistema de alcantarillado que se necesitan cantidades millonarias para repararlo. Y eso, al margen de la contaminación que generan estos residuos plásticos cuando acaban en el medio natural.

De igual modo, los globos, pese a su apariencia inofensiva, resultan ser un residuo cada vez más abundante en la naturaleza, matando a miles de aves y otros animales que los ingieren al confundirlo con alimento.

Por ello, el Gobierno ha propuesto que los fabricantes de toallitas húmedas de un solo uso y globos se encarguen de sufragar los costes económicos que generan sus desechos.

Esta medida es una de las que figura en el borrador de Real Decreto presentado días atrás por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y estará abierto a consulta pública hasta el 27 de junio. La iniciativa surge de la necesidad de abordar el problema persistente de las obstrucciones en los sistemas de alcantarillado causadas por las toallitas y la contaminación marina atribuida a los globos, especialmente aquellos con contenido plástico.

230 millones de euros al año por las averías de las toallitas

La problemática de los residuos de toallitas y globos no solo tiene un impacto medioambiental, sino también económico. La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) calcula que la presencia de toallitas en las infraestructuras de saneamiento y depuración hace subir los costes de estos servicios entre un 10% y un 15%, lo que supone un gasto anual de aproximadamente 230 millones de euros.

Dado que esto se traduce en un recargo sobre el recibo que paga el contribuyente, al final, esta situación “recae de manera significativa sobre los consumidores, e incluso aquellos que no son consumidores directos de dichos productos, en lugar de ser asumida por los propios productores”, según recoge la memoria del análisis de impacto normativo del proyecto.

Hay casos elocuentes que ilustran el alcance de este problema. Es el caso del Canal de Isabel II, que registra un sobrecoste de 3,5 millones de euros anuales debido a las más de 30.000 toneladas de toallitas que llegan a las depuradoras y que deben ser eliminadas. Peor es la situación en Sevilla, donde la empresa municipal Emasesa calcula en 5 millones de euros anuales los costes por desatascar el alcantarillado debido a las toallitas. El objetivo del decreto es, precisamente, cambiar el destino final de este sobrecoste, trasladándolo desde los consumidores a los fabricantes.

Un sinfín de residuos

Lo que antes se limpiaba sistemáticamente con trapos que duraban muchos años, ahora se hace con toallitas, de las que, además, hay múltiples variedades para una infinidad de usos concretos. El problema es que estos elementos no se degradan adecuadamente y generan grandes masas que bloquean el alcantarillado, incrementando la probabilidad de desbordamientos durante lluvias intensas.

Por otra parte, cuando los globos terminan en el mar o los ríos, suponen una seria amenaza para la vida marina. Una de las principales novedades del decreto es que se impone a los fabricantes la financiación de la limpieza de los residuos generados tanto por toallitas húmedas como por globos.

El borrador del decreto especifica que ese pago incluye los costes por limpiar y gestionar vertidos, transportarlos, tratarlos adecuadamente y promover campañas de concienciación sobre el uso responsable de estos productos.