Los ecologistas piden enterrar definitivamente la "peligrosa tramitación ambiental exprés" de renovables

Las organizaciones ecologistas han solicitado al Gobierno español que ponga fin de manera definitiva a la tramitación ambiental exprés de proyectos de energías renovables. Este mecanismo, conocido como ‘Determinación de Afección Ambiental’, quedó sin efecto recientemente, pero los conservacionistas alertan sobre la posibilidad de que sea reinstaurado.

Según denuncian las ONGs, este procedimiento supone un recorte en las garantías ambientales y en el derecho a participación pública, que consideran "elementos esenciales para un desarrollo sostenible de las energías limpias".

Desde su entrada en vigor, en 2022, la tramitación ambiental exprés permitió a los promotores de energías renovables obtener resoluciones en un plazo de dos meses, omitiendo la consulta ciudadana en el proceso.

Esto generó un fuerte rechazo por parte de grupos ecologistas como Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, que consideran que la falta de participación pública y el debilitamiento de la evaluación ambiental constituyen "un grave error".

Los ecologistas temen que el Ejecutivo recupere este mecanismo en respuesta a las presiones de la Comisión Europea, que recientemente ha advertido sobre el incumplimiento de la Directiva Europea de Energías Renovables en cuanto a la agilización de trámites.

Sin embargo, la directiva también establece restricciones claras sobre la aplicación de procesos acelerados, permitiéndolos solo en ‘zonas de aceleración’, previa Evaluación Ambiental Estratégica y con la garantía de un plan de mitigación de potenciales afecciones a la biodiversidad.

Además, la normativa europea prohíbe explícitamente la supresión de la participación pública en cualquier proceso de tramitación rápida. Por tanto, una reactivación de la tramitación ambiental exprés en su formato original podría significar un nuevo incumplimiento de la normativa comunitaria por parte de España.

El interés de la industria, en declive

Desde su aplicación, 277 proyectos de energías renovables han solicitado acogerse a este mecanismo exprés. De ellos, solo 65 fueron evaluados por la vía rápida, mientras que otros 74 fueron remitidos a la evaluación ambiental ordinaria, y 64 no cumplieron los requisitos legales. En 44 casos, las empresas desistieron voluntariamente del procedimiento y en otros 26 la solicitud aún está en proceso.

A pesar de las expectativas iniciales del Gobierno, que promovió este mecanismo como una solución para agilizar la transición energética, los datos indican que la tramitación ambiental exprés no ha provocado la aceleración masiva de los permisos.

De hecho, desde que comenzó a aplicarse se han aprobado una media de 3,5 proyectos al mes mediante este sistema, muy por debajo de las previsiones iniciales del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Además, el interés de la industria en este procedimiento ha ido en declive. En 2022, se acogieron a la tramitación exprés 128 proyectos, cifra que descendió a 83 en 2023 y a solo 66 en 2024.

Esto indica, según las organizaciones ecologistas, que la eliminación de la participación pública no ha sido un factor determinante en la reducción de los tiempos de evaluación y de tratramitación que los retrasos responden a otras causas estructurales.

No obstante, recuperar la tramitación ambiental exprés sería "un grave error", alertan WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigas de la Tierra, que reiteran que la transición energética debe realizarse con criterios de sostenibilidad y participación ciudadana.

Para ello, urgen al Gobierno a enterrar definitivamente la tramitación ambiental exprés y a adoptar mecanismos que permitan un despliegue ordenado y equitativo de las energías renovables, cumpliendo con los compromisos ambientales y normativas europeas vigentes.

Medidas para mejorar los plazos

Las organizaciones ecologistas insisten en que la transición a las energías renovables debe ser rápida, pero no a costa de reducir garantías ambientales ni de excluir a la ciudadanía del proceso.

En este sentido, proponen diversas medidas para mejorar los plazos sin comprometer la sostenibilidad:

–Digitalización de trámites: Implementar plataformas electrónicas que permitan la gestión eficiente de permisos y consultas públicas.

–Creación de ventanillas únicas: Facilitar la coordinación entre administraciones para centralizar la gestión de los proyectos.

–Mejora de la planificación territorial: Priorizar el despliegue de renovables en zonas degradadas, urbanas, industriales y con baja sensibilidad ambiental, evitando así impactos en áreas de alto valor ecológico.

–Mayor dotación de recursos humanos y técnicos: Fortalecer los departamentos encargados de la evaluación ambiental para acelerar los procedimientos sin sacrificar rigurosidad.

–Fomento de comunidades energéticas: Impulsar modelos participativos que permitan a la ciudadanía y pequeñas empresas liderar proyectos de energías renovables.

El mecanismo de tramitación ambiental exprés ha sentado un precedente que preocupa a los ecologistas, ya que en su versión más amplia (denominada "sin límites") transformó prácticamente todo el territorio español en una ‘zona de aceleración’ sin realizar una evaluación ambiental estratégica previa, como exige la normativa europea.

Las organizaciones insisten en que la eliminación de la participación pública no tiene justificación, ni siquiera en zonas de baja sensibilidad ambiental. También advierten sobre los riesgos de continuar favoreciendo procedimientos que benefician intereses empresariales específicos en detrimento del bienestar ambiental y social.