Los ecologistas formalizan su demanda contra el Gobierno ante el Supremo por "inacción climática"

Las oenegés Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han dado un paso decisivo en su litigio judicial contra el Gobierno por su “inacción” en materia climática al formalizar este miércoles ante el Tribunal Supremo el recurso inicial presentado el pasado 15 de septiembre. La demanda se basa en la constatación de que los sucesivos Gobiernos de España han incumplido sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático.

 Las tres organizaciones solicitan al Tribunal Supremo que obligue al Ejecutivo a aprobar formalmente un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que incluya una reducción de emisiones de al menos el 55% hasta 2030 respecto a las que se tenían en 1990. El Ejecutivo español propone un 23%. 

Objetivos europeos

“La falta de ambición climática del Gobierno español se ha hecho más evidente estos días tras el acuerdo de la UE de incrementar sus objetivos, que, aun siendo todavía insuficientes, están muy por encima de los españoles. Mientras los Gobiernos sigan sin hacer su parte, nosotros continuaremos acudiendo a la justicia”, ha señalado Lorena Ruiz-Huerta, abogada demandante de las tres organizaciones. 

Los casi 200 folios de la demanda incorporan las últimas referencias científicas que evidencian los impactos sociales, económicos, físicos y biológicos del cambio climático, así como la vulneración de derechos humanos derivada de este, según los ecologistas. También incluyen las conclusiones de dos informes periciales: uno sobre los impactos del cambio climático específicamente en España, elaborado por el catedrático José María Baldasano, miembro del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático de la ONU (IPCC), que demuestra cómo las sequías, inundaciones e incendios son cada vez más devastadores en el país.

Un segundo informe pericial centrado en la vinculación entre el cambio climático y la desigualdad, en particular la brecha de género, elaborado por la profesora Margarita Ruiz Ramos, profesora titular e investigadora en Universidad Politécnica de Madrid, que revela cómo la crisis climática afecta especialmente a las personas más vulnerables, que no cuentan con medios para afrontarla, ni con la protección efectiva de los poderes públicos.

Otras 55 organizaciones

Desde mediados de septiembre se han unido a la demanda más de 55 organizaciones, movimientos y plataformas de todo el territorio nacional se han sumado a la demanda. En paralelo, las organizaciones demandantes continúan con la recogida de firmas, que hasta el momento ha recabado el apoyo de más de 24.000 personas.

Con la acción judicial, los ecologistas españoles se suman a un total de 150 litigios contra gobiernos de todo el mundo. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda o Nueva Zelanda son sólo algunos de los países cuyos ejecutivos enfrentan actualmente demandas por esta causa. El caso más notorio es el de Holanda, donde la Fundación Urgenda logró este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que condenó al Gobierno holandés a contribuir con su “parte mínima justa” a la reducción global de emisiones para frenar el cambio climático, con independencia de cuál sea la actuación de otros Estados.

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