La ley climática blindará las zonas de bajas emisiones para evitar que se reviertan

La futura ley de cambio climático blindará las zonas de bajas emisiones (ZBE) como las implantadas en Barcelona y Madrid. Cualquier medida regresiva como las previstas por el alcalde José Luis Martínez Almeida para Madrid Central deberá contar con el informe positivo de la administración superior que sea competente en medioambiente. La nueva norma obligará, además, a todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes a establecer este tipo de restricciones medioambientales a más tardar en el 2023.

El anterior borrador de la ley se limitaba a impulsar la creación de estas áreas en los citados municipios, pero no era obligatorio. Tampoco establecía ninguna limitación por si un ayuntamiento decidía dar marcha atrás. Desde la vicepresidencia de Transición Ecológica se contempló en su momento con cierta impotencia cómo Almeida pretendía devaluar Madrid Central por la puerta de atrás. Una vez aprobada la nueva ley deberá ser la Administración central o la autonómica la que autorice estos cambios. El borrador de la ley no precisa cuál de las dos deberá dictaminar. 

25% del total de los gases

Transición Ecológica justifica estas medidas en datos contundentes: en el 2018  el tráfico por carretera representó un 25% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), las causantes de la crisis climática; y de ellas, un tercio se concentraron en aglomeraciones urbanas. Es, además, uno de los principales emisores de óxidos de nitrógeno, con un efecto muy pernicioso para la salud.

El anteproyecto también incluye la obligación de los municipios de más de 50.000 habitantes de impulsar la movilidad eléctrica compartida y la creación de una plataforma de internet de información sobre los puntos de recarga.  

La disposición sobre el fin de la venta de coches de diésel y gasolina en el 2040 se mantiene en los mismos términos que en el anterior borrador. En esa fecha todos los vehículos nuevos serán de cero emisiones y para ello, "se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea". No figura en el texto la palabra prohibición, que tanto irritó a los fabricantes, pero el resultado es el mismo: la fecha de caducidad de los automóviles de combustión será el 2040. Salvo en las islas, donde se abre la posibilidad de que se adelante el calendario como proponía la ley de cambio climático de las Baleares. 

Listo en marzo

El anteproyecto de la ley de cambio climático fue aprobado por el anterior Gobierno en febrero del 2019 pero no pudo tramitarlo por el adelanto electoral. En la declaración de la emergencia climática aprobada el pasado enero por el Ejecutivo central, este se comprometió a remitirlo al Congreso antes de 100 días. Teresa Ribera, la vicepresidenta de Transición Ecológica, ha avanzado que en marzo estará ya en manos de los diputados.

Le quedan por superar varios filtros. Después de haber pasado este lunes por el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), deberá ser examinado en los próximos días por las conferencias sectoriales de medio ambiente y energía, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consejo de Estado.

Ante el CAMA, Ribera explicó también que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030) ha incrementado ligeramente su grado de ambición respecto al borrador inicial. La reducción de gases de efecto invernadero será del 23% respecto a 1990, frente al 20% que figuraba en el primer redactado. La mayor disminución se debe a que varias centrales de carbón cerraran mucho antes de lo previsto.

Críticas de Greenpeace

Greenpeace, una de las organizaciones que ha participado en el CAMA, consideró ayer que la ley "se queda corta". "Aunque tiene muchos aspectos positivos, no responde a lo que demanda la situación de emergencia climática", declaró su director en España, Mario Rodríguez, que espera pueda mejorar durante el trámite parlamentario.