"La crisis climática es el resultado de ecocidios que han quedado impunes"

"La crisis climática es el resultado de un sinfín de ecocidios - crímenes contra el medio ambiente - que han quedado impunes", exclamó enfurecida Delfina Catip, lideresa indígena del Pueblo Awajun, durante ya finalizada Cumbre del Clima; un evento en el que el movimiento ecologista había depositado sus esperanzas y que ha acabado por decepcionar con un tímido acuerdo. Así que, ahora más que nunca, los activistas recuerdan que "la Tierra necesita un buen abogado". Bajo este contundente lema, lanzado por la oenegé Earthjustice, los expertos en derecho ambiental reclaman un mayor compromiso para proteger una naturaleza de por sí desamparada. "La gravedad de la emergencia climática, de la que tanto se habla últimamente, no está reflejada a nivel legal. Las buenas intenciones no son suficientes. Necesitamos una normativa más estricta para evitar que se siga contaminando y expoliando los recursos naturales de manera indiscriminada", comenta Antoni Pigrau Solé, catedrático de derecho internacional de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y director del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT).

"De poco sirven los tratados internacionales como el Acuerdo de París o el Protocolo de Kioto si la adherencia de los estados es opcional, cada país aplica las medidas siguiendo su propio criterio y el incumplimiento del acuerdo apenas tiene consecuencias, más allá de una regañina administrativa", argumenta Pigrau. La falta de leyes contundentes para amparar el bienestar del planeta se hace patente ahora que la lucha ecologista ha recobrado fuerza en las calles y en la naturaleza se siguen produciendo desastres ecológicos como el reciente vertido químico en el río Besós. En España, por ejemplo, aún no existe una marco jurídico específico para hacer frente a la crisis climática. La conocida como Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) sigue a día de hoy estancada en un anteproyecto en espera de una aprobación definitiva que presumiblemente llegará con la formación de un nuevo gobierno. Mientras, las asociaciones ecologistas más destacadas del país claman para que la aprobación de esta normativa sea una prioridad para el nuevo ejecutivo.

Los abogados expertos en cuestiones medioambientales reclaman una normativa más estricta para hacer frente a la situación de emergencia medioambiental. "Ahora mismo estamos estancados en una fase de política de la resignación. Sabemos que el planeta se está deteriorando y quiénes son los responsables, pero no podemos hacer nada. Necesitamos dar un paso adelante e ir hacia una política de la acción y el compromiso social", reflexiona Roger Corbera Mestres, abogado ambientalista en el bufete Calduch Advocats. Mientras, asociaciones ecologistas como 'Extinction rebellion' reclaman que todo daño que la crisis climática en sí sea juzgada como un 'ecocidio' (un crimen contra la naturaleza) y que, por lo tanto, se puedan exigir responsabilidades penales a los culpables del deterioro medioambiental que vive el planeta. "La destrucción del planeta es un crimen y debería ser procesado", claman los activistas.

El debate de los ecocidios

El concepto de ecocidio se forjó en la época de la Guerra de Vietnam, cuando el conflicto bélico empezó a dejar devastadoras huellas sobre el territorio. Los ataques con el conocido 'agente naranja' no solo acabaron con acabaron con la vida de dos millones de personas sino que, además, dejaron tres millones de hectáreas de terreno inerte. Ya entonces surgieron algunas voces que proponían que la destrucción del ecosistema, que afectó a unos 30.000 pueblos, también debía juzgarse como un crimen contra la humanidad. ¿El motivo? La destrucción indiscriminada de un ecosistema no puede quedar impune. Más si, como ha ocurrido en este caso, las consecuencias persisten 50 años más tarde y siguen mostrando su huella en el ecosistema y perjudicando a la vida de millones de personas.

La lucha por el reconocimiento de estos delitos contra la naturaleza prosiguió de la mano de Polly Higgins, una abogada escocesa que dejó su acomodado trabajo en un bufete para dedicarse a defender los derechos del planeta. Higgins, fallecida el pasado mes de abril y recordada ahora como una de las figuras más importantes del movimiento verde, llevó a cabo una campaña para que los ecocidios fueran reconocidos como crímenes contra la humanidad. La propuesta no solo se planteó como algo simbólico para reconocer la gravedad de la degradación ambiental. El objetivo era (y sigue siendo) crear una poderosa herramienta legal para que activistas climáticos y ecologistas puedan denunciar todas aquellas prácticas que ponen en riesgo los recursos naturales. "Necesitamos reforzar nuestro deber colectivo de cuidar y proteger el mundo natural y toda la vida que se alberga en él. La ley del ecocidio es una ley para proteger la Tierra", dejó escrito Higgins en su página web, que ahora recoge el legado de su lucha.

Intereses enfrentados

Pero la protección legal del medio ambiente no es fácil. La legislación puede prevenir de un eventual daño o castigar a quien lo haya cometido. El principio de 'quien contamina paga' es, sin embargo, mucho más complicado de aplicar de lo que podría parecer. "Para poder exigir responsabilidades legales hay que poder demostrar una relación de causa efecto directa. Es decir, que el implicado es el responsable directo del degrado medioambiental y de los daños que este produce sobre las personas y los recursos. Y esto, aunque parezca sencillo, se convierte en un problema en cuanto los intereses económicos entran en juego", argumenta Pigrau. El director del CEDAT explica que, de hecho, los delitos contra los recursos naturales más habituales son el comercio de sustancias que agotan la capa de ozono, de residuos peligrosos, de vida silvestre; la pesca ilegal y la tala ilegal de madera. "No querer actuar a corto plazo contra estos negocios acabará perjudicando el planeta a largo plazo", recrimina Pigrau. 

Los expertos explican que la lucha por los derechos del planeta es, en cierta manera, como la historia de David contra Goliat. La mayoría de litigios por cuestiones medioambientales suelen enfrentar asociaciones de afectados o oenegés (más o menos pequeñas) con grandes empresas e instituciones. "¿Quién se supone que va a denunciar un daño que ha sido cometido por una administración o por una gran empresa? La mayoría de personas que denuncian son afectados o oenegés comprometidas con la causa. Ninguno de estos puede dedicar tanto tiempo y recursos para defender su causa", reflexiona Corbera, quien explica que muchos de los casos que ha llevado a lo largo de su carrera han estado atascados durante años, incluso décadas, en los tribunales en espera de una resolución. 

Cambio de perspectiva

"Ahora mismo este tipo de delitos se enfocan desde una perspectiva muy antropocéntrica y solo se denuncian los daños contra la naturaleza que afectan directamente a las personas. Pero creo que tenemos que ir un paso más allá y recordar que el degrado medioambiental es acumulativo (así que, aunque haya ocurrido hace diez años debería poder juzgarse ahora) y que antes o después afectará a todo el ecosistema", añade el jurista de Calduch Advocats. Y es aquí, en este punto del discurso, cuando la lucha por los derechos del planeta converge con otras reivindicaciones. Es el caso, por ejemplo, del movimiento conservacionista o el antiespecista, que también reclaman un mayor amparo legal para proteger flora, fauna y ecosistemas afectados por la acción humana.