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Europa saca los colores a España por no proteger Doñana

La Comisión Europa denuncia a España por "no tomar medidas adecuadas" para cuidar el acuífero

Julia Camacho

Aves en uno de los humedales del parque nacional de Doñana.

Aves en uno de los humedales del parque nacional de Doñana. / CSIC / Victoria Muñoz

El parque natural de Doñana cumple este 2019 sus 50 años de vida y celebra el aniversario de la peor forma posible: con una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el Gobierno de España por no proteger suficientemente las aguas subterráneas que alimentan este humedal, uno de los más importantes de Europa y zona de paso en la ruta migratoria de millones de aves. La Comisión Europea ha decidido llevar el asunto ante la justicia después de que los últimos informes alerten de que la sobreexplotación de los recursos hídricos del espacio protegido afecta ya a tres de las cinco masas subterráneas en las que se divide el parque y las administraciones “no hayan tomado las medidas adecuadas”.

La decisión de la UE, anunciada este jueves, de llevar el procedimiento abierto ante la justicia y exponer a España a una sentencia condenatoria, viene motivada porque entienden que “las medidas vigentes para garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos y la conservación de los hábitats de Doñana son insuficientes” y además “su aplicación es deficiente”. El problema ya no es solo que se incumpla la Directiva Marco del Agua, que exige que las masas de agua subterránea alcancen un “buen estado cuantitativo”, es decir, que tengan suficiente agua para sostener los ecosistemas de los que dependen. La Comisión cree que tampoco se está haciendo nada por evitar el deterioro de los hábitats protegidos en este humedal, lo que supone además “una infracción de la legislación de la UE en materia de protección de la naturaleza”.


Los últimos informes del Ministerio de Transición Energética, antes Medio Ambiente, constatan la tendencia negativa del acuífero en el último lustro: el agua sale a mayor velocidad de la que entra por las lluvias, un desfase que impide que los acuíferos subterráneos se llenen. Esos acuíferos son los que, junto a las aguas superficiales de los ríos, nutren el principal humedal del continente y uno de los que presenta mayor diversidad de ecosistemas.

Cinco años para plantear acciones

El toque de atención de la UE se remonta a 2010, cuando WWF planteó una denuncia por la sobreexplotación del acuífero y su repercusión en la fauna. En 2014, la Comisión abrió un procedimiento de infracción que culminó en 2016 con un dictamen contrario a España por una infracción de la Directiva Marco del Agua, la Directiva de Hábitats y la Directiva de conservación de las Aves, ya que la degradación de los espacios naturales protegidos afectaba a numerosas especies, algunas de ellas en riesgo crítico de extinción como cerceta pardilla. Se dio de plazo hasta el pasado 1 de diciembre para enmendar la situación. Pero los informes remitidos por el Gobierno no parecen haber convencido a la UE, que con los datos en la mano ha ido a los tribunales.

“Se están desviando grandes cantidades de agua tanto para la agricultura como para las necesidades de los turistas locales”, reprocha la UE, y la consecuencia es que como resultado de ese exceso de gasto hídrico “el nivel freático se está hundiendo”. Esta situación deja el espacio natural en una situación insostenible. “La fuerte disminución en los niveles de agua subterránea ha hecho que los hábitats dependientes del agua en los sitios Natura 2000 sean extremadamente vulnerables a los periodos secos periódicos del área, y continúan deteriorándose”, zanja en su resolución. Los informes científicos dejan claro que esos efectos ya se notan en el parque: algunas masas de agua permanentes se han convertido en estacionales, y se han invertido los flujos que nutren las lagunas peridunares.

Pozos y cultivos ilegales

Desde WWF, la asociación ecologista que llevó el caso a Bruselas, la decisión de acudir a los tribunales demuestra que la UE “ya no se conforma con medidas cosméticas”. E instan al Gobierno a que “asuma de una vez su responsabilidad y cierre los cientos de pozos ilegales” que tiene identificados a través de imágenes aéreas. También reclaman que la Junta de Andalucía elimine las miles de hectáreas de cultivos irregulares, principal destino de esa agua que le falta al parque.

“Doñana necesita medidas reales al problema del agua”, insistieron, recalcando que llevan años denunciando la existencia de pozos y cultivos ilegales. Sus últimos informes hablaban de 1.000 pozos ilegales y más de 3.000 hectáreas de cultivos de fresas y frutos rojos fuera de la norma. En 2014, el plan de regulación de la zona de regadíos puesto en marcha por la Junta de Andalucía declaró irregulares el 15% de las más de 11.000 hectáreas destinadas a cultivo, ya que eran monte público, corredores ecológicos o zonas sin continuidad en el riego y que, con la vista gorda de los ayuntamientos, habían sido ocupados por los regantes.

Pese a las señalas de alarma, vía satélite comprobaron que en vez de cerrarse seguían “proliferando las balsas y pozos, mientras que la superficie de cultivos ilegales volvía a crecer ante la falta de control y la impunidad con que se expande la agricultura ilegal en el entorno de Doñana”. Los ecologistas se muestran además reacios ante la postura de las administraciones de encomendarse a un trasvase de agua como solución para compaginar la protección del medio ambiente y la actividad económica en la zona, ya que “solo contribuirá mantener la invasión y la insostenibilidad del modelo agrícola que cerca Doñana”. “Seguiremos vigilantes”, advierten los ecologistas.

Inspecciones y cierres de pozos

El Ministerio para la Transición Ecológica expresó ayer su “preocupación” por la denuncia de Bruselas ante la inacción a la hora de proteger los acuíferos de Doñana, y asegura que está “intensificando las acciones” para cuidar las masas de aguas subterráneas, como la próxima declaración de zona “en situación de riesgo” de las áreas afectadas para permitir un mayor control.

Pese a las dificultades para dar con los pozos ilegales, aseguran que en 2018 se realizaron un millar de inspecciones en la zona y se abrieron 328 actas de denuncia, mientras que se está tramitando, por orden judicial, el cierre de otros 77 pozos de titularidad municipal. El Ministerio defiende además que al sustituir las aguas subterráneas por superficiales en 496 hectáreas de regadío se ha facilitado la clausura de 300 pozos, una medida que continuará con los trasvases previsto. Y entiende que la compra de la finca Los Mimbrales por parte del estado, y los derechos sobre el agua que le correspondía, se rebaja también la presión sobre el acuífero.