Inspecciones también en Tarragona

La primera operación mundial contra la contaminación marina señala a empresas de Barcelona y Girona

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zentauroepp20537139 contaminacion marina181115192501 / Joan Cortadellas

Vanesa Lozano

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Vertidos ilegales de basura al mar por parte de embarcaciones, aguas residuales urbanas que van a parar donde no deben, impactos de actividades agrícolas, industrias que liberan aguas sin tratar, residuos que no se depositan en la planta de tratamiento autorizada… Son algunas de las acciones ilegales detectadas por la Guardia Civil durante la operación contra la contaminación marina '30 días en el mar', la primera desarrollada de forma simultánea en más de 80 países, con ayuda de Interpol, y que se ha saldado con 72 investigados en nuestro país, entre los que se encuentran personas físicas y también empresas de la costa de Barcelona y Girona, según informa el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil a EL PERIÓDICO.

El litoral catalán ha centrado buena parte de las 1.102 inspecciones llevadas a cabo por los agentes en buques, puertos, instalaciones, compañías y lugares anexos al mar susceptibles de ser focos de emisión de vertidos en nuestro país. Así lo confirman a este diario fuentes de la investigación: "Aún no podemos dar un número de investigados porque la operación no está cerrada, sigue en marcha, pero sí podemos decir que Catalunya es una de las comunidades donde más acciones de este tipo se han encontrado y sobre todo destaca la ciudad de Barcelona". Se trata, según precisan estas mismas fuentes, tanto de personas que "operan de forma individual como de entidades cuyas conductas causan daños masivos". Se enfrentan a penas de prisión de 6 meses a 5 años y a multas de hasta 24 meses.

Tarragona se libra

En el marco de la operación, realizada entre el 1 y el 30 de octubre, la Guardia Civil también hizo varias inspecciones en la provincia de Tarragona, según ha podido saber EL PERIÓDICO, pero "con resultado negativo". En España, han participado, además del Seprona, unidades del Servicio de Fiscal, Marítimo, Aéreo y el Centro de Coordinación de Vigilancia de Costas y Fronteras, que han apoyado en las tareas de identificación de vertidos, de localización de los focos emisores y toma de muestras de la polución observada. Además, la Guardia Civil contó con el apoyo de Frontex y de Marina Mercante.

De las actuaciones se desprende que las infracciones y atentados contra el medio ambiente marino en España son de distintos tipos. Han descubierto vertidos en ríos que llegan a las aguas marinas, buques que emplean combustibles con un nivel de azufre superior al permitido... Incluso se han dado casos en los que personas físicas y jurídicas, "valiéndose en muchos casos de una estructura legal para la gestión de los residuos, la utilizan para realizar una mala gestión de los mismos por acción u omisión", según apunta la Guardia Civil.

Fuentes del Seprona destacan sobre todo el perjuicio ocasionado por gestores autorizados que deciden tratar solo parte de los residuos que se le entregan, dejando la mayor parte de ellos sin procesar. "Son más comunes en España de lo que se piensa", apuntan los agentes, aunque no precisan si alguno de esos casos se ha dado en Catalunya.

Drones y cámaras de visión nocturna

La policía de los países que han colaborado en la operación han utilizado técnicas de investigación avanzadas, como el empleo de imágenes por satélite, en Suecia y Argentina; la vigilancia aérea en Italia y Canadá; el uso de drones, en Nigeria, Indonesia y Pakistán, y cámaras de visión nocturna, entre otras tecnologías.

Con la operación, Interpol trata de poner coto a los delitos ambientales, que se encuentran entre los de mayor crecimiento a nivel mundial. A un ritmo de entre el 5 y el 7 % anual, según informes de la ONU y de la propia policía internacional, que sitúan este tipo de delitos como el cuarto negocio ilegal más lucrativo, tras el tráfico de drogas, la falsificación de productos y el tráfico de personas y sus ganancias se estiman entre 91.000 y 258.000 millones de euros al año.

"Los delincuentes creen que la polución marina es un crimen de bajo riesgo sin víctimas reales. Esto es un error", denuncia el secretario general de Interpol, Jürgen Stock, al hilo de la operación internacional.