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22 AÑOS PARA LA RECONVERSIÓN

Ribera ve suficientes 22 años para adaptarse al fin del diésel y la gasolina

El rechazo del sector sorprende al Gobierno por la normalidad con que la medida se aceptó en países vecinos

La ministra recuerda a los fabricantes que deben cambiar sino quieren que sus exportaciones pierdan competitividad

Manuel Vilaseró

Teresa Ribera, al mando de un autobús eléctrico durante la inauguracion del Salon Iwater 2018.  

Teresa Ribera, al mando de un autobús eléctrico durante la inauguracion del Salon Iwater 2018.   / MARTA PÉREZ

El Ministerio de Transición Ecológica se ha visto sorprendido por lo que considera un rechazo desproporcionado por parte del sector industrial afectado a la prohibición en 2040 de la venta de coches diésel y gasolina incluida en el borrador de la ley de Cambio Climático. Le asombra en Gran Bretaña o Francia se haya asumido con toda normalidad algo que aquí despierta tantas reticencias, sobre todo porque el tiempo de adaptación, que es nada menos de que de 22 años, parece “más que suficiente para la reconversión”.

“Nuestra propuesta está alineada con los países más prudentes de nuestro entorno”, ha destacado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su visita esta mañana al salón iWater en la Fira de Barcelona.

Sánchez apela a la valentía

“Pregúntenle a Merkel, que la tiene (la prohibición) para el 2030”, ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una respuesta rápida en los pasillos del Congreso en la que ha llamado también a “ser valientes con todo lo que tiene que ver con el cambio climático”.

Desde el ministerio se sostiene que los fabricantes españoles tienen que evolucionar sino quieren perder competitividad. Al fin y al cabo, el 65% de las exportaciones de vehículos ligeros de las fábricas españolas “van dirigidas a países donde se aplicarán limitaciones similares en un tiempo igual o inferior ”, según Ribera para quien “hay que producir lo que cada vez se demanda más”. Es un cambio que deben afrontar sí o sí, haga lo que haga España.

UGT también dispara

Impermeable a estos argumentos, el sector del automóvil ha subido incluso el tono de dramatismo de sus declaraciones. La más estridente ha sido, paradójicamente, la de UGT, el sindicato que se supone más afín al Ejecutivo. Matías Carnero, presidente del comité de empresa de Seat y de la UGT de Catalunya, ha calificado de “barbaridad” la propuesta del Gobierno, a la que considera “precipitada” porque "afectará negativamente al empleo, tanto a corto como a largo plazo.”

Incluso el fabricante Toyota, que el primer día se desmarcó del resto al defender la medida aplaudiendo “la visión a largo plazo del Gobierno del coche ecológico”, 24 horas después se desmitió a si mismo afirmando que le parecían “prematuros” los plazos marcados por el Ejecutivo.

PP y Ciudadanos se suman

El gran argumento de los fabricantes es que se pondrán en peligro los puestos de trabajo de un sector que genera el 11% del PIB español. A refubo de esta idea, el líder del PP, Pablo Casado, ha irrumpido en el debate acusando a Sánchez de “arriesgar 200.000 empleos al introducir inseguridad jurídica en el sector del automóvil”, mientras José Manuel Villegas (Ciudadanos) ha calificado la medida de “ocurrencia” o “chapuza”.

La portavoz parlamentaria socialista de Energía, Pilar Lucio, les ha recordado que “cualquier medida que perjudique al empleo será compensada con ayudas”. También lo dice el borrador de la ley. La ministra de Industria ha recordado algo que ha apuntado el Ejecutivo desde el minuto cero: que todas actuaciones contenidas en el documento son “negociables” y se hablará con los sectores afectados.