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REVÉS JUDICIAL

Plataforma Castor: el almacén de gas que nunca lo fue

El proyecto cesó su actividad al iniciarse una crisis sísmica perceptible desde los municipios más próximos

El Gobierno pagó 1.350 millones de euros a la empresa Escal por obligarle a cesar la actividad

Antonio Madridejos

Imagen de la plataforma Castor, custodiada por un buque.

Imagen de la plataforma Castor, custodiada por un buque. / JOAN REVILLAS

La plataforma Castor se levantó para explotar un antiguo depósito natural de petróleo situado bajo el lecho marino a unos 21 kilómetros de la costa de Vinaròs (Castellón). El objetivo era disponer de un lugar donde almacenar grandes cantidades de gas -la capacidad era de 1.900 millones de metros cúbicos, el equivalente al consumo español durante 50 días- para luego poder extraerlo con rapidez en épocas de gran demanda y poca disponibilidad (por ejemplo, debido al cese repentino de las importaciones de algún proveedor). Así se evitarían grandes fluctuaciones en el precio del combustible. 

A finales del pasado siglo se estimaba, con un optimismo que luego se demostró equivocado, que la demanda de gas aumentaría a gran ritmo y que instalaciones de este tipo serían de interés estratégico. En 1996 se solicitó el primer permiso para estudiar mediante sondeos la idoneidad del yacimiento, aunque el visto bueno oficial para la utilización no se conseguiría hasta 11 años después. En todo el mundo había más de 500 almacenamientos de este tipo, de los que un 20% se encontraban en antiguos depósitos submarinos. En el caso español, uno de tamaño más reducido funcionaba ya en la costa de Vizcaya.

Propiedad de ACS

El Castor era propiedad de la empresa Escal UGS, participada en un 66,67% por ACS, la constructora cuyo máximo accionista es el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El resto era de la empresa canadiense CLP. Además de la plataforma de inyección y extracción en el mar, el Castor incluía también una conducción submarina y una estación de procesamiento en Vinaròs.

El proyecto fue aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en mayo de 2008 mediante un real decreto y las primeras operaciones comenzaron en abril del 2012. Se trataba de inyectar gas a presión, poco a poco, para desplazar el agua que en esos momentos ocupaba el depósito submarino.

Al principio no hubo problemas, pero las cosas cambiaron cuando el depósito comenzó a llenarse. La operación empezó el 14 de junio del 2013 con la introducción de gas "colchón", el volumen necesario para equilibrar la presión del yacimiento.

El inicio de los terremotos

A partir de septiembre del mismo año, tras seis meses de inyección de gas, empezó una crisis sísmica que generó cerca de un millar de temblores. La mayoría fueron de escasa magnitud, pero los tres mayores, percibidos con claridad por los habitantes de las localidades más próximas, como Vinaròs, Benicarló y Alcanar, tuvieron una magnitud de 4 o más en las escala de Richter y sembraron la intranquilidad entre los vecinos. Al principio se pensó que todo era debido a un fenómeno natural, pero la persistencia del fenómeno y la coincidencia de los epicentros apuntaron enseguida a un único origen: la falla tectónica de Amposta se estaba moviendo debido a la presión generada por la actividad del Castor.

El 16 de septiembre del 2013, el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, ordenó paralizar los trabajos al constatarse, según el dictamen científico, su clara relación con los seísmos. Entre otras instituciones, se habían pronunciado en este sentido el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Incluso el ministro de Industria llegó a declarar que había "una alta probabilidad de que exista un vínculo directo".

La empresa participada por ACS alegaba que la concesión incluía una cláusula que garantizaba la devolución de la inversión en caso de cierre

En un principio, Soria anunció su voluntad de no pagar la indemnización "abusiva" alegando que no había lugar porque se trataba de un error de imprevisión de la empresa. Sin embargo, el Consejo de Ministros anunció por sorpresa poco después, el 4 de octubre del 2013, que pagaría 1.350 millones de euros a Escal, cerca de los 1.700 exigidos por la empresa, por obligarle a cesar la actividad. El pago se efectuó al mes siguiente (11 de noviembre). La empresa participada por ACS alegaba que la concesión otorgada por el Gobierno, en tiempos del ministro socialista Miguel Sebastián, incluía una cláusula que garantizaba la devolución de la inversión en caso de cierre, fuese cual fuese el desenlace final.

Asumida por los ciudadanos en el recibo del gas

La indemnización pagada por el Estado iba a ser asumida durante 30 años por los ciudadanos a través del recibo del gas (siete millones de usuarios de España). Aunque la compensación pactada con la antigua concesionaria fue de 1.350 millones de euros, el pago a plazos a través del recibo durante tres décadas, junto con los intereses, haría que la cantidad se multiplicase hasta llegar a 4.700 millones. El mecanismo diseñado por el Ministerio de Industria para no afectar al déficit público fue usar a Enagás, el gestor del sistema, como intermediario para que los bancos pagaran la compensación y luego se les cediera el derecho de cobro con los intereses correspondientes.

El pasado 3 de mayo, el nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, anunció que no se desmantelaría por el momento la plataforma porque la situación en la zona está "estable" y porque los expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Universidad de Harvard consideran que extraer el gas supone un elevado riesgo sísmico. Técnicamente, la instalación se encuentra en hibernación.

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