El Geológico alega que no se le pidió evaluar el riesgo sísmico del Castor

El Ministerio de Industria, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, no solicitó al Instituto Geológico y Minero (IGM) que se pronunciara sobre la sismicidad del terreno donde iba a ubicarse el almacén de gas Castor. Ese fue el motivo por el que el informe que el IGM emitió en el año 2007 validando la viabilidad técnica del proyecto -lo que a su vez propició la concesión de explotación aprobada por el Consejo de Ministros- no hacía referencia alguna a la existencia de fallas ni a la necesidad de estudios de peligrosidad sísmica.

Así lo explicaron ayer fuentes del IGM tras conocer el contenido del auto que el lunes dictó el juzgado de Vinaròs, en el que se imputa por presunta prevaricación ambiental a técnicos y cargos de este organismo y del Ministerio de Industria, entre ellos Jorge Sanz, entonces director general de Política Energética y Minas, quien encargó el documento.

«El informe respondía a las preguntas que trasladó la dirección general, y dentro de las cuestiones que se planteaban no se hacía referencia a la sismicidad», según un portavoz del IGM. Precisamente esa ausencia es la que destaca el auto judicial como base para imputar a los responsables de un documento, expone el juez, «sin referencias a la existencia de fallas activas en el entorno del almacén, ni a la posibilidad de inducir seísmos, ni tampoco a la necesidad de realizar estudios de peligrosidad sísmica».

Genéricamente, lo que el Ministerio de Industria reclamó al organismo científico fue que se analizara la «aptitud de la estructura geológica» elegida y «modelizada» por la empresa Escal. Quería conocer si la estructura era técnicamente apta para acoger el almacén, y el IGM así lo entendió en sus conclusiones. El IGM trasladó ayer el caso al abogado del Estado.

El auto judicial imputa también a los responsables de los ministerios de Industria y Medio Ambiente de la resolución del 2010 que avaló la declaración de impacto ambiental (DIA), así como a ocho miembros del consejo de administración de Escal UGS, la empresa promotora.

LOS RESPONSABLES ÚLTIMOS

El Ministerio de Industria rechazó pronunciarse sobre la imputación de sus cargos y técnicos en relación con el almacén subterráneo de gas y remitió a unas declaraciones del ministro José Manuel Soria en las que se limitó a apuntar que es necesario ser «sumamente respetuosos» con las causas judiciales, y recordó que la autorización se realizó en el 2008, con un gobierno socialista.

La Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia valora positivamente la evolución judicial del caso Castor, impulsado por la denuncia de la Fiscalía de Castellón, aunque sostiene que «los responsables últimos son los cargos máximos ministeriales, porque fueron ellos quienes no escucharon las advertencias y protegieron a la empresa en todo momento, tanto en los gobiernos socialista como popular», según Evelio Monfort, portavoz de este movimiento ciudadano.