Greenpeace encara desde hoy el juicio más duro de su historia en España por la protesta de Cofrentes

La organización ecologista Greenpeace afronta desde este jueves el juicio más duro sus 30 años de historia en España en el Juzgado del Penal número 11 de Valencia por una acción desarrollada en la Central Nuclear de Cofrentes en el 2011, en el que 16 activistas y un fotoperiodista independiente se enfrentan a penas de casi tres años de cárcel. Además, la oenegé podría tener que abonar 357.371 euros en concepto de multas e indemnizaciones.

El 15 de febrero de 2011, en un contexto de ampliación de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) y algo menos de un mes antes del accidente en la de Fukushima (Japón), Greenpeace desarrolló una acción de protesta porque entendía que la ampliación en "una central tan antigua entrañaba un alto riesgo de accidente nuclear", según ha destacado el director ejecutivo de la organización ecologista, Mario Rodríguez.

Los 16 activistas y el fotoperiodista entraron en el recinto y la acción acabó tras haber pintado las palabras 'riesgo nuclear' en una de las torres de refrigeración de Cofrentes. Los encausados procedieron de varios lugares de España, como Barcelona, Madrid, Valladolid, Murcia o Mallorca, y sus edades comprenden ahora entre los 23 y los 52 años.

José Manuel Marraco, abogado de Greenpeace, ha explicado que las 17 personas encausadas se enfrentan a delitos de desórdenes públicos (2 años de cárcel), lesiones (8 meses), daños (14 meses de prisión y multa) y a una falta de lesiones (2 meses y multa), y que Greenpeace se enfrenta a 357.371 euros por la suma de las multas y la indemnización solicitada por Iberdrola, propietaria de la central.

"Greenpeace nunca ha eludido la acción de la justicia, pero siempre ha pedido que sea justa y proporcionada. Me pregunto si es justo y proporcionado que, por manifestarse y pintar en una torre de refrigeración 'riesgo nuclear' las personas que lo hicieron se tengan que exponer a penas de casi tres años de cárcel, y si una organización que ha demostrado la importancia de la defensa del medio ambiente de forma pacífica se tiene que exponer a una multa de cerca de 360.000 euros por evidenciar el riesgo de la energía nuclear", ha indicado Rodríguez.

El líder de Greenpeace en España ha subrayado que "no puede salir más caro defender el medio ambiente que destruirlo, es injusto e inaceptable", y que "la defensa del medio ambiente es un deber ciudadano y, además, consagrado en el artículo 45 de la Constitución".