Los afectados reclaman que se retiren los residuos de Vacamorta

La Plataforma Alternativa al Abocador de Cruïlles (PAAC) no se conforma con la clausura del polémico vertedero ubicado en ese municipio del Baix Empordà, sino que exige la retirada de las más de dos millones de toneladas de residuos que se han ido depositando en la zona durante los 15 años que ha estado en funcionamiento. Una actividad que durante todo este tiempo ha contado con el beneplácito o el consentimiento de los distintos gobiernos que han estado al frente de la Generalitat.

Después de que el jueves el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, anunciara que la próxima semana firmará la orden por la que se prohíbe la entrada de más residuos en el recinto (tras recibir una nueva resolución judicial adversa), la plataforma ha exigido el cumplimiento íntegro de la sentencia dictada por el Tribunal de Justícia de Catalunya (TSJC) en septiembre del 2011 por la que se establece que, además del cierre de la instalación ilegal por vulnerar el planeamiento urbanístico, se debe proceder a «la restauración del lugar a la situación habida con anterioridad al acto recurrido». Es decir, que la finca de 10 hectáreas donde se han arrojado una enorme montaña de desechos deber recuperar su estado original.

El abogado de la PAAC, Benet Salellas, insistió ayer en que la plataforma «llegará hasta el final», y que si ven que no se cumple la sentencia en su integridad reclamarán «la retirada de todos los residuos». Además, los afectados por el vertedero, situado a unos 500 metros de las casas más próximas, esgrimen un estudio elaborado por el Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), y sufragado por el Ayuntamiento de Cruïlles, en el que se asegura que en el vertedero hay una gran diversidad de residuos y contaminantes, «algunos de ellos tóxicos», que no están «adecuadamente confinados», por lo que «se escapan y dispersan al exterior del recinto, contaminando el suelo, el agua y la atmósfera».

El estudio considera que la presencia de estos contaminantes supone un riesgo para la salud humana y para el medioambiente, por lo que estima que el vaciado del vertedero y el traslado de los residuos a una zona debidamente acondicionada es la solución «más adecuada y viable», según se desprende de «las características del lugar, sus deficiencias de gestión y los usos urbanísticos».

TERRITORI SE OPONE / Las exigencias de los afectados chocan frontalmente con la posición de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, que es partidaria de tapar los residuos y restaurar la zona de forma progresiva «para evitar los efectos negativos sobre la salud y sobre el medioambiente que podría provocar el traslado de los residuos en descomposición que hay actualmente en el recinto». A nadie se le escapa que el coste del traslado de los desechos a otro vertedero podría suponer una desembolso muy elevado que, por el momento, nadie se ha atrevido a evaluar.

Fuentes de la conselleria afirmaron ayer que la clausura de la instalación no tendrá un efecto Castor, ya que no se espera que Recuperació de Pedreres, la empresa que gestiona el vertedero (que estaba a la mitad de su capacidad y de su vida útil), vaya a solicitar una indemnización por el cierre. No obstante, la empresa emitió un comunicado en el que destacó su «sorpresa» por la decisión de Territori y anunció que se reserva emprender las acciones legales que considere oportunas «en defensa de sus intereses por los daños y perjuicios» que se le puedan causar.