La municipalización de la limpieza viaria sobrevuela Mataró un año antes del final del contrato

El Pleno municipal ordinario de Mataró del mes de marzo aprobó una propuesta de resolución para estudiar una posible municipalización de la limpieza viaria y del control de calidad del servicio. La iniciativa parte del grupo municipal de ERC y contó con los votos favorables de los republicanos, la CUP y el gobierno local (formado por el PSC y los dos concejales de En Comú Podem). Junts y Vox se abstuvieron y el PP votó en contra.

La resolución pide "iniciar los estudios pertinentes" en las áreas de limpieza viaria y de control de calidad, servicios recogidos en los lotes 1 y 3 del actual contrato. Todo ello para que los resultados que se deriven del estudio, continúa el escrito de la iniciativa, "puedan conducir hacia la municipalización". La resolución remarca asumir "que hay que preservar los puestos de trabajo, garantizar la viabilidad del servicio y como mínimo, mantener su calidad".

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En su defensa de la propuesta de resolución presentada, el concejal de ERC Joaquim Camprubí recordó que la gestión del agua en la ciudad ya depende de la empresa pública Aigües de Mataró, así como las cuestiones de movilidad o promociones de vivienda, que dependen de PUMSA: "Ese modelo se podría extender, sobre todo teniendo en cuenta los beneficios que podría tener la municipalización y alejándose de los riesgos que genera la privatización, como por ejemplo la precarización de puestos de trabajo, procesos de contratación que no son suficientemente eficientes o la presentación de ofertas oportunistas".

Pese al voto afirmativo de los socialistas, el concejal de Ecologia Urbana del Ayuntamiento de Mataró, Xesco Gomar (PSC), declara que el gobierno local "no contempla la posibilidad de municipalizar la limpieza viaria" en la redacción de la nueva contrata, cuyos pliegues están siendo ya redactados por los técnicos municipales: "Dejamos muy claro que el siguiente contrato tendrá el mismo formato y tipología del actual", que finalizará el 1 de junio de 2026.

Así, Gomar matiza que con su voto afirmativo, el gobierno local "se compromete a hacer un análisis desde el punto de vista técnico de los elementos positivos y negativos, que suponen una tipología de servicio privada y una tipología pública, porque obviamente hay de ambas". El concejal entiende el estudio que se llevará a cabo "como una especie de DAFO", método de planificación estratégica que busca encuadrar la situación de una empresa mediante el análisis de las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades.

En todo caso, sobre el calendario previsto para la realización del estudio, el concejal Gomar detalla a EL PERIÓDICO que, por el momento, "no se cargará ahora mismo con más trabajo al equipo técnico, que ha estado y está trabajando en los temas de la nueva fiscalidad, en la redacción de los nuevos pliegos, con el plan de choque y con la fiscalización de la empresa". La previsión pasa por acabar primero los pliegues del nuevo contrato y, entonces, acometer el estudio sobre la posible municipalización.

Plan de choque en marcha

La propuesta se explica por los recurrentes problemas en el servicio que se han vivido en los últimos meses en la ciudad, que precisaron la implantación de un 'plan de choque' este mes de enero para mejorar el estado de los contenedores y evitar los frecuentes desbordamientos. Sin embargo, a ninguno de los grupos políticos con representación en Pleno municipal se le escapa que tras la resolución subyace una cuestión política. "Algunos piensan que todo ha de ser público y otros apostamos por una colaboración público-privada", sentencia Gomar.

El PP, único partido que votó en contra, fue más allá: "No apoyaremos una propuesta que busca agrandar, aún más, la administración aumentando el coste del servicio para los bolsillos de los vecinos", declaró su portavoz, Cristian Escribano. En el lado contrario del espectro ideológico, el concejal de la CUP en el consistorio, Carlos García, "celebró" que el debate de la municipalización "llegue al Pleno" y añadió que la Ley de Contratos "no solo es favorable, sino que recomienda e insiste en que siempre que sea posible ha de ser la propia administración la que preste los servicios públicos".

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El concejal de Junts Xavier Font coincidió con el PSC en defender un modelo intermedio: "La colaboración público-privada no es mala, no todo ha de ser municipal". "Hay cosas que están municipalizadas y no funcionan bien", advirtió Font. Por su parte, la concejal de Vox Judith Cortés justificó su abstención arguyendo no querer dejar "en manos del PSC" la gestión de la limpieza de la ciudad en caso de que los resultados del estudio apunten a la municipalización.

No faltaron las referencias a lo ocurrido en otros municipios al respecto de la municipalización del servicio de limpieza, la más importante de las contratas de las administraciones locales. Es el caso, por ejemplo, de Vilanova i la Geltrú (gobernado también por un bipartito PSC-ECP), que en octubre de 2024 aprobó definitivamente volver a externalizar el servicio de limpieza viaria, que desde 2022 se prestaba con medios municipales a través de la Compañía de Aigües.