Culebrón judicial
La empresa pública PUMSA de Mataró reclama que el caso del Corte Inglés se aborde por la vía administrativa y no civil
La compañía ha pedido la ampliación de la demanda para recuperar la inversión realizada en el solar de Can Fàbregas y de Caralt, que ha hecho extensiva al Ayuntamiento
Un juez da un plazo de un mes al Ayuntamiento de Mataró para que reconstruya Can Fàbregas

La fábrica de Can Fabregas, antes de ser desmontada, en una imagen de archivo / JORDI BARRERAS


El Periódico
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La empresa publica PUMSA de Mataró ha pedido a la Audiencia de Barcelona que el caso del Corte Inglés sea juzgado por la vía administrativa y no por la civil. La petición llega después de que la empresa haya solicitado la ampliación de la demanda interpuesta para recuperar la inversión en el solar de Can Fàbregas y de Caralt, que ahora ha hecho extensiva al Ayuntamiento de Mataró. Este hecho, según el consistorio, supone el reconocimiento implícito de la dimensión pública de la operación de compraventa.
En febrero de 2024, El Corte Inglés presentó una demanda contra la empresa municipal PUMSA para recuperar por la vía civil la inversión de más de 24 millones de euros que hizo hace más de 15 años para construir un centro comercial en Mataró. En aquel momento firmó un contrato de compra-venta a través del cual se comprometió a mejorar la oferta comercial y la movilidad en el centro de la ciudad, a la vez que acordaba colaborar con la promoción económica y la rehabilitación de patrimonio.
PUMSA presentó una declinatoria al juzgado para que el caso fuese juzgado al contencioso–administrativo. Este argumento fue aceptado en el juzgado de primera instancia, que reconoció la dimensión pública del asunto y declaró su falta de competencia. El Corte Inglés apeló entonces a la Audiencia provincial, que este mes ha estimado su recurso a favor que el asunto vuelva a la jurisdicción civil, contradiciendo al juzgado de primera instancia.
Paralelamente, El Corte Inglés presentó el pasado 14 de febrero la ampliación de la demanda que había interpuesto inicialmente solo contra PUMSA, con quién firmó el contrato de compraventa de los terrenos, y ahora considera también parte implicada el Ayuntamiento. El mismo día, el operador comercial presentó una reclamación previa a la vía judicial civil en el Ayuntamiento de Mataró, que todavía se tiene que resolver.
El Ayuntamiento insiste en que, con estos movimientos, El Corte Inglés reconoce de forma implícita que sí existe interés público en la operación de compraventa. El alcalde de Mataró, David Bote, explicó las novedades sobre el litigio en la Junta de Portaveus municipal, así como en un video que publicó en sus redes sociales el pasado lunes. En él, Bote asegura que "el Ayuntamiento no se quedará de brazos cruzados en defensa del interés general en el caso del Corte Inglés". "No podemos permitir que la ciudad cargue con las consecuencias del cambio de negocio del Corte Inglés, que ha tenido 15 años para tirar adelante el contrato que tiene firmado con la ciudad de Mataró".
Para el consistorio, esta operación no solo suponía la llegada de una locomotora comercial a la ciudad, sino también la construcción de un gran aparcamiento de 839 plazas al lado del centro de la ciudad, además de otros compromisos con el patrimonio local y la dinamización comercial. "La ciudad continuará defendiendo en los juzgados el interés general en respuesta a la ampliación de la demanda que ha planteado El Corte Inglés ―y ha zanjado Bote―. Sea cual sea el terreno de juego, el partido está vivo".
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