El Ayuntamiento exigirá responsabilidades a los agresores

Dos trabajadores de Servicios Sociales de Mataró sufrieron lesiones en la ocupación del edificio

Los grupos municipales condenan de forma unánime las "acciones violentas" del Sindicato de la Vivienda para frenar un desahucio

El edificio de Servicios Sociales de Mataró.

El edificio de Servicios Sociales de Mataró. / Ayuntamiento de Mataró

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El Ayuntamiento de Mataró (Maresme) emitió ayer un comunicado para condenar la "irrupción violenta" de un grupo de personas que causó lesiones a dos trabajadores del área de Servicios Sociales durante la ocupación del edificio. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 29 de junio a las 10.30h cuando unas 60 personas del Sindicato de la Vivienda asaltaron el edificio de Servicios Sociales para frenar un desahucio.

Todos los grupos municipales, sin fisuras, consensuaron un comunicado en solidaridad con el vigilante de seguridad que custodia el edificio y la funcionaria municipal, que fueron agredidos "de forma violenta".

"Lanzaron mobiliario al suelo, profirieron insultos al personal de servicio y exigieron un alquiler social para una familia desalojada por orden judicial de una vivienda ocupada de la calle Valencia", expone el comunicado. Además, el manifiesto también relata que intentaron acceder a espacios "excluidos del público" como la primera planta del edificio, donde se encuentran los despachos de la dirección y técnicos del área.

Como consecuencia, el servicio estuvo paralizado más de dos horas, hasta que la Policía Local y los Mossos d'Esquadra pudieron echar a los ocupantes, los cuales en ningún momento aceptaron marchar de forma voluntaria.

Desde el consistorio señalan que es la tercera vez en los últimos meses que el Sindicato de la Vivienda irrumpe "de forma violenta" en las dependencias de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mataró, "siempre de forma amenazante e intentando coaccionar al personal de Bienestar Social".

Por todo ello, los grupos municipales acordaron de forma unánime instar a las vías judiciales pertinentes para exigir responsabilidades a los organizadores de estas acciones.

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