Mataró aplica el primer recargo del IBI por tener una vivienda vacía durante más de dos años

El programa de inspección de viviendas vacías y mal conservadas que Mataró (Maresme) inició a mediados del mes de junio con la contratación de un equipo de siete profesionales “ha empezado a dar sus frutos”, celebran desde el gobierno local. El Consistorio ha aplicado el primer recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por “vivienda vacía”.

Desde el Ayuntamiento de Mataró explican que, en el primer trimestre de funcionamiento, se han inspeccionado 4.344 viviendas en 527 edificios. Fruto de estas inspecciones, se han abierto 479 diligencias previas que han derivado en 62 procedimientos administrativos (59 personas jurídicas y 3 personas físicas) por “situación anómala de desocupación permanente”.

Así, la mayor parte de estos procedimientos se encuentran en tramitación, pero, como novedad, ya se ha producido la primera declaración de utilización anómala firme que “no puede ser recurrida”, remarcan desde el ejecutivo mataronense. Por tanto, es el primer expediente que permite aplicar el recargo del IBI del 50% a vivienda vacía declarada como tal, uno de los compromisos del Plan de Mandato 2019-2023.

De los que ya se han finalizado los hay por diferentes motivos: 23 se han archivado porque las personas propietarias al recibir el requerimiento los han puesto en el mercado de alquiler o en venta después de que llevaran más de dos años desocupados. También se han captado 6 viviendas para el programa europeo ¡Alquilemos! y otros expedientes están en distintos momentos del proceso.

Esta nueva línea de trabajo en materia de disciplina y movilización de viviendas vacías, "quiere reducir en un 4% el parque de viviendas desocupadas de la ciudad para incidir en el mercado inmobiliario y facilitar el derecho a la vivienda a la ciudadanía", apuntan desde el Ayuntamiento.

Otras sanciones

Por lo que respecta al programa también cuenta con un régimen sancionador que ha abierto 26 expedientes: 21 por no facilitar la función inspectora y 5 por incumplimiento del deber de conservación de las viviendas. Las sanciones propuestas en estos expedientes ascienden a 401.000 euros, sanciones que pueden variar en función de la restauración llevada a cabo por parte del sujeto jurídico responsable.

También se han realizado 8 órdenes de ejecución por falta de conservación y 5 declaraciones de inhabilidad donde han trabajado conjuntamente Vivienda, Policía Local, Salud Pública, PUMSA y Licencias.

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