Los 80 arrendatarios de Mataró que no saben si podrán seguir en sus pisos de aquí a un año

Elisabeth Trujillo (38 años) accedió como arrendataria a los pisos de la zona de El Rengle de Mataró (Maresme) en 2014 “buscando un futuro”, con una opción de compra vigente. En 2019, tras los 5 primeros años, firmó un segundo contrato de alquiler ya sin la citada cláusula. “Si no firmas, te tiene que ir”, recuerda que le dijeron, y acabó firmando “para no perder el piso”. A pesar de “los gastos” y la “falta de mantenimiento”, Trujillo considera que la distribución de su piso de 45 metros cuadrados es “perfecta”, y añade que, tras la subida de precios en el mercado del alquiler, no tendría adónde ir si se ve obligada a abandonarlo. 

Trujillo es una de los 80 vecinos de Mataró que denuncian un cambio en el contrato de alquiler en los pisos de El Rengle que les impide comprar su vivienda tras los diez años transcurridos, tal y como aseguran que les había prometido la propietaria del edificio en el Passeig de Marina, en este caso la Fundación "La Caixa". Los inquilinos afirman que, después de los primeros 5 años de alquiler, se les hizo firmar un segundo contrato donde la cláusula de compra “había desaparecido”, aunque firmaron "confiando en la buena fe" de la finalidad social. Si la entidad propietaria no acaba aceptando la opción de compra, los inquilinos deberían abandonar las viviendas de aquí un año, plazo hasta la finalización de los primeros contratos.

En un comunicado, los vecinos afectados declaran que se les “recomendó no abandonar el piso” para no “perder la oportunidad” de poder comprarlo. Incluso, subrayan, cuando tenían problemas de mantenimiento o la intención de dejar el hogar, se les recordaba esa cláusula que les dejaría la vivienda bajo su propiedad. Las “falsas promesas”, según los afectados, condicionaron sus “perspectivas de futuro”.

En oposición, la entidad bancaria remarca que, aunque “legalmente” no puede pronunciarse hasta octubre de 2021 -cuando finalizan los primeros contratos-, los inquilinos eran “conscientes” de la modificación y firmaron el segundo contrato “sin la cláusula sobre la opción de compra”. “Estamos respetando escrupulosamente el marco legal y los compromisos contractuales adquiridos y rubricados”, afirman fuentes de La Caixa descartando irregularidades.

Sin embargo, los afectados critican el propósito "lucrativo" y la "mala intención" de la entidad en tanto que el conjunto de pisos objeto de la pugna eran de protección oficial, dirigidos a personas en situación de precariedad y con ingresos mínimos. El Servei d'Habitatge de Mataró concluyó que "el planteamiento" de los afectados "coincidía" con el estudiado por la Administración local. 

Una "signatura masiva"

Entre los 78 vecinos del bloque de pisos hay tres casuísticas distintas. Una treintena de personas, que firmaron sus contratos en 2011, cuando la promoción empezaba a funcionar, vieron caer la cláusula de compra en la segunda firma. Un vecino, al recibir la copia del segundo contrato en marzo de 2017, se percató de dicha ausencia.

La firma del segundo contrato se celebró en el Hotel Ciutat de Mataró en octubre de 2016, y según explica uno de los afectados, Roberto Muñoz (40 años), fue una “signatura masiva”, que les “impidió” ser “atendidos individualmente”. 

En segundo lugar, están los que firmaron su contrato en 2016, cuando ya no se ofrecía opción a compra, aunque Roberto explica que algunos de sus vecinos “tuvieron la sensación” de que se les “ofrecía de palabra”. Y, finalmente, hay algunos casos excepcionales de vecinos -"un par o tres", puntualizan- que a día de hoy aún mantienen la opción de compra, ya que no han transcurrido los cinco años y no han firmado todavía la renovación.

El caso puede acabar en los tribunales

La abogada de los afectados, Patrícia Llorens, está preparando la demanda judicial que empezaría su curso "si los vecinos deciden la semana que viene tirarla adelante", explica la letrada. Preguntada por las expectativas judiciales, Llorens considera que la entidad “no quiere ver tocada su imagen”, y que hay posibilidades de llegar a un acuerdo durante el juicio, aunque "no cederán y solo aceptarán la opción de compra", lamenta.

El pasado 3 de septiembre, la problemática llegaba al pleno municipal del Ayuntamiento de Mataró. A raíz de una pregunta del portavoz de ERC, Francesc Teixidó, la concejala de Vivienda, Sarai Martínez (En Comú Podem Mataró), ofreció la “disposición” del gobierno municipal para “atender” cualquier solicitud “en la medida de nuestras posibilidades”. Martínez también contó que, tras un “contacto” con los arrendatarios en abril de 2019, se envió la documentación al Servei d’Habitatge, quien concluyó que “el planteamiento” de los afectados “coincidía” con el estudiado por la administración.

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