"Estuve dos meses entrando y saliendo de mi piso por la ventana"

Todos los lunes y miércoles, la Plataforma d’Afectats per la Crisi i el Capitalisme (PACC) abre las puertas de la antigua sede de Caixa Laietana de Mataró en el barrio del Pla d'en Boet (Ronda Francesc Macià, 40). El horario de apertura es a las seis de la tarde pero sin embargo antes del comienzo de la asamblea ya hay cola en la calle. Y es que, en un día “normal”, la plataforma puede llegar a atender a más de 80 personas, la mayoría familias con procesos de desahucio inminentes.

La PACC es una asociación sin ánimo de lucro con alma anticapitalista y asamblearia que tiene por objetivo luchar por el derecho a una vivienda digna. La plataforma tiene su origen en Badalona, pero hace cuatro años un núcleo duro de activistas decidieron replicar la fórmula en Mataró.

Una de estas personas es Maya Sedano, portavoz y activista de la P.A.C.C., que va dando la bienvenida a los asistentes. Todos la conocen. De pequeña explica que estudió en un colegio republicano, laico y mixto y que eso la acostumbró a la lucha social; “no he nacido para mirar hacia otro lado”, afirma. En su flanco izquierdo, en una columna de la sala, hay un póster que reza: “La banca nos roba, nos empobrece, nos desahucia y nos mata”.

Antigua caja de ahorros ocupada

Paradójicamente, la sede de la PACC -junto con otras plataformas, asociaciones y sindicatos- se encuentra en una antigua oficina de Caixa Laietana ocupada. En el 2012, la entidad fue dada de baja como caja de ahorros a causa de la pérdida del negocio bancario que pasó a realizar Bankia, posteriormente fue rescatada por el Gobierno. “Ahora este sitio es del pueblo y para el pueblo”, afirman desde la plataforma, que ya roza los 800 socios. “Cada familia paga cinco euros y así es cómo nos autogestionamos”, explica Bernat Aranyó, un joven activista de 23 años.

El local también dispone de una pequeña biblioteca con juegos infantiles para que los hijos de las familias que vienen a pedir ayuda tengan un espacio de ocio tranquilo, lejos del drama adulto. Sin embargo, en la sala principal el ambiente es más optimista de lo que cabría esperar. “Si no fuese por Maya y su equipo, mi mujer y mis siete hijos nos habríamos quedado en la calle”, comenta el gambiano Ali Jamegay.

La asociación ‘antidesahucios’ logró ubicarlo en un piso de un miembro de la plataforma mientras no se solucionaba su situación. Ahora Jamegay vive en una vivienda social de la Generalitat. Y desde entonces no para de sonreír, pero sigue viniendo a las asambleas para ayudar “en lo que pueda”. Y es que hay una regla no escrita en la PACC: si ellos te ayudan, hay que comprometerse con la causa y colaborar. 

“¡Viva la PACC!”, grita el marroquí Ahmed Mammouamri con el puño en alto, quien también ha venido a echar un cable en lo que sea. A Mammouamri le quedan nueve meses para jubilarse. Tiene 65 años y ha vivido siete intentos de desahucio en los últimos años. Explica a EL PERIÓDICO que le pagó 1.000 euros a un paisano suyo para quedarse a vivir en el piso de éste, ya que el conocido volvía a Marruecos durante un tiempo. El piso era propiedad de un banco (Abanca) y pendía una orden de desahucio sobre él. 

La PACC logró parar hasta siete desahucios e intentó negociar con el banco “pero este no quiso saber nada”, lamenta Mammouamri. En el último intento de echarlo de la vivienda afirma que le llegó una orden de desahucio abierta, sin día ni hora específicos, así que la plataforma montó guardias para vigilar el piso, pero fue imposible evitar el temido lanzamiento. “Vives con mucha tensión”, describe el hombre. Afortunadamente un conocido le dejó quedarse en una habitación "tan pequeña como esta mesa", dice señalando la que está en la sala de reuniones. 

Finalmente, el pasado octubre la mesa de emergencia de la Generalitat le concedió un piso social. Mammouamri guarda la conversación de cuando le dieron la noticia en el whatsapp como si de un tesoro se tratase. Ahora paga 147 euros por su hogar, que es de la Agència de l'Habitatge de Catalunya. Pero no todos han tenido tanta suerte.

Se avecinan malos tiempos

La PACC no cesa en denunciar que Mataró necesita más vivienda social y pisos de alquiler asequible. Para ellos, la ciudad está viviendo una situación de emergencia habitacional. “El 2018 participamos en 82 desahucios, pero ya llevamos más de 20 en estos dos últimos meses y cada vez va a peor”, explica Aranyó. “Ya se lo advertimos al alcalde David Bote cuando vino a visitarnos de forma informal, pero seguimos sin entender la inacción de la administración”, agrega Sedano.

Sin embargo, fuentes municipales contactadas por este diario afirman que Mataró es "uno de los municipios con un parque de vivienda pública más grande por habitante y con una oferta social mayor". Según el Ayuntamiento, éste gestiona 271 viviendas protegidas con precios por debajo del mercado de las cuales, 104 tienen un alquiler adaptado a la situación de cada persona (lo que, según el consitorio esto le cuesta unos 200.000 euros al año).

Paralelamente, a principios de marzo, el consistorio informó que la Policía Local había abierto 450 expedientes por ocupaciones de viviendas o locales desde junio de 2017. 

Los casos conocidos por la Unidad de Convivencia y Civismo están repartidos por toda la ciudad, si bien se ha registrado un mayor número de expedientes en los barrios de Cerdanyola, Rocafonda y Centre-Eixample. Según afirma el Ayuntamiento, esta unidad se creó con el objetivo de luchar contra las ocupaciones indiscriminadas de pisos “que provocan problemas de convivencia y, de paso, contribuyen a disminuir el parque potencial de viviendas para el alquiler social y asequible”. 

Sin embargo, los activistas de la PACC afirman a este diario no estar de acuerdo con la actuación del Ayuntamiento. “Es evidente que hay pisos ocupados pero, ¿qué ha hecho la administración para impedir estas ocupaciones?”, se pregunta Aranyó. “En su momento se podrían haber expropiado viviendas o haber sancionado a las entidades bancarias y a los fondos buitre que tenían estos pisos vacíos, y no permitir que las mafias hicieran sus propias leyes”, sentencia. Unas mafias, que se lucran de las necesidades de familias vulnerables, como le pasó a Larisa Iamani.

Un desahucio inminente

Este miércoles ha sido un día especialmente delicado para Iamani ya que la plataforma estudia cómo parar su desahucio previsto para la siguiente mañana. Lulú -como prefiere que la llamen- se pasea por la sala, nerviosa, con una camiseta de la PACC, mientras reparte unos pequeños panfletos entre los asistentes para difundir su situación. Muchos han venido a apoyarla. 

Lulú responde sonriente a las preguntas de este diario pero es “su mecanismo de defensa cuando está nerviosa”, justifica, y no es para menos. Con 29 años y madre de un niño pequeño se enfrenta a quedarse sin el hogar en el que ha vivido durante cuatro años. Un hogar que, por otro lado, nunca ha contado con los suministros básicos como el agua, que ella dice recoger de la fuente de detrás de su bloque.

Cuando emigró desde Rumanía necesitaba un sitio donde quedarse, “no tenía ingresos y estaba desesperada”. Un conocido le alquiló una vivienda por 300 euros al mes, “un chollo”, pensó. Tras el contrato verbal algo raro empezó a suceder desde los primeros días: los vecinos se opusieron a que viviera en el bloque y le cerraron la puerta principal. Durante dos meses tuvo que entrar y salir de su piso por la ventana. “Al final un vecino me dio la llave de la entrada principal porque el niño tenía que ir al cole”, comenta. 

Resulta que el piso no era del supuesto arrendador -Iamani afirma que “fue estafada”- y en realidad Lulú estaba ocupando ilegalmente una vivienda, propiedad de CaixaBank, que ella dejó de pagar. Según informa la PACC, la entidad bancaria vendió el piso a un fondo buitre australiano llamado Coral Homes y la parte demandante no quiso negociar en ningún momento, a pesar de que Lulú asegura poder pagarles un alquiler social.

Lamentablemente para Lulú, este jueves se personaron cuatro furgones ARRO y tres patrullas de los Mossos de Esquadra que efectuaron el desahucio de su piso. Según Bernat Aranyó, durante la actuación policial hubo dos detenidos, ocho identificaciones y cinco activistas heridos leves, entre los cuales la propia Maya Sedano que cayó al suelo tras rebotar contra un retrovisor de un coche al ser empujada por uno de los agentes.

Daños colaterales

La mayoría de familias que han pasado por un proceso de desahucio han sufrido algún tipo de daño psicológico a consecuencia de la situación, como atestiguan varios miembros de la PACC. “Cuando pasas por algo así es muy fuerte. Te ningunean, por no decir que te maltratan. Un desahucio te puede crear una grave depresión y aquí los trenes pasan cada pocos minutos”, lamenta el activista de la plataforma Paco Sancho.

Sancho explica que la hija de una las socias está siendo tratada en un hospital porque no ha podido aguantar la situación. “Imagínate que eres una persona cumplidora y trabajadora pero que llega un punto en que no puedes pagar tu casa, tu hogar. ¿Qué haces? De momento ya dejas de dormir. Los desahucios matan”, sentencia.

Sin embargo, la trayectoria de la P.A.C.C. también está llena de historias de superación. Es el caso de un escultor -que prefiere no identificarse- que este miércoles ha venido a entregar un regalo a la plataforma en agradecimiento por parar su proceso de desahucio. Delante de todos, el artista muestra una escultura con una base de madera “que representa una casa deformada” pero que de sus cimientos nacen dos sinuosas líneas de hierro que simbolizan un hombre y una mujer que, a pesar de las dificultades, “han logrado estirarse juntos hacia arriba”. “Mi obra representa la encarnación de Maya y sus ejércitos que cuando todo parecía perdido gritaron: ¡ahora o nunca!”, concluye el escultor ante los aplausos y los puños alzados de los asistentes.

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