Mataró también demandará a la Generalitat por los impagos de las guarderías

El Ayuntamiento de Mataró, como ya han hecho otras localidades catalanes, también demandará la Generalitat de Catalunya por haberse desentendido del deber de cofinanciar las guarderías municipales desde el año 2011. A partir de esta fecha el ejecutivo convergente del presidente Artur Mas, con Irene Rigau como responsable de la Conselleria de Educación, redujo la aportación por alumno y año progresivamente de los 1.800 a los 1.300 euros, para suprimir toda financiación a partir del 2014.

El consistorio de la capital del Maresme, desde octubre del 2017 exclusivamente en manos de los socialistas después que CiU rompiera el pacto de gobierno, aprovechará el camino arado por otros Ayuntamientos para elaborar su propia demanda que espera tener lista para finales de enero o principios de febrero. “En estos momentos estamos recogiendo información para presentar una demanda en consonancia con las sentencias que han sido favorables y no hacer un paso en falso”, ha asegurado en declaraciones a este periódico el concejal de Educación del Ayuntamiento de Mataró, Miquel Àngel Vadell.

Hasta ahora habían obtenido sentencias favorables del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) los ayuntamientos de Cornellà, Esplugues, L’Hospitalet de Llobregat y Sant Joan Despí.  Pero el pasado 12 de enero esta misma autoridad judicial también dio la razón a 26 municipios más que habían presentado su demanda de forma conjunta mediante el Fòrum d'Alcaldes i Alcaldesses per l'Educació a CatalunyaFòrum d'Alcaldes i Alcaldesses per l'Educació a Catalunya, del cual no forma parte Mataró. Una noticia que ha provocado que muchos ayuntamientos también se planteen presentar demandas.

Cuestiones pendientes

Dos informaciones importantes deberá despejar el informe que en estos momentos están elaborando los técnicos del Ayuntamiento de Mataró. Por un lado, la cantidad que se reclama a la Generalitat de Catalunya por los años impagados. La capital del Maresme tiene 9 guarderías y 1300 alumnos, por lo tanto, el importe podría oscilar entre los 2 y 4 millones de euros. Hasta ahora el gobierno catalán ha sido condenado a pagar 2,3 millones a Cornellà, 1.015.750 euros a L’Hospitalet, 1.066.000 euros a Esplugues y 16 millones a la agrupación de 26 municipios.

Y, por otro lado, si en la demanda se tendrá en cuenta la aportación de la Diputación de Barcelona, institución que substituyó la reducción de las aportaciones del gobierno catalán con 875 por alumno, ya que respecto este tema, en las dos sentencias referentes para el Ayuntamiento de Mataró, Cornellà y L’Hospitalet, la valoración ha sido diferente.  En el caso de L’Hospitalet, el TSJC reconoció el derecho de cobro de los 1.300 euros por alumno del 2012 al 2015, pero descontó los 875 euros que durante estos años había pagado la Diputación de Barcelona.

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