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Las discotecas de Mataró se oponen a pagar un 'impuesto del botellón'

Acusan al Ayuntamiento de "criminalizar el sector" e instan a la administración a erradicar el consumo de bebidas en la calle

ACN / MATARÓ

El Gremio de Hostelería y Turismo de Mataró y el Maresme ha expresado su oposición frontal al pago de un impuesto del botellón por parte de las empresas de las zonas de ocio nocturno. 

Después de que la semana pasada el Ayuntamiento avanzara que estaba estudiando implantar una tasa para gravar a las discotecas por el impacto provocado por los jóvenes que transitan por el Pla d'en Boet, los empresarios se desmarcan de la suciedad y los desperfectos hay en esta zona. 

En un comunicado, el gremio reprocha al Ayuntamiento que esté "criminalizando" el sector y sostiene que la práctica del botellón no es responsabilidad de las discotecas. Los empresarios remarcan que todos los locales velan para que ningún cliente saque bebidas en la calle, por lo que instan a la administración a ocuparse de la erradicación del consumo de alcohol en la vía pública.

El Gremio de Hostelería apunta que la suciedad acumulada en las calles del Pla d'en Boet durante las noches del fin de semana viene provocada por las bebidas que los jóvenes compran a diferentes comercios, y subraya que en ningún caso se trata de envases provenientes de de las discotecas. 

Así, los empresarios recuerdan que ya pagan las correspondientes tasas de basura para la basura que se genera en el interior de los locales y matizan que, si se detecta alguna discoteca que deja sacar bebidas en el exterior, el Ayuntamiento se ha encargarse de sancionar de forma concreta.

EL BOTELLÓN, UNA LACRA SOCIAL EXTENDIDA

En el comunicado emitido este lunes, el sector remarca que la práctica del botellón está prohibida por parte del Ayuntamiento, si bien lamenta que se trata de una "lacra social" extendida en la vía pública. 

Por este motivo, insta a las administraciones públicas a remediar la situación y asegura que los empresarios dan pleno apoyo a todas las medidas que se implanten para erradicar el consumo de bebidas en la calle. Siempre y cuando, subrayan los empresarios, esto no conlleve "criminalizar un sector que es ajeno a estas prácticas".

En este sentido, proponen que la Generalitat vete el acceso de los menores de edad en las discotecas. Según cuentan, el hecho de que ahora se permita la entrada de los jóvenes a partir de los 16 años propicia que éstos se dediquen a hacer botellón en la calle y se multiplique la suciedad. Asimismo, apuntan que su presencia en el interior de los locales también dificulta el control en la venta de bebidas. 

Aunque los camareros no sirvan alcohol a los menores de edad, los empresarios admiten que la picaresca de los jóvenes y los amigos mayores de edad acaba eludiendo la normativa.

Al mismo tiempo, el colectivo empresarial considera que la tasa que estudia crear el Ayuntamiento es una reacción "exagerada" a los hechos ocurridos a principios de año en el Bar The Bot de Mataró, donde se hizo un espectáculo de tipo sexual con la posible presencia de menores en la sala. El gremio insiste en que aquello fue un hecho "concreto y aislado", y recuerda que ya está el manos de la justicia.

"NO SOMOS RESPONSABLES DE LOS DESPERFECTOS DE LA ZONA"

Por otra parte, en cuanto a la iluminación, la limpieza y la seguridad de la zona del Pla d'en Boet, los empresarios del ocio nocturno aseguran que ellos no son los responsables de los desperfectos o actos incívicos que se producen los fines de semana. Asimismo, aprovechan el comunicado para apuntar que han detectado varias carencias en la zona, las cuales se ofrecen a resolver de la mano de la administración.

Finalmente, el Gremio de Hostelería lamenta haberse enterado a través de los medios de comunicación de la nueva tasa que estudia implantar el Ayuntamiento, y aseguran que el gobierno municipal no les ha convocado a ninguna reunión ni comisión de trabajo para abordar la problemática derivada del gran volumen de jóvenes que transitan por las calles del Pla d'en Boet las noches del fin de semana. "Es una obligación de las administraciones públicas comunicar y establecer puentes de diálogo con los representantes del sector", espetan los empresarios.

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