La dimensión política de la digitalización industrial

Estudiar qué significa la digitalización en España (y Catalunya) requiere una perspectiva global. Los avances tecnológicos se presentan por oleadas. La primera ola de tecnología digital ha permitido -en los últimos 40 años- que las empresas sean más eficientes reduciendo sus costes internos de coordinación y generando economías de escala para su internacionalización.

La segunda ola puede caracterizarse por la emergencia de los gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Apple y Facebook. Estos gigantes -que se denominan plataformas- han creado nuevos mercados (la búsqueda, las ‘apps’, los móviles inteligentes o la publicidad programática, entre otros) y los interconectan. Es decir, estas plataformas gobiernan subvenciones cruzadas a escala global generando formas de regulación económica de facto. 

Las plataformas digitales han facilitado las actividades del ‘off-shoring’. Sin internet, no se entendería que India sea un líder en producción de ‘software’ o China la fábrica del mundo. Estas plataformas han creado procesos disruptivos a nivel de empresa e industria. En medios de pago, tenemos ejemplos como el de Apple Pay. Google está transformando la industria del automóvil con su Google Car. Amazon y JP Morgan se han incorporado al sector salud en los EEUU con la intención de ofrecer servicios más eficientes. La economía además es cada vez más dependiente de los datos. En el 2016 Alphabet, Microsoft y Amazon gastaron 32.000 millones de dólares en centros de proceso de datos (‘data lakes’).

Los efectos de la transformación digital

Los efectos económicos de la digitalización están todavía lejos de comprenderse en su totalidad. Algunos apuntes. Para competir sabemos que las claves pasan por el conocimiento, esto es la cualificación de las personas, la innovación tecnológica y el I+D. En España, entre el 2009 y el 2016 se ha reducido la inversión en I+D un 6% en la empresa, frente a crecimientos del 62% en el Reino Unido o del 35% en Alemania. Según la empresa de estudios de mercado IDC, el 55% de las empresas europeas han digitalizado alguna función o proceso. En España lo ha hecho el 35%. Una economía dependiente del conocimiento requiere profesionales cualificados. En España son 430.000 personas cualificadas las que han abandonado el país entre el 2009 y el 2015, según informaba EL PERIÓDICO recientemente.

Por ello, la digitalización tiene una lectura política que no podemos ignorar. El problema ya no es de producción y de distribución de bienes. El problema es cómo y dónde se genera la riqueza; cómo se accede a los medios de producción; y cómo se distribuyen las rentas. Para situar a España, pensemos a escala global: la pobreza extrema se ha ido reduciendo en los últimos años, como efecto del ‘off-shoring’, el comercio internacional y la digitalización. Por otro lado, está la potencial precarización producida por la automatización, los nuevos formatos de empleo-a-demanda (‘uberización’) que afectan sobre todo a rentas y niveles de cualificación medios. Los trabajos poco cualificados no tienen riesgo de ser sustituidos por máquinas, no es rentable, por el momento. Queda mucho por investigar ante este fenómeno. Por ejemplo, Alemania y Corea, dos de los países que presentan mayor penetración en robotización en sus procesos productivos, no se observa impacto en el empleo, es más, lo generan de alta cualificación.

España, frente a dos presiones

Así que España dentro de la UE está sometida a estos dos grandes tipos de presiones. La primera, como se ha argumentado, es la transferencia de rentas a países más pobres y máquinas por la automatización. Por otro lado, la concentración creciente de riqueza en nuevas élites globales que controlan tecnología e información. Por ejemplo, entre las 15 empresas de mayor cotización del mundo, nueve son tecnológicas. Y existe un fuerte componente geoestratégico. Hoy en día el 65% de empresas unicornio (valoración de más de 10.000 millones de dólares están repartidas entre los EEUU y China, que además han lanzado programas estatales de impulso a la inteligencia artificial. 

Existen estudios que alertan que estas nuevas élites –por su alto grado de movilidad (pueden trabajar donde quieran)- puedan caer en el desarraigo e indiferencia hacia la forma de gobierno de los países donde residen.

Creo que debería abrirse el debate en España sobre sus riesgos económicos, sociales y políticos a largo plazo: esto es debatir sobre el modelo productivo, la educación y el papel del Estado en el fomento económico. De ahí las iniciativas de Finlandia y Francia en el fomento de proyectos de inteligencia artificial a nivel de Estado, haciendo énfasis en la educación y el I+D. En contraste, España (y Catalunya) descapitaliza de talento, adopta con lentitud la innovación digital y se retrae en I+D privada. Esta situación pone en riesgo instituciones y el propio funcionamiento de la democracia. No existen soluciones fáciles, ni milagrosas, ni cortoplacistas. Por ello, considero que es el debate a largo plazo el que debería figurar como prioridad en la agenda política del país.