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Ocho líderes sociales en la diana

Ocho líderes sociales en la diana

Defensores de los derechos civiles en Colombia, amenazados de muerte, hablan de la violencia que sufre el país

Javier Sulé / Miguel Sangüesa

Colombia es un país soñado. Tiene de todo: montañas majestuosas, una gran riqueza hídrica con ríos que parecen mares, dos océanos, 105 poblaciones indígenas, comunidades afrodescendientes y mestizas, y es uno de los lugares más biodiversos del mundo. Pero es también un país sumamente desigual y excluyente, consumido por la corrupción, con una clase política y unas élites mayoritariamente indolentes, y con una historia en medio de una violencia que parece no tener fin. 

Estas últimas semanas han sido especialmente convulsas. Primero, la masacre de seis indígenas en el norte de la región del Cauca por la defensa de su territorio, luego la dimisión del ministro de Defensa, Guillermo Botero, por haber ocultado la muerte de ocho menores tras un bombardeo del ejército supuestamente contra disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, y finalmente un estallido social que llevará para siempre asociado el nombre de Dylan Cruz, el joven estudiante asesinado a quemarropa por la policía antidisturbios. 

El estallido social quedará asociado
para siempre a
la muerte por la
policía del joven
Dylan Cruz

La oleada de protestas que en las últimas semanas recorre algunos países de América Latina como Chile o Bolivia ha tenido en Colombia su propio punto de inflexión. El llamamiento de los sindicatos a una huelga nacional contra el paquete de medidas económicas del gobierno desembocó en una movilización histórica de cientos de miles de personas por todo el país. El paro canalizó toda una suma de insatisfacciones de amplios sectores de la sociedad, no solo frente a la política económica del gobierno y la corrupción, también frente a los incumplimientos de los acuerdos de paz o frente al incesante asesinato de líderes y lideresas sociales en el país.  

Efectos letales

Y es que el estallido coincidió precisamente con el tercer aniversario de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, reconvertida en partido político, donde Colombia parecía tener ante sí la oportunidad histórica de emprender un nuevo camino y construir un país distinto. Tres años después, Colombia dista mucho de haber alcanzado una verdadera paz. Lo lamentan los líderes y lideresas sociales del país que ven como su cumplimiento íntegro está en peligro por culpa del gobierno del presidente Iván Duque, que nunca los vio con buenos ojos y cuya ambigüedad en torno a su implementación tiene efectos letales en los territorios a los que aún no ha llegado el Estado. 

Unos 4.500 
defensores de
los derechos
humanos llevan protección
personal

Son los líderes y lideresas sociales, sus organizaciones sociales y las comunidades los que llevan tiempo luchando por intentarle cambiar la cara a Colombia en unas condiciones muy difíciles, enfrentándose a poderes económicos, políticos y grupos armados que les amenazan y les matan. Las cifras asustan. Según la Defensoría del Pueblo, 486 defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinados en el país desde la firma de los acuerdos de paz. Unos 4.500 cuentan además con un esquema de seguridad del Estado y han de moverse en coche blindado y llevar escoltas armados. Con todo, aseguran haber perdido el miedo y siguen poniendo voz a los que no la tienen, clamando por unas condiciones de vida dignas para sus comunidades. 

A continuación, hablamos con ocho de ellos:

ELIZABETH PABÓN

Lideresa campesina

Elizabeth Pabón. /JAVIER SULÉ

«Si nos callamos, las cosas va a ir a peor»

El Catatumbo es un territorio de la región del norte de Santander, fronterizo con Venezuela, que no ha vivido un minuto de paz en 30 años pero caracterizado también por  sus fuertes luchas sociales como respuesta al abandono del Estado. La Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) es una de sus organizaciones más representativas y Elizabeth Pabón, una humilde campesina de 48 años, su presidenta. «A una se le saltan las lágrimas cuando piensa que nuestra lucha es porque todos seamos iguales, y por eso nos amenazan y nos están matando, porque reclamamos nuestros derechos, porque hablamos por los que no hablan y entonces nos quieren callar, más aún en esta región rica en recursos naturales donde hay muchos intereses de las multinacionales que quieren apoderarse del territorio», explica.

Cinco miembros de ASCAMCAT fueron asesinados el año pasado. Pabón siempre los recuerda. «Las muertes duelen, pero si nos quedamos callados las cosas van a ser peores. Aquí la pobreza es mucha y la única presencia del Estado es la militar. Si usted ve esa escuela que hay allá y esa luz que pasa por aquí es porque siempre tuvo que haber un paro o una marcha que reclamara que eso se hiciera. Es la única forma para que el gobierno nos cumpla», afirma esta lideresa que nunca imaginó que se movería por su tierra en coche blindado y protegida por escoltas armados. 

IRENE RAMÍREZ

Lideresa campesina

Irene Ramírez. /JAVIER SULÉ

«No queremos escoltas, sino trabajar en libertad»

La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) tiene 23 años de historia y nació para hacer frente al paramilitarismo y a la represión estatal al mismo tiempo que reivindicaba una zona de reserva campesina como figura de protección territorial. Tras sufrir la persecución y judicialización de sus dirigentes, acabó ganándose el reconocimiento por su trabajo en favor de las comunidades de la región del Magdalena Medio. Irene Ramírez es su presidenta. 

«Mis padres eran desplazados y nací en medio de esa violencia de ver cómo matan al vecino o cómo dejan al hijo sin padre. Ahora están matando a los líderes sociales y hay que hacer algo para que mis nietos vivan mejor que yo en un país libre y sin violencias, en un país que nos reconozca como campesinos y no nos señale por lo que hacemos, que no es más que proteger el medio ambiente y la cultura campesina de los intereses de las multinacionales y la inacción del Estado», señala.

Hoy, el mismo Estado que les perseguía, les ofrece medidas de protección por las amenazas que siguen recibiendo.  «Nosotros no queremos que nos pongan un escolta o un chaleco; queremos hacer nuestro trabajo libremente, que el Estado lo respete y lo respalde. Las instituciones deben acompañar y fortalecer nuestras rutas de protección y autoprotección, las que generamos desde las comunidades», añade. 

MAURICIO SÁNCHEZ

Líder acroecológico y minero

Mauricio Sánchez. /JAVIER SULÉ

«Al que habla, lo matan»

Es un dirigente social de la asociación AHERAMIGUA, que organiza comunidades agroecológicas y mineras en Guamocó, entre el nordeste de Antioquía y el sur de Bolívar. En esta zona se ejerce desde hace décadas la minería artesanal, una  actividad perseguida por el gobierno que apuesta por un modelo extractivista de megaproyectos mineros mucho más dañinos para el medio ambiente y para el tejido social. «Nosotros no nos queremos ir de la región: vivimos, trabajamos y nos desarrollamos en el campo. Aquí tenemos solidaridad, confianza y camaradería. La minería artesanal es nuestra manera de trabajar y resistir en el territorio. Vamos sacando el mineral poco a poco, cuando necesitamos. Si explotamos todo el oro, como quiere hacer la megaminería, nos quedamos sin nada», dice. 

Para él, son muy preocupantes las relaciones entre grandes empresas, ciertos políticos locales y grupos armados. «Hay municipios con gran infiltración paramilitar, donde ellos hacen las leyes, ponen y manipulan a los alcaldes. Aquí todo el mundo sabe de la connivencia entre las multinacionales de la megaminería y los paramilitares, pero nadie se atreve a decirlo porque al que habla lo matan. Desde la asociación hemos tratado de denunciarlo y ya nos han asesinado a cuatro compañeros», lamenta. 


CÉSAR RUIZ

Líder cocalero

César Ruiz. /JAVIER SULÉ

«Temo ser asesinado»

Se desplaza por la convulsa región cocalera del Catatumbo en una destartalada motocicleta. Cualquier movimiento lo hace junto a dos acompañantes internacionales de la ONG catalana International Action for Peace que con sus visibles chalecos naranjas le generan espacios de seguridad y tienen un efecto disuasorio contra las amenazas. Y es que este dirigente de la  Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, (COCCAM), la plataforma que aboga por una sustitución de cultivos de coca concertada con las comunidades, tal como estipulan los acuerdos de paz, se mueve en aguas turbulentas.

«He recibido amenazas que no sé de dónde vienen. Me siento en  alto riesgo de ser asesinado», afirma, siendo consciente que la coca es ahora mismo la única economía que garantiza el sustento a las familias en su región.

«El gobierno –añade Ruiz– tiene que cumplir e implementar los proyectos productivos alternativos y garantizar su comercialización. Los líderes sociales nos estamos echando esta carga al hombro: concienciar a la gente, convocar y acompañar en la sustitución de cultivos, explicar que es la mejor salida. Y recibimos amenazas y nos asesinan porque ponemos en riesgo la economía de muchas personas, de grandes empresarios con implicaciones políticas». 

SORAYA GUTIÉRREZ

Abogada defensora de derechos humanos

Soraya Gutiérrez. /JAVIER SULÉ

«He vivido el pánico»

Asumió como compromiso de vida ser defensora de derechos humanos a sabiendas de los riesgos que esa actividad conlleva en Colombia. Lleva más de 20 años como abogada en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo donde ha aprendido a manejar el estrés y el miedo ante amenazas y atentados.

Solo flaqueó el día que recibió un paquete en su casa con una muñeca descuartizada y un mensaje que decía: 'Usted tiene una familia muy linda, no la sacrifique'. «Entré en estado de pánico y creí que no sería capaz de quedarme en Colombia, pero tampoco me veía exiliándome», recuerda.

Por su defensa a víctimas de crímenes de Estado sabe de la inhumanidad de la guerra y de las cloacas del terrorismo estatal.

Para esta mujer que conoce bien las entrañas de este país, no hay otro camino que apostar por una Colombia distinta.

«Necesitamos un país donde el campesino pueda gozar de su tierra y su territorio –apunta la activista–, donde las comunidades indígenas puedan ejercer su derecho propio, donde no exista ese nivel de intervención de empresas extractivas que acaban con el medio ambiente. Queremos un país donde los niños puedan disfrutar de la educación, donde la gente pueda ejercer su derecho de opinión, de organización y su derecho a pensar distinto sin que sea perseguido ni exterminado». 

WILLMAN GONZÁLEZ

Líder social

Willman González. /JAVIER SULÉ

«Uno se expone mucho»

Se define como «un habitante más de la región, un padre y esposo comprometido con sacar un proceso social adelante». Hijo de uno de los líderes históricos de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2019, ejerce como líder social en el municipio de Carrizal, en el nordeste de la región de Antioquía. «Aquí uno se expone mucho, porque les dices las verdades a la cara a todos: Ejército, paramilitares y guerrilla del ELN. Yo trabajo para la comunidad y no distingo entre grupos armados». 

González (en el centro de la foto), hermano de una víctima de los llamados «falsos positivos» –jóvenes asesinados por el Ejército y presentados como guerrilleros muertos en combate–, cree que la paz debe hacerse de manera integral para que sea verdaderamente estable y duradera.

«En la región –asegura el activista–, hemos vivido muchos años de conflicto y represión estatal; masacres, bloqueos económicos, bombardeos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias… En las inmediaciones de Carrizal tenemos un Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación (ETCR) donde los ex combatientes de las FARC completan su tránsito a la vida civil. Es bonito ver a las personas que salieron de las armas trabajando en el campo y participando en los espacios de la comunidad. Beneficia a todo el territorio».

DORIS RIVERA

Defensora de los derechos humanos

Doris Rivera. /JAVIER SULÉ

«Hay que perder el miedo»

Es encargada de relaciones internacionales en la Fundación por los Derechos Humanos en el Centro y Oriente de Colombia (DHOC). Tenía 18 años la primera vez que fue desplazada por culpa de la violencia. De su Magdalena Medio natal llegó al municipio de Vistahermosa, en la región del Meta, donde empezó su labor comunitaria con clases de alfabetización a campesinos. Desde entonces, ha estado ligada a la defensa de los derechos humanos, lo que le ha supuesto seguimientos, amenazas y atentados. Debido a ello, necesita moverse con un coche blindado y escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), igual que otros 4.500 activistas en el país. 

«Para mí, ser lideresa social es denunciar terribles injusticias por parte del Estado y perder el miedo a reclamar. Ha marcado mi día a día y el de mis hijos». Rivera denuncia la falta de garantías tras la firma de los acuerdos de paz: «En el papel, se firmaron unos acuerdos casi perfectos, pero a las comunidades no nos han cumplido».

También resalta Rivera las condiciones precarias de gran parte del campesinado. «En algunos lugares no hay luz ni agua potable, ni acceso a la salud ni a una buena educación. Hay gente incluso pasando hambre y nos preocupa que los jóvenes puedan unirse a los nuevos grupos armados por falta de alternativas», advierte esta activista. 

EDILBERTO DAZA

Líder social

Edilberto Daza. /JAVIER SULÉ

«La paz no va a ser fácil»

Ejerce como líder social desde los 13 años cuando llegó con su familia al municipio de Puerto Rico, en el Meta, y comenzó a organizarse para suplir la falta de escuela e infraestructuras. Ante los atropellos de las fuerzas públicas, fundó la organización de Derechos Humanos Bajo Ariari, antecesora de DHOC. «Una vez los paramilitares me secuestraron tres días para matarme. Lo triste es que lo hicieron coordinados con el Ejército en la zona», recuerda.

En el 2017, Daza (a la izquierda de la foto) participó en Catalunya en un programa de acogida temporal de defensores de derechos humanos amenazados. «La sorpresa en Europa es que había personas que pensaban que al firmarse un acuerdo, todo andaba ya a las mil maravillas. La paz no va a ser fácil. Este gobierno no ha querido cumplir. No puede ser que haya unos 500 líderes y más de 140 excombatientes de las FARC que apostaron por la paz asesinados». 

Hace hincapié en el papel de la comunidad internacional.  «Hay países que están aportando mucho dinero a la paz. Es necesario que conozcan la realidad y haya un acompañamiento internacional a las organizaciones sociales». Ante el riesgo que corre por su labor, aboga por mantenerse firme. «Todos los días piensa uno cuándo es que lo van a matar; pero si sucede, alguien seguirá las enseñanzas de lo que hicimos por este país».