Francia Márquez: "Somos parte de la naturaleza, no sus dueños"

Francia Márquez pagó con el destierro enfrentarse a poderosas empresas multinacionales mineras. La historia se repite. En nombre del desarrollo esclavizaron a sus ancestros y hoy, con idéntica excusa, la sacaron de su territorio tras amenazarla y ser declarada objetivo militar por grupos paramilitares. No ha podido regresar, pero continúa liderando la movilización de las comunidades afrodescendientes afectadas por la economía extractiva en La Toma, un aislado corregimiento (demarcación territorial) de las montañas andinas del norte de la región del Cauca, en el suroeste de Colombia.

Casi nadie sabía nada de esta mujer ni de su causa hasta que hace unos meses recibió el <strong>Premio Goldman</strong>, considerado el 'Nobel verde', que se concede a defensores del medio ambiente. Su emotivo discurso el día que lo recogió se hizo viral: «Soy parte de quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, los bosques y los páramos, de aquellos que sueñan que un día los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte para darnos paso a construir un modelo económico que garantice la vida. Soy parte de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud...». Márquez acabó su intervención recordando a la activista hondureña <strong>Berta Cáceres</strong>, asesinada en el 2016 y que un año antes obtuvo  ese mismo galardón.  

Sigue la zozobra

Colombia, como Honduras, no es precisamente el lugar más propicio para ser un defensor, ni de derechos humanos ni del medio ambiente. Más de 300 líderes sociales han sido asesinados aquí desde que se firmó la paz hace dos años. «Muchas eran las personas vinculadas con la defensa de sus territorios que se enfrentaron a la minería ilegal, a los megaproyectos petroleros, al avance de la agroindustria, a la presencia de cultivos de coca o que reclamaban sus tierras despojadas por el paramilitarismo. Si los ancestros quieren que yo esté viva por largo tiempo, así será, sino el destino lo dirá», dice sin miedo esta líder del Consejo comunitario de La Toma que pertenece también al <strong>Proceso de Comunidades Negras (PCN)</strong>, una red de organizaciones afrocolombianas.  

«Los productos tóxicos que usan en la minería van al río, contaminando nuestra única fuente de agua dulce»

Para las comunidades negras de La Toma, que durante tanto tiempo vivieron en medio del conflicto armado, el final de la guerra entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano supuso un cierto alivio. Ya no hay bombardeos y los enfrentamientos disminuyeron, pero la zozobra continua. «La minería a gran escala aún no ha llegado a mi comunidad pero hace años que notamos sus efectos. El gobierno entregó títulos de explotación a empresas mineras sin nuestro consentimiento. Interpusimos una demanda para que nos restituyeran las tierras y la Corte falló a nuestro favor ordenando suspender esos títulos. Ocho años después, la sentencia no se ha aplicado. En este tiempo se metieron actores armados, sembraron cultivos de coca y llegó la minería ilegal», lamenta Márquez. 

Otras guerras

El Premio Goldman a Márquez sirvió para amplificar esas otras guerras de Colombia, las que siguen sufriendo especialmente las comunidades indígenas y afrodescendientes por la apisonadora del desarrollo y que reivindican sus derechos étnico-territoriales. Y es que dos años después de la firma de la paz, la violencia no ha desaparecido y buena parte de la conflictividad actual se encuentra atravesada por la extracción de recursos. Colombia es quizá el país con más conflictos medioambientales del planeta. La deforestación y la minería ilegal se han convertido en dos de sus mayores problemas y afectan principalmente a los territorios étnicos. En el caso de la llamada minería ilegal, sus efectos son devastadores para el medio ambiente. «En La Toma utilizan dinamita, mercurio y cianuro para extraer el oro de la tierra y las rocas. Estos químicos tóxicos van después directamente hacia el río Ovejas, contaminando nuestra única fuente de agua dulce. Ya no solo nos asesinan, sino que también nos matan envenenando el territorio. La minería ilegal es solo una estrategia para justificar la entrada de la gran minería presentándola como la solución para acabar con la ilegal», afirma convencida.

Desarrollo cuestionado

Para el sector ambientalista más académico, Colombia está en las antípodas del desarrollo sostenible, pero el país está decidido a proyectarse como un gran país minero y convertir el extractivismo en uno de los pilares de su economía. «La paz no se va a lograr si esos conflictos socioambientales no se resuelven, si siguen vendiendo el país a la minería y violentando los derechos de las comunidades», considera Márquez. Y es que el modelo extractivo que se está impulsando no fue tema de discusión en el acuerdo de paz. La concepción de desarrollo que propone el Estado contrasta con la cosmovisión afrodescendiente y de los 103 pueblos indígenas que existen en Colombia para los que el territorio es un espacio de vida esencial que les permite ser pueblo y comunidad. «Somos parte de la naturaleza, no somos su dueño. Siempre han dicho que donde estaban los negros no había progreso y ese discurso no ha cambiado. En La Toma tenemos una gran represa como La Salvajina que ya nos causó despojo y empobrecimiento. Mi comunidad no tiene agua potable ni electrificación de ese embalse cuando debería ser lo mínimo. Entonces una se pregunta para quién es el desarrollo y está claro que el desarrollo no es para nosotros, es a costa de nosotros», lamenta.

«¿Para quién es el desarrollo? Está claro que el desarrollo no es para nosotros, es a costa de nosotros»

Para Márquez, el Estado no ha cumplido con su misión de proteger a los pueblos ancestrales pese a las disposiciones que emanan de la propia Constitución, de algunas leyes y de varias sentencias de la Corte Constitucional que reconocen la diversidad étnica y cultural de Colombia, así como la obligación de preservarla. La líder afro anda además preocupada porque  el derecho a la consulta previa, uno de los mecanismos que tenían para defenderse frente al modelo extractivo, está en riesgo. Un proyecto de ley quiere reglamentarla al considerarla un obstáculo para el desarrollo. Ante tanta indefensión, como territorio ancestral, las comunidades negras de La Toma reclaman su titularidad colectiva, al igual que tienen algunas zonas afro del Pacifico colombiano. «Eso nos blindaría, así nos usurpen, porque el territorio siempre seguiría siendo de la comunidad negra y el Estado en algún momento estaría obligado a resarcirnos», explica. 

Flaquezas y racismo

Francia Márquez vive hoy como desplazada en Cali con sus dos hijos pero no baja la guardia. Sigue amenazada y debe autocuidarse. «A veces me he quedado días encerrada en mi casa apelando a la espiritualidad. Tengo un esquema de seguridad estatal que he tenido que cambiar varias veces porque los que supuestamente me protegen suelen ser hombres exmilitares y blancos, con una actitud que parece que se pregunten por qué han de cuidar a una mujer negra y pobre y no a un ministro. Cambiarlos me genera más vulnerabilidad porque no sé lo que pueden hacer después con todo lo que saben de mí», indica preocupada.  

Reconoce que no faltan los momentos de flaqueza. Lleva desde los 15 años vinculada a la defensa de su territorio y hoy tiene 36: «Somos seres humanos y tenemos derecho a decir ya no puedo más, que sigan otros. El día que me desplacé creí que me moría porque además había puesto en riesgo a mis hijos. Pero mucha gente me dijo que si no lo hacíamos nosotros, no solo serían mis hijos y yo los que saldrían desplazados sino toda la comunidad. Había que seguir». 

«Ser mujer en Colombia no es nada fácil, pero ser mujer y negra multiplica por tres las dificultades»

Su lucha no es solo contra la minería y en defensa del territorio. También contra el racismo estructural que dice está instalado en Colombia y sufre en carne propia. «Ser mujer en Colombia no es nada fácil, pero ser mujer y negra multiplica por tres las dificultades. Salir forzosamente desplazada con hijos y llegar a una gran ciudad que te cierra las puertas es muy duro. Solo desde la educación podremos desmontar ese racismo estructural y también teniendo voz propia. A los negros nos han utilizado toda la vida, siempre hay otros poniendo la voz por nosotros. Necesitamos crear un movimiento político negro que nos permita tener voz como comunidad», concluye la activista.