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Testigo directo

El día que mataron a la justicia de Colombia

MAURICIO BERNAL

A mediodía todo el mundo ya sabía en Bogotá que la guerrilla había entrado en el Palacio de Justicia, y un clima oscuro y de pesimismo se había apoderado de la ciudad. Algunos colegios suspendieron las clases. Las noticias se seguían entonces por la radio y no había nadie que no estuviera pendiente de lo que ocurría, lo cual derivó en un estado de alarma colectiva que no se había vivido desde la asonada posterior al asesinato de Gaitán; o eso decían los abuelos. La información era confusa, pero se sabía que los guerrilleros habían hecho rehenes. Los noticieros mostraban a los francotiradores apostados en los alrededores de palacio, las barricadas levantadas en las calles adyacentes, los tanques que el Ejército había desplazado al lugar, el centro histórico de Bogotá; el despliegue histérico de un Estado que nuevamente estaba contra las cuerdas.

La plaza de Bolívar se veía desierta: en un extremo, la sede de la Corte Suprema de Justicia y del poder judicial en general se hallaba bajo el control de 35 guerrilleros del M-19 fuertemente armados. Del otro lado, en el Palacio de Nariño, la sede del poder Ejecutivo, el presidente de Colombia empezaba a barajar opciones, básicamente dos, la negociación o el enfrentamiento. Así de cerca estaban los actores principales en aquel día aciago. Si hubieran salido a la ventana con un megáfono en mano los guerrilleros habrían podido hacer llegar sus demandas de viva voz al palacio presidencial. Megáfono en mano, el presidente habría podido responderles, sin necesidad de intermediarios. Habría sido una escena digna de este país absurdo.

EL M-19 ERA ESPECIALISTA en esa clase de acciones, que mezclaban violencia y espectáculo. Dirigida por intelectuales urbanos de clase media que creían en el ideal de la equidad y la justicia, y en la legitimidad de la lucha armada, hasta entonces habían salido airosos de golpes como la toma de la embajada de la República Dominicana, el hurto de la emblemática espada de Bolívar -que luego devolvieron- o el robo de armas en el Cantón Norte, una base militar enclavada en una zona residencial bogotana que se había tenido hasta entonces por inexpugnable. En un país con un largo historial en lo que se refería a la guerra de guerrillas, donde tres o cuatro estaban en activo ese 6 de noviembre de 1985 -entre ellas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)-, los guerrilleros del Eme eran vistos con cierta simpatía por una parte de la población. A veces, incluso, como unos muchachos traviesos, cuya audacia hacía aflorar sonrisas. Pero tomar como rehenes a los magistrados de la Corte Suprema, eso era otra cosa, por mucho que en la génesis del golpe no hubiera más que deseo de publicidad. La cúpula militar, que ya había sufrido suficientes humillaciones a manos de la guerrilla simpática, se conjuró para impedir que salieran airosos. ¿Negociaciones? No, señores. Aquí no hay nada que negociar.

Esa animadversión no es lo único que explica el posterior, dramático y fatal desenlace. Como cuenta la periodista Ana Carrigan en su libro de referencia El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana, las relaciones entre la Corte Suprema y la cúpula militar tampoco pasaban por su mejor momento. Varias investigaciones judiciales habían puesto al descubierto aspectos oscuros del funcionamiento del Ejército como la brutalidad empleada tras el robo en el Cantón Norte, o la alianza con el tenebroso escuadrón paramilitar MAS (Muerte a Secuestradores) -un grupo financiado por la mafia- en la lucha contra la insurgencia. «Bajo el liderazgo del presidente actual, Alfonso Reyes Echandía, la Corte Suprema era la única rama del poder que demostraba la voluntad de cuestionar, con fundamentos constitucionales, el creciente aumento de la militarización de la vida colombiana. Por tanto, la Corte tenía muy pocos amigos entre los generales y coroneles de línea dura», escribe Carrigan. A la vista de lo que ocurrió durante las siguientes 27 horas, y a la luz de lo que han ido revelando lentamente las investigaciones de jueces y periodistas durante los 30 años transcurridos desde entonces, no existen muchas dudas en torno a las razones por las cuales los militares tomaron rápidamente el mando de la situación, apartaron a un presidente desbordado y recuperaron el palacio a sangre y fuego.

«Su estrategia no era complicada: consistía en el uso masivo e indiscriminado de un arsenal completo de guerra -cuenta Carrigan-. Por fuera, con ametralladoras, subametralladoras y fusiles de alto poder rodearon el edificio y disparaban por las ventanas de todos los lados; por dentro, movilizaron los tanques y carros de guerra blindados Cascabel y Urutú para acceder al interior, donde usaban de todo: granadas de fragmentación, cañones, rockets, bombas, minas, explosivos plásticos, dinamita… Lo que se necesitara para llegar a los refugios donde la guerrilla mantenía a sus rehenes. La orden era terminante: matarlos a todos. Más tarde, un magistrado que sobrevivió recordó escuchar las órdenes del Ejército. Oyó que gritaban: 'Al que vean, quiébrenlo'».

Aquel día fue pródigo en imágenes imborrables, por terribles, que quedaron grabadas a la fuerza en el imaginario de toda una generación de colombianos, por ejemplo los rostros de pánico de los rehenes cuando eran evacuados por las calles laterales; o las llamas devorando el palacio, por la noche. Y nadie olvida el tanque subiendo las escaleras de la entrada principal, su avance dificultoso y su irrupción en palacio. Un tanque. Adentro había más de 400 personas, guerrilleros, sí, pero también empleados, visitantes, personal judicial y magistrados, incluidos los miembros de la Corte Suprema y del Consejo de Estado: la jerarquía judicial del país. La brutal ofensiva del Ejército, sin embargo, no parecía diseñada para discriminar entre insurgentes y rehenes. No parecía diseñada, sin más.

SI LA GUERRILLA NO SE RENDÍA, y no lo hizo -temían por sus vidas- aquello solo podía terminar en carnicería. Ese día murieron un centenar de personas, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema, incluido Reyes Echandía. Ningún guerrillero vivió para contarlo, y algunos, se supo más tarde, murieron ejecutados, dentro y fuera del palacio. Un grupo de agentes disidentes del servicio de inteligencia del Ejército, el B2, denunció que una docena de detenidos habían sido torturados en la sede de la Escuela de Caballería en los días posteriores, entre ellos civiles que se encontraban en la cafetería en el momento de la toma. Muchas personas simplemente desaparecieron, o, como se dice en Colombia, fueron desaparecidas. Algunos cadáveres han sido hallados años después, o bien en tumbas marcadas con nombres falsos o bien en fosas comunes; es inimaginable el dolor de los familiares. Al magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán el Ejército lo sacó vivo del edificio, como mostraron las imágenes tomadas por la prensa, pero su cadáver apareció al día siguiente en la morgue con un tiro de gracia. En fin. Fue el desmadre, el descontrol, la locura. «Al que vean, quiébrenlo», y así se hizo. Los análisis posteriores de balística demostraron que ninguno de los proyectiles que mató a los rehenes fue disparado con armas de la guerrilla.

Treinta años después, la investigación sigue abierta. El entonces presidente, Belisario Betancur, que ese día simplemente dejó hacer a los militares, pidió perdón hace un par de días («si errores cometí, pido perdón»), pero de una forma tan vaga que solo consiguió irritar a los familiares de las víctimas. Dos militares han sido condenados por la desaparición de personas que salieron vivas del edificio: el comandante de la XIII Brigada del Ejército, Jesús Armando Arias Cabrales, y el coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería. A 35 y 30 años de prisión, respectivamente. Del siniestro Plazas Vega se recuerda la respuesta que dio a un periodista en medio de la operación de retoma, a la pregunta de qué estaba haciendo el Ejército:

«Pues, ¡defendiendo la democracia, maestro! ¡Para eso está el Ejército, para hacer respetar la democracia!».