Antoni Cañete: "Nuestro modelo es el capitalismo inclusivo"

— AGUSTÍ SALA: ¿En qué fase está la aprobación del régimen sancionador sobre morosidad? Está en fase bola de nieve. Es decir, una vez la ponencia ya se ha puesto en marcha ya no se puede parar. Aprobar el régimen sancionador es clave, ya que ya tenemos una ley que fija los plazos máximos de pago, pero no unas penalizaciones si estos se incumplen. España es el país con los plazos de pago más largos de toda Europa. Esto, cuando se podía acceder fácilmente al crédito no era un problema, pero sí cuando los bancos dejaron de prestar.

La morosidad se convirtió en la principal causa de cierre de las empresas y, en consecuencia, de pérdida de puestos de

trabajo. Una de cada tres empresas que cerraron tras el estallido de la crisis fue directa o indirectamente por la morosidad. Y detrás de esa morosidad se escondía un modelo de intereses que distorsionaba la economía de manera incalculable. Entonces decidimos crear la Plataforma contra la Morosidad, que presido y que representa a más de un millón de empresas.

— A. S.: ¿Por qué España tenía los plazos de pago más largos? Porque en la ley del 2004 se introdujo una cláusula llamada "el pacto de las partes". Este permitía que si dos empresas acordaban exceder en los pagos los plazos legales, es decir, 60 días para las entidades privadas y 30 días para las públicas, estaba permitido. Y cuando una gran empresa le ponía como condición a una pequeña superar esos plazos, la pequeña no podía más que aceptar.

— A. S.: ¿Cuándo se eliminó esa cláusula? En julio del 2010, con el voto unánime de todo el Congreso. No obstante, sin el régimen sancionador que todavía no tenemos, nada cambió. Pero en la Unión Europea sirvió para que tomaran conciencia del lastre que suponía para la competitividad de las empresas del sur de Europa la morosidad. ¡Por primera vez en España hicimos una ley antes que Europa!

El plan de pago a proveedores para mí fue una de las medidas más importantes que se hicieron para evitar la destrucción de puestos de trabajo. Hemos conseguido que las administraciones tengan un observatorio para hacer seguimiento de los datos de a cuánto están pagando. Todo ello ha comportado que en el ámbito público se haya pasado de 163 días de media a 62 días de media.

— GABRIEL UBIETO: Es un avance, pero aún no son los 30 días que establece la ley. ¿Cuando estiman posible que se baje la media a esa cifra? Yo creo que ya es posible. Barcelona ya lo está haciendo, pagando a 27 días. Otras administraciones no son tan cumplidoras. Pero la guinda del pastel sigue siendo el régimen sancionador. En el sector privado, los plazos medios de pago son a 80 días. Ahora mismo si las empresas fueran un conductor por una autopista, saben que no pueden ir a 200 kilómetros por hora, pero también que si lo hacen no les va a caer ninguna multa.

— G. U.: ¿Han reducido a igual ritmo los plazos de pago las pymes que las grandes empresas? No, los tiempos de las grandes empresas siguen siendo mucho mayores. Y eso es un problema, ya que cuando un país tiene empresas con plazos de pago mayores que otro pierde competitividad. De esto en Europa ya son conscientes y por eso en países como Alemania o Francia tienen plazos muy por debajo de los españoles. Para una misma facturación, una empresa española es menos viable y competitiva que una francesa por los costes de financiar unos plazos de cobro más largos.

— A. S.: ¿Por qué entonces en España todavía no se ha aprobado ese régimen sancionador? Ha habido muchas presiones, porque detrás hay grandes intereses. Eso es lo que explica que hayan pasado casi nueve años hasta que esta ley esté en una fase cercana a aprobarse.

— A. S.: ¿Y qué ha cambiado para que se desbloqueara la situación? Que desde la Plataforma contra la Morosidad hemos puesto nombre y apellidos a las empresas con mayor morosidad de toda España. Basándonos en datos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) calculamos que las empresas que cotizan en el Ibex, excluyendo a los bancos, se ahorraban anualmente en intereses por la demora un total de 3.377 millones de euros. Cuando te ahorras tanto dinero es muy difícil hacerte a la idea de que esa vía de financiación a coste cero tienes que pagarla. Sobre todo cuando las grandes constructoras multiplicaban por cinco sus beneficios.

— A. S.: ¿Fue entonces cuando todos los partidos políticos incluyeron en sus programas políticos la elaboración de ese régimen sancionador? Sí. Esta semana es muy probable que se cierren algunas propuestas en la fase de ponencia y la aprobación de la ley siga avanzando. Los grupos parlamentarios nos comentan que estará aprobada en el primer trimestre del 2019. Y es algo clave, insisto, para la competitividad del país, porque hoy en día una economía no puede crear riqueza y empleo únicamente apoyándose en cuatro empresas. Este es un modelo antiguo, cuando había grandes márgenes para sacar beneficios. Ahora estos ya no existen.

— A. S.: ¿Es con la intención de cambiar ese modelo que crearon en octubre de este año Plataforma Pymes? Sí, llevamos dos años aplicándole el I+D de las pymes: Imaginación y dedicación. Hemos conseguido unir a 1,5 millones de empresas y 600.000 autónomos para crear un instrumento que sirva para hacer una defensa real de los intereses de las pymes. Hasta ahora nadie ha defendido realmente estos intereses. Las pymes, que son el 99% de las empresas, el 75% del empleo y el 65% del PIB, no tienen a nadie que les represente. Existe la Cepyme, pero no es más que una marioneta de la CEOE. Y esta lo que defiende son los intereses de esas cuatro empresas.

— G. U.: ¿En qué consiste el cambio que plantea Plataforma Pymes? Nuestro modelo es el del capitalismo inclusivo y este se basa en la equidad y la igualdad de oportunidades. Desde Plataforma Pymes denunciamos ese capitalismo que se basa en monopolios, oligopolios y rentas excesivas y clientelares. Nuestro objetivo es crear una competitividad que de riqueza real al país y que cree puestos de trabajo.

— G. U.: ¿Cuándo veremos a un representante de Plataforma Pymes sentando a la misma mesa que los sindicatos y la CEOE? Esa es la guerra de todas las guerras. Y primero tenemos que ganarla en Catalunya.

— G. U.: ¿Como se encuentran las negociaciones para pactar una cuota de representatividad con Foment? El Tribunal Supremo falló a nuestro favor y sentenció que Cepyme no había presentado los requisitos para ser calificada de representativa. A partir de ahí o nos ponemos de acuerdo con Foment o la Generalitat deberá contar con qué representatividad cuenta cada uno. Con la anterior ejecutiva de Foment ya llegamos a un acuerdo para un 50-50, pero ahora la nueva junta directiva no acepta el documento que se firmó entonces. La Conselleria de Treball tendrá que contar.

— A. S. : El reto de todas las empresas es la digitalización. ¿Cómo de preparadas están las pymes catalanas? En Pimec estamos preocupados y ocupados. La productividad sigue creciendo, pero los empleos no le siguen el ritmo y las rentas reales están cayendo. La revolución 4.0, la automatización y la digitalización están provocando una polarización del mercado de trabajo, entre unos profesionales muy formados y que cobran mucho y otros poco formados y con bajos salarios. Si como país queremos ser un actor relevante a nivel internacional, debemos poner en marcha todos los instrumentos para que en Catalunya abunden mucho más los primeros que los segundos.

— G. U.: ¿Cómo conseguirán eso las pymes teniendo en cuenta que con plantillas cortas es muy costoso invertir en formación? El principal problema que tienen las pymes, más allá de cuestiones tecnológicas, es la cultura organizativa. Que las pymes sean conscientes que necesitan renovarse y sepan cómo hacerlo. Para ello hemos creado programas de asesoramiento personalizado a las empresas, como el de la facturación electrónica. Hemos de enseñar a los nuestros.