La breve historia del 'impuesto al sol'

El peaje de respaldo para unos, o 'impuesto al sol' para otros, tuvo desde su nacimiento el 9 de octubre del 2015 una vida polémica, con un destino que parecía abocado al fracaso con la oposición en pleno –PSOE, Podemos y Ciudadanos–, ecologistas, empresarios de renovables y asociaciones de consumidores en contra. Y así ha sido, cuatro meses después de la llegada del PSOE al Gobierno, Teresa Ribera ponía punto y final a este "gran absurdo" en su primer decreto-ley al frente del ministerio de Transición Ecológica. El popularmente conocido como 'impuesto al sol' fue un gravamen ideado por el entonces ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que obligaba a los autoconsumidores de renovables, es decir, a aquellos que consumían la electricidad que ellos mismos producían a pagar una cuantía para contribuir al sistema eléctrico.

El argumento para su creación se amparó en lo injusto que sería para el resto de consumidores que los que autoconsumen no pagasen por el mantenimiento del sistema, pues aunque generan su propia energía, si se enganchan a la red –para que cuando no hubiese sol pudieran seguir poniendo la lavadora o encender la luz– deberían contribuir a su sostenibilidad. Sin embargo, Soria convenció poco y a pocos, y sus detractores coincidían en que se trataba de un impuesto para que las eléctricas no perdiesen dinero. El desencuentro fue tal que llegó incluso hasta el Tribunal Supremo. El emisor de la demanda fue la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), no obstante, fue desestimada porque el alto tribunal consideró que no existía dicho 'impuesto al sol' sino que efectivamente se trataba de una contribución a los costes del sistema.  Este peaje no afectaba a la mayoría de hogares, pues de él estaban exentos los grupos de hasta 10 kilowatios de potencia contratada, es decir, la mayoría de familias. Sin embargo, hay quien asegura que provocaba que la gente no autoconsumiese por miedo a que en el futuro el peaje se extendiese a todas las potencias. Además, el papeleo necesario y las dificultades para hacerlo de manera comunitaria provocaron que en España solamente haya mil instalaciones, frente al millón que hay en Alemania.

Cambio de rumbo

"Por fin este país se libra del gran absurdo del que se han mofado la mayor parte de los observadores internacionales". Con estas palabras daba carpetazo la ministra Ribera al 'impuesto al sol' el pasado día 5. La nueva regulación, además de reconocer el derecho a autoconsumir energía eléctrica «sin peajes ni cargos», introduce el derecho al autoconsumo compartido, algo prohibido en la legislación de Soria y que el Tribunal Constitucional anuló en el 2017. El 65% de los españoles vive en edificios compartidos, por lo que su prohibición limitaba mucho las posibilidades de ser autoconsumidor. "Hasta ahora la normativa permitía una división de la cubierta. Ahora se podrá tener toda la cubierta llena de placas y compartir con los vecinos", explicó el experto en energía, Jorge Morales de Labra. Además, la norma permite que si no se tiene sitio en casa se puedan poner las placas en otro lugar próximo al consumidor y simplifica el papeleo. Según Morales de Labra, una familia media que quiera autoconsumir energía deberá hacer una inversión inicial de unos 5.200 euros en placas fotovoltaicas (unos 10 paneles que ocuparían unos 20 metros cuadrados), pero tendría un ahorro en la factura de la luz del 60%.