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Financiación pública para arrancar

Instituciones como el ICF o Enisa permiten a las 'start-ups' acceder a capital en las etapas más iniciales

"El inversor público no suele tomar acciones de la empresa, y esto favorece al emprendedor", apunta Oriol Sans de Acció

Guillem Tapia

Dos emprendedores solicitan información sobre las líneas de financiación del ICF.

Dos emprendedores solicitan información sobre las líneas de financiación del ICF.

De unos pocos años a esta parte, los fondos de capital riesgo internacionales han sido los principales protagonistas en las rondas de financiación de más importe en el ecosistema start-up catalán. En lo que llevamos de 2019, las tres grandes ampliaciones de capital que se han producido (Glovo, TravelPerk y Red Points) han sido lideradas por inversores extranjeros. En 2018, de hecho, todas las rondas de más de 10 millones de euros contaron con la participación de algún fondo de capital riesgo foráneo. Habitualmente estos inversores entran en el accionariado de las empresas emergente cuando ya llevan unos cuantos años desarrollando su actividad y necesitan una fuerte inyección de capital para, por ejemplo, afrontar su internacionalización.

Antes de llegar a esta fase, suelen ser los fondos de capital riesgo nacionales los que financian el crecimiento de las start-ups. Los más activos en este apartado en 2018 fueron Caixa Capital Risc y BStartup de Banc Sabaell, mientras que otros fondos no vinculados a entidades financieras -como Kibo VenturesInveready o Seaya Ventures- también financiaron un buen número de operaciones, según el informe anual de Acció Barcelona & Catalonia Start-up Hub.

No obstante, cuando un proyecto se encuentra en su etapa más embrionaria, el acceso a inversores profesionales y privados es muy restringido. Es en esta fase cuando las entidades de financiación pública juegan un papel fundamental. “El objetivo de nuestro departamento de capital riesgo es contribuir al crecimiento empresarial de compañías de nueva creación que disponen de proyectos de consolidación sectorial y/o de innovación”, explica Joan Carles Rovira, director general de capital riesgo y mercado de capitales del Institut Català de Finances (ICF).

El ICF es una entidad pública cuya misión es facilitar el acceso a financiación al tejido empresarial catalán y, por tanto, su función va mucho más allá de ofrecer crédito a start-ups. No obstante, su actividad en este sector económico es relevante. Según la memoria de la institución de 2018, el ICF tiene concedidos préstamos participativos -esto significa que el interés del crédito varia en función del resultado anual de la empresa- por valor de 15,4 millones de euros a 100 start-ups

Inversión directa e indirecta

Sin embargo, los préstamos participativos representan solo una pequeña parte de la inversión del ICF en empresas emergentes. “Siempre operamos con criterio de mercado, ya que consideramos que es la mejor estrategia y la más sostenible. El factor diferencial es que invertimos en segmentos en los que hay menos oferta de capital privado”, apunta Rovira. En este sentido, el ICF tiene 167 millones de euros invertidos en fondos de capital riesgo que, a su vez, se dedican a financiar a start-ups catalanas. En 2018 la institución destinó 14 millones a 5 fondos especializados en negocios digitales -Idinnvest Digital Fund, NAUTA SideCar Tech, Bonsai Partners Fund y Spinnaker Invest SCR- y 1,3 millones al fondo especializado en biotecnología de Inveready.

“Más allá del capital que aportan, las entidades como el ICF y Enisa ejercen un papel importante como anzuelo. Conseguir financiación pública es un indicativo de calidad, y te puede abrir las puertas de inversores privados”, explica Oriol Sans, director de financiación en Acció. “Además, el inversor público no suele tomar acciones de las empresas, y esto es muy interesante para el emprendedor, ya que le permite no diluirse en el capital”, añade Sans.

Préstamos participativos

Junto con el ICF, Enisa es el gran financiador público de start-ups en Catalunya (ver gráfico). Sus préstamos participativos tienen un interés elevado en comparación con otros tipos de financiación -un tramo fijo del 3,75% y entre un 3% y un 8% adicional en función de los beneficios que obtenga la empresa- pero, a cambio, la entidad no entra en el capital de la compañía ni solicita avales. “Desde el año 1997 hemos analizado 14.000 empresas. En 2018 aprobamos préstamos por valor de 74 millones de euros”, relata Jose Bayón, consejero delegado de Enisa. En 2018 el equipo de análisis de operaciones de la institución, compuesto por 17 profesionales, tramitó 1.369 solicitudes de las que aprobó 534 préstamos.  

En 2018 Catalunya fue, de largo, la comunidad que captó más fondos Enisa. El año pasado la agencia estatal desembolsó 18 millones en préstamos participativos a 163 empresas catalanas. Estas cifras suponen que Catalunya captó el 38% del total de la inversión, muy distanciada de Madrid (28%), si bien Bayón puntualiza que normalmente la diferencia “no suele ser tan acusada”. Bayón también desvela que, de todo el dinero desembolsado, un 48% fue a parar a empresas tecnológicas con menos de 24 meses de vida. “El índice de morosidad de nuestros préstamos es de alrededor del 30%. Pero hay que tener en cuenta que somos un instrumento público, y nuestro objetivo es fortalecer el tejido empresarial, no ganar dinero”, señala el directivo de la empresa estatal.

Ayudas públicas más allá del crédito

Entidades como Enisa o el ICF ofrecen a las start-ups la posibilidad de financiarse cuando su capacidad para acceder al capital privado es muy limitada. No obstante, las empresas emergentes tienen otras alternativas para conseguir el capital necesario para desarrollar su actividad. “Nuestro proyecto no habría sido posible sin el apoyo público. Arrancamos la empresa con fondos propios y el apoyo de Enisa, pero sin las subvenciones habría sido imposible llegar hasta donde estamos”, explica Talía Bonmatí, fundadora y directora general de Dinbeat.

Tras años de investigación, esta start-up barcelonesa lanzará próximamente al mercado un arnés veterinario que sirve para monitorizar las constantes vitales de las mascotas. La compañía ha conseguido diversas subvenciones entre las que destacan Start-up Capital de Acció (dotada con 75.000 euros), el SME Instrument Fase I de la Comisión Europea (50.000 euros para desarrollar un estudio de viabilidad sobre el producto) y las ayudas del programa Neotec del CDTI (250.000 euros). “Aunque es complicado conseguir las subvenciones porque hay mucha competencia, es muy positivo poder saber cuándo entrará el dinero en la empresa. Habitualmente con el capital privado los plazos son más difusos”, valora Bonmatí.

Más allá de las aportaciones dinerarias, en ocasiones la asistencia de la Administración a las start-ups consiste en brindarles infraestructura. Un caso muy ilustrativo es el del Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona Activa y su red de cuatro incubadoras de negocios en las cuales actualmente hay alojadas 100 compañías. Una de las iniciativas más recientes de la agencia de promoción económica municipal ha sido poner en marcha el UXLab, una iniciativa que ofrece a las start-ups que lo soliciten y que están domiciliadas en Barcelona la posibilidad de mejorar la experiencia del usuario a través de técnicas avanzadas como el ‘eye tracking’, el neuromárketing o dinámicas de grupo controladas.