Barcelona mejora el servicio de atención domiciliaria a personas mayores y dependientes

Barcelona reforzará el Servei d'Ajuda a Domicili (SAD), uno de los principales recursos municipales para atender a personas mayores y en situación de dependencia sin que tengan que abandonar su hogar. Las mejoras buscan avanzar hacia un modelo de cuidados más personalizado y estable, adaptado a las necesidades de cada usuario y con una mayor continuidad en la atención.

La aprobación del nuevo reglamento da respuesta a la necesidad que han explicado las entidades, los grupos municipales, las administraciones como el Síndic de Barcelona y las mismas personas usuarias de disponer de un instrumento de regulación del servicio, información y consulta. De hecho, este nuevo reglamento ha sido objeto de un proceso participativo en la plataforma de participación ciudadana decidim.barcelona.

La nueva normativa se inscribe en las políticas sociales y de igualdad de género, con especial atención en el ámbito de los cuidados, un sector fuertemente feminizado y a menudo marcado por la precariedad laboral. En este marco, el reglamento incorpora la perspectiva de género para reconocer la centralidad de las mujeres en las tareas de cuidado y para reafirmar el compromiso de las administraciones públicas con la corresponsabilización y la democratización de los trabajos de cuidados.

El reglamento del SAD contiene 50 artículos divididos en 8 capítulos que definen los principios, objetivos, características, prestaciones, criterios de acceso y otros elementos esenciales del servicio. Además, permite integrar en un único instrumento normativo todos aquellos aspectos actualmente recogidos en diversos documentos (pliegos técnicos y administrativos, protocolos, directivas de uso aceptable, etc.).

Entre los mecanismos de participación previstos, el reglamento incluye la creación del Consejo del Servicio de Ayuda a Somicilio, con representación de todos los actores implicados del servicio (familiares, personas usuarias, trabajadoras, personal IMSS, entidades que prestan el servicio, perfiles profesionales, etc.).

La normativa introduce en el servicio un régimen sancionador tanto para las personas usuarias del servicio o su entorno como para las entidades que lo prestan. Las infracciones van de leves a muy graves, y las sanciones pueden llegar hasta el cierre del servicio o a multas económicas de hasta 100.000 euros en el caso de las entidades que lo prestan.