Barcelona licita la construcción y gestión de 350 viviendas de alquiler social

El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones en la ciudad de Barcelona. Ante este reto, el Ajuntament ha puesto en marcha el Pla Viure, una estrategia para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para toda la ciudadanía. Este plan sitúa la vivienda en el centro de la agenda municipal, apostando por una visión integral y a largo plazo.

El Pla Viure establece la hoja de ruta para coordinar y hacer más efectivas las políticas de vivienda en la ciudad. Con el objetivo de mejorar la dotación de vivienda asequible, el plan incluye medidas que apuestan por la diversificación de los agentes implicados. Tras años de colaboración de administraciones públicas y entidades del tercer sector, el Ajuntament impulsa también la participación de la iniciativa privada, con el objetivo de facilitar la colaboración público-privada para incorporar así más operadores a la solución de la vivienda. La meta del Pla Viure es clara: generar suelo suficiente para iniciar la construcción de 10.000 viviendas antes de 2027. Estos nuevos hogares se desarrollarán bajo principios de sostenibilidad y accesibilidad, con especial atención a la población más vulnerable. 

El Pla Viure fomenta la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada para mejorar la eficiencia y la agilidad en la construcción.

Así, el Pla Viure, cuyo lema es 'Prioritzem l’habitatge', aspira a consolidar el derecho al acceso a un hogar digno. Para ello, propone avanzar en la creación de un parque de vivienda social que sintonice con las mejores prácticas internacionales, y cumpla a su vez con la ley de la vivienda.

Soluciones inmediatas

El déficit de viviendas sociales es importante en una ciudad donde los precios del alquiler y la compra se encuentran fuera del alcance de buena parte de la población. El Ajuntament aprovó un decreto, en mayo de 2023, que declara Barcelona como zona de mercado tensionado, cosa que ha permitido desplegar varias medidas de contención, como el control de precios. Algo que subraya la necesidad de soluciones inmediatas que aborden el acceso limitado a la vivienda y la crisis habitacional.

Para actuar frente a esta crisis de vivienda, el Ajuntament de Barcelona apuesta por un enfoque dual, tanto desde la acción directa en la promoción de viviendas sociales por parte de la Administración, como en el impulso de la colaboración público-privada como eje estratégico para aumentar la oferta de vivienda asequible. En este sentido, destaca la próxima licitación abierta a operadores privados que comenzará este mes de diciembre, mediante la cual se transferirá el derecho de superficie sobre suelo municipal para la construcción y gestión de vivienda en régimen de alquiler social.

Propiedad temporal

El derecho de superficie es un derecho limitado de propiedad del inmueble, independiente de la propiedad del suelo (que seguirá siendo pública), mediante el cual una persona física o jurídica mantiene la propiedad limitada sobre el inmueble construido durante un período determinado. Transcurrido este plazo, la propiedad del inmueble revierte a la persona o entidad titular del suelo donde se construyó. Este régimen de propiedad y gestión es el modelo que plantea el Ajuntament en la convocatoria de esta licitación pública.

Alianza público-privada

La licitación pública para la cesión del derecho de superficie impulsada por el Ajuntament tiene el objetivo de construir 350 viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler social. Esta medida, que busca dar respuesta a la creciente demanda de vivienda, abre la posibilidad que los operadores privados puedan construir, y gestionar las viviendas durante los 75 años, prorrogables a 90, en los que estará vigente el derecho de superficie. Al finalizar este plazo, las propiedades revertirán al patrimonio municipal, garantizando su uso social a largo plazo. Las viviendas se levantarán en tres solares municipales: uno en el barrio de Sant Martí y dos en el distrito Sants-Montjuïc, bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia e inclusión que incluyen la reducción de la huella de carbono y el uso de sistemas de construcción industrializada. En ningún caso, el precio a pagar por los inquilinos superará los 10,36 euros/m² fijados por el régimen general de viviendas de protección oficial.

Las viviendas en régimen de alquiler social se construirán en Sant Martí y en Sants-Montjuïc

Podrán participar en la licitación tanto empresas como entidades, siempre que cuenten con experiencia en la promoción, gestión y explotación de viviendas protegidas en alquiler. Las adjudicatarias asumirán la construcción, gestión y mantenimiento integral de los inmuebles, incluyendo las inversiones de capital, lo que implica su responsabilidad en la conservación de los edificios durante el tiempo que dure la concesión. Con esta fórmula de colaboración público-privada, el Ajuntament busca movilizar la inversión privada para incrementar el parque de vivienda social manteniendo el control sobre el suelo.

Impacto para la ciudadanía

Para la ciudadanía, los beneficios son claros. Este impulso garantiza el acceso a viviendas asequibles en zonas donde la oferta es insuficiente. Además, la licitación promueve la construcción de viviendas sostenibles que responden a criterios de eficiencia energética y reducción de la huella de carbono, y se asegura que, al finalizar el periodo de concesión, las viviendas retornen al patrimonio público, asegurando su uso social. Con esta estrategia, el Ajuntament busca una solución a la situación habitacional de la ciudad, a la vez que fomenta la sostenibilidad y la inclusión en el sector de la vivienda.

Con la colaboración de todos los operadores, el Ajuntament de Barcelona reafirma de esta forma su compromiso de construir una ciudad donde el acceso a la vivienda sea un derecho real y efectivo, alineado con las mejores prácticas europeas. Este esfuerzo no solo aborda la situación habitacional, sino que también aspira a garantizar una Barcelona más habitable para el futuro.