Por una Barcelona más justa

Existen miles de casos de personas que tienen la sensación de encontrarse indefensas ante la administración municipal de la ciudad de Barcelona. Falta de alumbrado en su calle, problemas con el estado del espacio público, contaminación acústica, retrasos en la entrega de una vivienda pública, carencia de accesibilidad a algunas estaciones de metro o dificultades con los títulos de transporte público. Estas son solo algunas de las situaciones que vive la ciudadanía barcelonesa y que pueden tener remedio si se conoce la figura que puede evitar que esto suceda o acelerar una posible solución.

Hablamos de la Síndica de Greuges de Barcelona, una figura que existe desde el 2005 y que defiende los derechos fundamentales y las libertades públicas del vecindario, asi como de las personas que se encuentren en la ciudad, aunque no sean residentes. En otras palabras, esta institución atiende las reclamaciones de las personas que se sientan perjudicadas por el ayuntamiento y/o cualquiera de los servicios públicos. Este fue el caso de Carles, un vecino de Gràcia harto de que el camión de la basura chocara contra la fachada de su finca; o de Mariona, que se quejó por la posible existencia de tarifas fraudulentas en los taxis adaptados; o incluso de Marco, con problemas para llevar a cabo el trámite del empadronamiento.

También hay temas más genéricos que la mayoría de gente ha vivido en su interacción con la administración municipal: quejas por la atención recibida, recibir respuesta del ayuntamiento a las peticiones de la ciudadanía, recibir esta respuesta en los plazos establecidos, etcétera.

Servicio gratuito y asesoramiento de calidad

Maria Assumpció Vilà es Síndica de Greuges desde el 2010 y desde entonces el número de actuaciones ha crecido de manera importante: en el 2018 la defensora de la ciudadanía barcelonesa ejecutó un total de 3.604 actuaciones, mientras que en el 2010 se llevaron a cabo 1.513 intervenciones. 

Del total de intervenciones del 2008, 1.729 han sido quejas y 1.875, consultas y asesoramientos generales. De las 1.729 quejas, 866 han acabado en una resolución de la defensora, en 840 ocasiones se ha hecho un asesoramiento tecnico-jurídico, y en 23 casos en los que se había iniciado una intervención de oficio se ha efectuado un pronunciamiento sobre la cuestión de interés público que la motivaba. En el 2018 se ha dado la razón a la ciudadanía, totalmente o en parte, en un 74% de los casos, mientras que en, el 2017, esta cifra fue del 58%.

El ciudadano o la ciudadana puede dirigirse a la Síndica de Greuges de Barcelona si tiene un problema con el ayuntamiento o algún servicio dependiente (ATM, TMB y otros similares). La síndica y su equipo asesor le atenderán de manera gratuita y confidencial, y supervisarán la actuación municipal, sin necesidad de que el ciudadano asista con un profesional del ámbito jurídico. “Queremos llegar a todo el mundo que se sienta agraviado en sus derechos para que nadie pueda quedar nunca en indefensión ante el Ayuntamiento de Barcelona”, afirma Vilà.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona representa un buen recurso de asesoramiento y de supervisión, a pesar de que todavía es poco conocida por la ciudadanía (que puede enviar sus quejas con independencia de su nacionalidad, edad y situación legal). La síndica interviene en multitud de aspectos relacionados con la vida diaria, en ámbitos como la seguridad ciudadana, la movilidad, la limpieza del espacio público, los servicios sociales, la vivienda, la escolarización, la Guardia Urbana, los cementerios, las licencias de actividades económica o tributos, entre otros.

Proceso sencillo para el ciudadano

Se puede presentar una queja a la Síndicatura después de haber reclamado en el Ayuntamiento y no recibir respuesta, o bien si no se está satisfecho con la respuesta ofrecida. Sus resoluciones no son vinculantes, pero el consistorio las escucha y a menudo rectifica si comprueba que se han producido situaciones mejorables o injustas. Los únicos supuestos en que la síndica no puede actuar son los siguientes: si se trata de un problema entre particulares que no implica de ninguna forma la Administración municipal; si la queja es anónima, denota mala fe o no tiene suficiente cimiento; y/o si el motivo de la queja está pendiente de una resolución judicial.

La síndica también se preocupa por el estado de la ciudad, sin necesidad de recibir ninguna queja. Puede actuar por solicitud de cualquier persona física o jurídica, pero también puede hacerlo de oficio, es decir, por iniciativa propia, cuando considere que hay que poner en marcha alguna investigación en defensa de los derechos de la ciudadanía y con el objetivo de mejorar la actuación de los servicios públicos.

Quejas sobre servicios funerarios

La Síndica de Greuges, a raíz de varias quejas, observó algunos errores en la facturación de servicios por parte de Cementeris de Barcelona (CBSA), sociedad con capital 100% municipal y perteneciendo al conglomerado de empresas municipales de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM). “Hemos supervisado prácticas en materia de cálculo de costes, facturación e información de los servicios de cementerios que considerábamos manifiestamente mejorables”, explica Maria Assumpció Vilà.

La síndica solicitó al ayuntamiento que, para ofrecer un plus de transparencia, CBSA desglosara en la contratación de un servicio y en la posterior facturación aquellos conceptos de prestación obligatoria de aquellos que son voluntarios. Consta a la síndica que CBSA aceptó la recomendación y que ya se está aplicando. Así mismo, recomendó que el Ayuntamiento se asegurara que el informe técnico-económico que acompaña a las tasas de cementerios fuera completo y público, para que la ciudadanía usuaria del servicio dispusiera de un documento útil para entender el servicio que se presta y el coste que lleva asociado.

En cuanto a la prestación de los servicios funerarios en Barcelona, la síndica ha continuado recibiendo quejas sobre el elevado coste económico de este servicio.  Las quejas muestran disconformidad con el coste del servicio funerario contratado y aportan documento de facturas. En los casos supervisados, se asesoró a las personas promotoras de las quejas para que formularan la pertinente reclamación ante el órgano de consumo para la defensa de sus derechos individuales como consumidores. 

Por otro lado, el ayuntamiento ha inspeccionado la facturación de Serveis Funeraris de Barcelona. Aunque sea de carácter privado, el consistorio tiene la potestad para inspeccionarlo, y la Sindicatura así le pidió que lo hiciera. Se está a la espera de recibir una respuesta.

Vivienda y transporte

A pesar de ser un objetivo prioritario de la acción del Gobierno municipal, nuevamente el acceso a la vivienda en la ciudad se encuentra entre los problemas que más preocupan a la ciudadanía, que ven como este acceso, sea de compra o de alquiler, se ha convertido en una misión imposible, no únicamente a la ciudad de Barcelona sino también en buena parte de los municipios del alrededor. Por este motivo, la Síndica de Greuges de Barcelona ha recomendado planificar y priorizar en los presupuestos, a través del Consorci d’Habitatge con la Generalitat, la adopción de medidas destinadas a políticas sociales de vivienda que permitan lograr el objetivo de solidaridad urbana del 15% de viviendas principales en Barcelona antes del año 2027.

Por otro lado, las problemáticas y demandas de intervención por disconformidad en materia de transporte público reiteran algunas de las quejas expuestas los últimos años y “significan, por lo tanto, la perpetuación de la insatisfacción de los usuarios que hay que tener en cuenta”, según ha avisado Maria Assumpció Vilà. Después de varias quejas relacionadas con la T-16, la defensora ha investigado el uso de esta tipología de billete y ha detectado un agravio: la T-16 tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del año en que el titular cumple 16 años. Este hecho genera diferencias entre los nacidos en diciembre y los nacidos en enero, que podrán disponer casi un año más del uso de la T-16.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona también ha recibido quejas de ciudadanos que manifiestan la disconformidad con el pago del coste de gestión de 35 euros correspondiente a la renovación del abono T-16 del hijo o hija después de un robo. También remarcan la imposibilidad de disponer de un título provisional para cubrir el periodo de aproximadamente un mes hasta la obtención de la nueva T-16, hecho que comporta tener que asumir el coste del transporte durante este periodo. La síndica considera que “desde la ATM se debe articular algún procedimiento que permita asegurar la gratuidad del uso del transporte público a todos los niños y niñas mientras se renueva el título de transporte”.

Barcelona necesita más lavabos públicos

A raíz de una queja ciudadana, la Síndica de Greuges de Barcelona ha estudiado en profundidad el sistema de lavabos públicos que tiene la ciudad y ha llevado a cabo una serie de recomendaciones al ayuntamiento. “La ciudadanía desconoce que puede utilizar los lavabos de los equipamientos municipales y si es consciente, no sabe donde están porque no hay una señalización que lo indique”, ha expresado Vilà.

Por ello, la síndica recomienda estudiar la instalación de más lavabos portátiles en los diferentes barrios de la ciudad, la creación de una señalización de los servicios públicos ubicados en las instalaciones municipales de todos los distritos y la viabilidad de instalar servicios públicos en todos los vestíbulos de las estaciones de metro.