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LUCHA CONTRA LA ESPECULACIÓN

El Ayuntamiento de Barcelona compra 114 pisos para combatir la especulación y la expulsión del vecindario

Este último edificio de viviendas protegidas se ha adquirido en la calle del Encuny, en la Marina del Prat Vermell

El Periódico

Nuevo edificio adquirido en la calle del Encuny, en la Marina del Prat Vermell.

Nuevo edificio adquirido en la calle del Encuny, en la Marina del Prat Vermell. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

En los últimos cuatro años, el Ayuntamiento ha adquirido 22 edificios enteros con 401 hogares para ampliar el parque público de vivienda y evitar que estos pisos pasen a manos de fondos buitre especuladores que expulsan a las familias enteras de sus barrios. 

El último edificio, de 114 pisos protegidos, se ha comprado en la calle del Encuny, en la Marina del Prat Vermell. Actualmente, el inmueble tiene 59 pisos vacíos, y el resto están habitados en régimen de alquiler. De los pisos vacíos, la mayor parte se destinará a cubrir las necesidades de la Mesa de Emergencias Sociales, ya que está en una situación de déficit de recursos residenciales como consecuencia de la situación de emergencia residencial, que continúa siendo muy grave en la ciudad de Barcelona. 

El bloque de viviendas de la calle del Encuny se ha comprado a la entidad Proviure CZF Parc d’Habitatges, sociedad formada en un 50 % por el BBVA y el otro 50 % por el CZF.

Un techo para quien más lo necesita

La Mesa de Emergencias Sociales es un órgano técnico del Consorcio de la Vivienda de Barcelona que tiene como función principal valorar y priorizar todas las solicitudes recibidas de situaciones de emergencia por la pérdida de la vivienda habitual. La forman profesionales de los departamentos de Vivienda y de Servicios Sociales, tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona, en un 60% y un 40% respectivamente. También forman parte técnicos de la Sindicatura de Agravios y representantes de la Mesa del Tercer Sector.

Este órgano decide sobre la asignación a las familias en situación de necesidad de las viviendas que aportan la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona. En los últimos ejercicios (desde el 2015 hasta septiembre del 2018), la Generalitat de Catalunya ha aportado el 22% de las viviendas, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona ha aportado el 78% de los 1.000 pisos que han sido adjudicados por la Mesa en este periodo.

661 viviendas incorporadas al parque público 

Con esta nueva adquisición del edificio de la calle del Encuny, ya son 401 los pisos que el Ayuntamiento ha incorporado a su parque público a través de la compra de fincas enteras.

Hay que añadir a esta cifra la compra de viviendas situadas en fincas de propiedad horizontal distribuidas por toda la ciudad y que también, a lo largo de este mandato municipal, han sido compradas e incorporadas al parque público de alquiler municipal. En total, son 97 pisos distribuidos por varios barrios de Barcelona.

El Ayuntamiento también ha adquirido a lo largo del mandato del usufructo de pisos de entidades financieras (CaixaBank y la Sareb) y que se destinan a ampliar los recursos residenciales de carácter social o a precio asequible. Hasta ahora, se han cedido un total de 163 viviendas.

Más del 70% de las viviendas compradas por el Ayuntamiento de Barcelona están habitadas por familias, mientras que el resto se encuentran en proceso de rehabilitación. En total, se han invertido 64,12 millones de euros para la compra y la reforma de los pisos.

La lucha contra la especulación inmobiliaria

El programa de adquisiciones de fincas desarrollado en los últimos años persigue frenar la especulación y fortalece el parque público de alquiler. Para tener más capacidad de incidencia, se han aprobado dos medidas pioneras en el país: declarar toda la ciudad como área de tanteo y retracto para que el Ayuntamiento tenga derecho de compra preferente y destinar el 30% de las nuevas promociones y las grandes reformas a vivienda protegida.

Ambas medidas se enmarcan dentro de un modelo de vivienda urbana que defiende el derecho a un hogar digno y adecuado, que quiere evitar las operaciones especulativas que conducen a la expulsión del vecindario y fortalecer el parque público de alquiler asequible.