Bajan los desahucios un 22%

La tarea de detección, prevención y mediación de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER) se consolida en Barcelona. Desde el 2014 han disminuido un 22% los desahucios y al mismo tiempo han aumentado un 245% las familias que han recibido atención. Durante el año 2017 la UCER atendió a 2.351 nuevas familias en riesgo de exclusión residencial, cifra que equivale a 7.000 personas, 2.377 de las cuales eran menores.

Los datos del informe de la actividad de la UCER muestran las dificultades para pagar el alquiler como la principal causa del desahucio de las familias. En Barcelona, la problemática de la subida de precios del alquiler tiene un impacto muy grande porque el 38% de los hogares son de alquiler, y solo un 1,5% son alquileres asequibles en viviendas públicas.

Por otro lado, están las situaciones de tenencia en precario con empleos sin título habilitante, que representan un 36% de los casos. Únicamente un 7% de las familias residían en viviendas de propiedad. En casi la mitad de los casos, las situaciones de riesgo de perder la vivienda se producen en viviendas de grandes tenedores.

En los distritos donde la UCER ha ofrecido más servicios de atención han sido Nou Barris (390), Sants-Montjuïc (389) y Ciutat Vella (373), seguidos de Horta-Guinardó (276), Sant Andreu (256), Sant Martí (251) y L’Eixample (217).

Unidad contra los desahucios

La UCER es un servicio que da respuesta a las situaciones de emergencia residencial y trabaja conjuntamente con otros servicios municipales para evitar la pérdida de la vivienda. Entre sus funciones está: mediar con la propiedad para priorizar la permanencia en el domicilio, ayudar a pagar el alquiler y ofrece soluciones residenciales, acompañar  a las familias afectadas e iniciar procesos sancionadores en casos de vulneración de leyes.

La tarea de la UCER se ha visto afectada por la suspensión de la leyes catalanas 24/2015 y 4/2016, que protegían a las familias vulnerables contra los desahucios, sobre todo los impulsados por las grandes financieras y los grandes tenedores de vivienda, y por la dificultad de conocer los procedimientos judiciales desde el inicio de los procesos de desahucio.

La efectividad de los protocolos que despliega la UCER para ayudar a las familias que se encuentran en situación de perder la vivienda es cada vez mayor, y el número de casos que se resuelven va en aumento. Durante el 2017, aparte de atender a 2.351 familias nuevas, se siguieron gestionando 917 procesos de familias en situación de emergencia que se habían iniciado el año anterior, realizando un total de 3.268 procedimientos.

En un 16% de los casos atendidos (218 viviendas), las familias han podido mantener el domicilio, que es la prioridad municipal en la atención.

En los casos en los que eso no ha sido posible, se ha tenido que recorrer a otros recursos, como el acceso a una nueva vivienda a partir de la mesa de emergencias en un 18% de los casos; en un 15% se han podido establecer acuerdos con la propiedad a partir de procesos de mediación; se ha podido establecer un alquiler social a través de acuerdos con entidades financieras en un 3% de los casos; en un 7% de los casos, las familias han accedido a recursos temporales, como viviendas de inclusión o alojamiento en equipamientos municipales, pensiones y habitaciones a la espera de una solución definitiva; en un 1% de los casos, las familias han podido quedarse en sus viviendas gracias un acuerdo con la propiedad para incluir la vivienda en la bolsa de mediación; las familias han sido realojadas en una nueva vivienda de la bolsa de mediación en un 1% de los casos.

La mesa de emergencias ha adjudicado, durante el periodo 2015-2017, 895 viviendas, lo que ha multiplicado por más de dos las adjudicaciones con respecto al periodo anterior. La aportación de viviendas de la mesa de emergencias ha sido en gran parte del Ayuntamiento durante todo este periodo, mientras que la Generalitat ha aportado una parte menor, un 29,6% de las viviendas. Esta cifra que no se adecua a la corresponsabilidad que las dos administraciones deben tener en la gestión de la problemática relacionada con la emergencia residencial que sufre la ciudad.