La vivienda, cuestión de derechos

La modificación de la ley de los arrendamientos urbanos (LAU) aprobada en el 2013, una medida que buscaba sobre el papel fomentar el mercado del alquiler de viviendas, es uno de los causantes de la actual inestabilidad de los contratos de alquiler. Con esta reforma, entre otras cosas, los contratos de alquiler pasan de durar cinco años con prórroga de tres años a tres años con una prórroga de un año. Así, a partir de los tres años de contrato, el propietario puede actualizar el precio, lo que en la práctica suele ser sinónimo casi siempre de una subida.

Con este escenario, sin perder de vista el drama de los desahucios, el Ayuntamiento de Barcelona está impulsando diferentes acciones para defender el derecho a una vivienda digna. Una de las principales medidas consiste en incrementar el parque de vivienda pública a partir de la compra de solares o viviendas existentes y, sobre todo, de la movilización de pisos vacíos, ya sean propiedad de particulares como de entidades financieras, para incluirlos en la bolsa de vivienda de alquiler social.

PARQUE PÚBLICO

El ayuntamiento espera seguir movilizando pisos vacíos, poniéndolos a la disposición de la ciudadanía con todas las garantías para los propietarios. El plan municipal prevé aumentar poco a poco el parque público de alquiler. En el horizonte deseado: un parque público de 100.000 viviendas, entre alquiler social y alquiler asequible. Queda mucho por hacer si se tiene en cuenta que las 7.000 viviendas sociales del consistorio, las 2.000 de la Generalitat y las 11.000 viviendas que reciben ayudas para el pago del alquiler supone solo una quinta parte de lo deseado.

En una de las viviendas sociales del Ayuntamiento vive Cristina Valdivia, de 63 años. Esta jubilada comparte un piso adaptado del paseo de Santa Coloma, en el distrito de Sant Andreu, con su hijo. Los dos van en silla de ruedas. «Con mi pensión no contributiva no podríamos permitirnos otra vivienda», explica agradecida Valdivia, quien trabajó durante muchos años en una tienda de ropa. «La vivienda, el mercado laboral, los recortes... La labor social del ayuntamiento es fundamental en un momento en el que todo está fatal», añade.

En esta misma línea, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y presidenta del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), también ha destacado el papel que juegan las administraciones locales en esta materia. Y es que, en un momento en el que los recursos en materia de vivienda procedentes del Estado se han reducido en un 70%, «los Ayuntamientos son los afrontan las situaciones de emergencia». Colau hizo estas declaraciones en la presentación del Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (OHB), el pasado julio del 2017.

PRIMEROS INFORMES

El observatorio metropolitano ya está proporcionando los primeros datos sobre la vivienda en la gran Barcelona, una información que permitirá analizar y detectar tendencias que sirvan para diseñar las políticas públicas de la vivienda. Los informes realizados por este nuevo instrumento, además, están al alcance de la ciudadanía a través de la web. 

El primer informe realizado por el observatorio pone de relieve las dificultades de la población para mantenerse en su vivienda, sea de compra o de alquiler, a través de la llamada tasa de sobrecarga. Este indicador revela que el 42% de la población del área metropolitana está destinando 4 de cada 10 euros a pagar el alquiler y los suministros básicos. Para ser más exactos, la población invierte el 42% de sus ingresos o más en la vivienda, por encima del tercio (33% máximo) que sería recomendable según los expertos. Este porcentaje se incrementa a medida que la renda familiar disminuye. «En los hogares con unos ingresos inferiores a los 9.000 euros deben destinar el 64% de los gastos en vivienda», explican fuentes municipales, quienes señalan los desahucios por impago de alquiler como uno de los fenómenos vinculados a estas dificultades.

«Estaba pagando más de 500 euros de alquiler con una pensión de 636 euros». Así resume Encarnación Crespo, una vecina de Sant Martí de 72 años, los malabares que tenía que hacer hasta hace poco. Desde el mes pasado vive en un piso del Ayuntamiento, por el que paga unos 179 euros. «Es pequeñito, pero muy bien aprovechado. Y me he quedado en mi barrio, cerca de mi hija», subraya Crespo, usuaria de la Oficina de l’Habitatge. «Los más mayores y los más jóvenes son los que tenemos más dificultades para acceder a una vivienda. Mi nieto, aunque tiene trabajo, no se puede emancipar porque los precios han subido mucho», lamenta. El caso de su nieto es cada vez más común, según los datos manejados por el observatorio. Y es que la dificultad de acceso y mantenimiento de una vivienda junto a los precios elevados de los pisos han provocado una disminución de la emancipación de los jóvenes entre 16 y 29 años. En concreto, el descenso en los últimos 10 años ronda el 27%.

INDICIO DE TECHO

El precio medio del alquiler en la gran Barcelona está situado en los 900 euros al mes, según Incasòl, aunque en portales inmobiliarios el importe más frecuente ronda los 1.300 euros. «La escasa coincidencia entre la gran proporción de demanda situada entre los 600 y 800 euros al mes, y la gran proporción de oferta situada por encima de los 1.000 euros mensuales podría ser un indicio de techo en la subida de precios», apuntan fuentes municipales.