Ir a contenido

En colaboración con

SERVICIO MUNICIPAL

La ciudadanía y sus derechos energéticos

Los puntos de asesoramiento energético de Barcelona ofrecen asesoramiento para reducir el gasto energético, entender las facturas, tramitar ayudas con las compañías y mejorar la eficiencia energética de las viviendas

Luis Benavides

Punto de asesoramiento energético del distrito de Sant Martí

Punto de asesoramiento energético del distrito de Sant Martí / CESAR CID

La incapacidad para satisfacer los recibos de la luz, el agua y el gas convierte en extraordinarios gestos tan básicos como poner una lavadora, ducharse o encender el fuego para cocinar. Estas dificultades son una realidad cotidiana para unos 170.000 vecinos y vecinas de la ciudad de Barcelona, según la última Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el consistorio. Todas estas personas viven en situación de pobreza energética.

La mayoría de los expertos coinciden en la confluencia de diferentes elementos estructurales para explicar las causas de esta precariedad energética, cuya expresión más extrema es el corte de suministro. Los tres factores principales son el aumento de los precios de la electricidad propiciados por el modelo de sistema energético español, la disminución o falta de renta familiar y la escasa adecuación de las viviendas para la eficiencia energética.

La electricidad española para los hogares es la cuarta más cara de toda Europa, solo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda. Son datos del Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea. Oenegés como FACUA - Consumidores en Acción han denunciado en repetidas ocasiones la subida año tras año del recibo de la luz sin que se aborden por parte del Gobierno central medidas para combatir la situación de pobreza energética a la que abocan la subida de la factura. En concreto, la asociación detalla que la factura de la luz del usuario medio ha subido un 10,8% respecto el 2017 y que las eléctricas han encarecido un 16% el precio de la energía consumida respecto al año anterior.

Un hogar que destina una parte excesiva de los ingresos para pagar la factura energética de su vivienda puede ser síntoma de vulnerabilidad energética o riesgo de exclusión residencial. Según Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), el 40% del presupuesto de las familias vulnerables se destina a pagar los suministros. 

Para ahorrar en la factura sin necesidad de grandes sacrificios personales, que además no se traducen en una reducción equivalente en la factura porque solo afectan a la parte variable del coste energético, los técnicos de los 11 Punts d’Assessorament Energètics (PAE) recomiendan cinco acciones: cambio a una tarifa de mercado regulado (PVPC), reducción de la potencia contratada, cambio a una tarifa con discriminación horaria, petición del bono social, petición de exención de la tasa de alcantarillado y la supresión de servicios adicionales con seguros y mantenimientos.  Los técnicos de los puntos de asesoramiento energético  ofrecen asesoramiento y toda la información necesaria para poner en marcha estas cinco acciones.

Servicio universal

Los puntos de asesoramiento energético están abiertos a cualquiera interesado en reducir su gasto energético, entender mejor sus facturas, tramitar ayudas con las compañías o mejorar la eficiencia energética de sus viviendas. «Aunque un alto porcentaje de los usuarios se  encuentran en situación de vulnerabilidad, también recibimos consultas de personas interesadas en mejorar la eficiencia energética de sus edificios o informarse de temas como las placas solares. Los PAE son un servicio universal, al que cualquier persona se puede dirigir», puntualiza Núria Salas, una de las coordinadoras de los PAE.

En estos puntos de asesoramiento energético se atendieron a más de 23.000 personas y se pararon 5.000 cortes de suministros en el 2017. «Se detectaron 61 cortes, de los cuales un 20% corresponde a contratos para usos no domésticos, como bares y tiendas, y otro 21% se trataba de hogares  vulnerables en los que los titulares del suministro son terceras personas», explica la coordinadora. «En estos casos –continúa– les ayudamos a cambiar la titularidad y así poder acogerse a las tarifas para colectivos en riesgo».

Bono social

La tramitación del bono social y la exención de la tasa de alcantarillado son dos nuevos servicios de los puntos de asesoramiento energético. El primero viene definido en el Real Decreto 897/2017 del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, donde se regula la figura del consumidor vulnerable y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. El bono social hace referencia a los descuentos (entre el 25% y el 40% del importe de la potencia y el consumo) que deben hacer las empresas comercializadoras a los consumidores vulnerables. 

Las personas que ya tengan bono social deben aportar la nueva documentación requerida antes del 11 de abril del 2018, siguiendo los nuevos requisitos fijados por el Ministerio. Los técnicos de los puntos de asesoramiento energético pueden ayudar a recopilar la documentación necesaria de las personas interesadas.

El bono social, cuya reducción se aplicará siempre y cuando la potencia contratada no sea superior a los 10kW, tiene una duración de dos años, siempre y cuando durante este período  se sigan cumpliendo los criterios de acceso. Para acceder al bono social, la referencia es el Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples del estado (IPREM), fijado actualmente en 7.519,59 euros anuales (en 14 pagas).

En caso de no cumplir con los nuevos requisitos, pues el Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona estima que un 43% de los hogares asistidos por el consistorio no podrán acogerse al nuevo bono social eléctrico, se aplicará la tarifa regulada PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor). Con este sistema, el precio de la electricidad lo calcula la Red Eléctrica de España (REE) de forma diaria en función de los precios por hora de la energía en el mercado. Es decir, el importe de la factura dependerá de factores como el clima o la demanda de la energía.

Exención de la tasa de alcantarillado

El pasado 6 de octubre del 2017, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó la modificación de una ordenanza que supone  una exención de la tasa de alcantarillado para los hogares más vulnerables. En la práctica, las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad reconocida por los servicios sociales municipales -siempre y cuando sean titulares de los contratos de suministro de redes domiciliarias de agua– no deberán pagar la tasa incluida en la factura del agua en concepto de vigilancia, limpieza, explotación y conservación de la red municipal de alcantarillado. 

El trámite para acogerse a esta medida es totalmente gratuito. «Aunque depende de los metros cúbicos, el número de personas que conviven en el hogar y los tramos,  esta exención puede suponer unos 15 euros al año», calcula Núria Salas, una de las coordinadoras de los Punts d’Assessorament Energètic de la ciudad. Las personas interesadas en recibir más información y acogerse a la exención de la tasa de alcantarrillado pueden llamar al teléfono gratuito 010 o dirigirse a los diferentes puntos de asesoramiento energético repartidos por la ciudad.

0 Comentarios
cargando